En otros tiempos se necesitó una gran depresión, o una gran guerra. En esta ocasión, ha sido una pandemia de efectos devastadores sobre la economía mundial la que está provocado un cambio sustancial en la parte del contrato social relativa a la tributación internacional. Y ya era hora.
Sostenibilidad y resiliencia son palabras obligadas en cualquier discurso de política económica post COVID. Hay un consenso generalizado en que la recuperación de la crisis debe ser sostenible en un sentido amplio –sumando a los objetivos tradicionales de sostenibilidad fiscal, monetaria y financiera, los de sostenibilidad social y medioambiental– y debe establecer mecanismos para adaptarse a nuevos shocks. Por ejemplo, están en el centro de los planes de recuperación en la UE o de las recomendaciones del FMI tras las reuniones de primavera, que promueven una recuperación inclusiva y que favorezca una transformación verde y digital de las economías. En este marco de objetivos más amplio, el principio de maximización en la toma de decisiones pierde relevancia y la recupera el encontrar un equilibrio en la satisfacción de múltiples objetivos. En este sentido, resulta interesante la llamada filosofía de suficiencia económica, aplicada como modelo de desarrollo en Tailandia, que apuesta abiertamente por la virtud de la moderación –en una línea similar, veíamos la importancia de satisfacer (en lugar de maximizar).
“Dadme una palanca y moveré el mundo”. Probablemente con esa idea se presentó el pasado 13 de abril una versión ampliada del documento “España Puede”, base del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español. Dicho Plan, que formalmente sigue pendiente de aprobación definitiva y remisión a Bruselas antes de 30 de abril, consta de “diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país”.
Luego dicen que los debates entre los economistas no miran al futuro. Pues henos aquí, en medio de una calamidad sanitaria que hasta el momento ha acentuado las presiones a la baja sobre el nivel general de precios, poniendo al día nuestras ideas sobre la siguiente amenaza que se cierne sobre nuestro baqueteado devenir económico. La inflación monopolizó la atención de las políticas macroeconómicas en los años ochenta y su control a partir de mediados de los noventa nutrió las peligrosas veleidades del fin de los ciclos y la estabilidad perpetua con las que llegamos a la crisis financiera. Desde 2008, el riesgo de deflación o de una inflación positiva, pero estructuralmente demasiado baja, ha sido la principal preocupación de banqueros centrales, macroeconomistas y Gobiernos. Sin embargo, la combinación del Plan Biden con las perspectivas de fuerte recuperación económica de la mano de la vacunación han provocado un repunte de 75 puntos básicos en los tipos de interés a diez años del dólar desde principios de año (que refleja, en gran parte, una mayor inflación esperada) y un aluvión de artículos sobre el riesgo de que el fin de la pandemia traiga el principio de otra era de inflación.
En el excelente musical histórico “Hamilton” –compuesto y protagonizado por Lin-Manuel Miranda– el personaje principal, Alexander Hamilton, se pasa el tiempo insistiendo en que “no va a desperdiciar su bala”, es decir, que no va a desaprovechar su oportunidad de convertirse en uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y lo consigue: como primer secretario del Tesoro estadounidense, logra convertir la confederación americana en una verdadera república federal al asumir la deuda de los estados. Pero años después, en 1804, con la República ya consolidada y tras una serie de desgracias personales, se ve obligado a batirse en duelo con el vicepresidente Aaron Burr. Burr era la antítesis de Hamilton: un político envidioso que, por miedo a cometer errores, jamás hizo nada relevante. En el duelo, Hamilton decide disparar al aire y desperdiciar su bala (esta vez, literalmente), lo que le cuesta la vida.
En 1987 Robert Solow se quejaba de que la era de las computadoras se reflejaba en todas partes, salvo en las estadísticas de productividad. Hoy, parafraseándole, podríamos decir que la era del Big Data se refleja en todas partes, salvo en las políticas públicas.
El pasado 19 de febrero entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este instrumento es el principal componente del Plan de Recuperación con el que el Consejo Europeo decidió en julio pasado responder al impacto económico y social de la pandemia (para hacerse una idea del conjunto de instrumentos y sus cifras, recomiendo esto de Feás y Steinberg). Tras el debate en el Parlamento Europeo y el acuerdo con el Consejo para su aprobación formal, este texto (no excesivamente prolijo para la envergadura de lo que regula) contiene el detalle de ese primer intento de estímulo fiscal común que aborda la Unión Europea. Aunque la mayoría de los elementos del Mecanismo ya eran conocidos desde que la Comisión presentó la propuesta (y se han comentado aquí), conviene repasar cómo queda el marco en el que España y el resto de Estados Miembros va a tener que desenvolverse para ejecutar su propio Plan.
España dispondrá de casi 200.000 millones en los próximos años (150.000 de ellos provenientes del Next Generation EU) para transformar su economía y sentar las bases del crecimiento futuro. Se dice a menudo que esta es una oportunidad única, pero es mucho más que eso: es probablemente nuestra última oportunidad para decidir si España aspira a ser uno de los grandes países europeos o se conforma con quedar relegado a actor secundario durante gran parte de este siglo.
En las entradas anteriores se abordaban los costes asociados a los gases de efecto invernadero (GEI), tanto de las emisiones, como los costes en los que se incurre en las distintas alternativas tecnológicas de reducción de emisiones. La comparativa entre ambos permite tratar de identificar las estrategias más eficientes para reducir los GEI. Ahora bien, las distintas estrategias frente al cambio climático están sujetas a distintos tipos de fallos de mercado, de forma que este tipo de análisis no capta adecuadamente los costes y beneficios sociales de la lucha contra el cambio climático, lo que exige la intervención y la regulación pública. El informe Stern popularizó la consideración del cambio climático como “el mayor fallo de mercado que el mundo ha visto”. En efecto, presenta todos los problemas clásicos de fallos de mercado, incluidos: su naturaleza de bien público, las externalidades, problemas de información asimétrica o los fallos de distribución. Interesa señalar aquí algunos ejemplos de estos fallos y sus implicaciones.
