La Comisión Europea presentó el miércoles 26 de enero un esperado paquete de simplificación legislativa, en un nuevo intento de desarrollar las recomendaciones el Informe Draghi.
Las medidas se centran en reducir los complejos requisitos que obligan a las empresas europeas a elaborar y presentar información detallada sobre la sostenibilidad (es decir, la consideración de factores medioambientales, sociales y de buen gobierno) de su actividad empresarial, en ámbitos como sus decisiones de inversión (finanzas sostenibles); la clasificación de sus actividades económicas (taxonomía); el control de su cadena de suministro (diligencia debida) y el control del contenido en carbono de sus importaciones (mecanismo de ajuste en frontera al carbono). Adicionalmente, intenta simplificar los requisitos para el acceso a los programas de inversión europeos.