Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) han respondido de una manera rápida y sostenida en apoyo a los países de renta baja y media para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica generada por la COVID-19. Cabe destacar dos grandes ejes de actuaciones: por un lado, la prescripción y el apoyo a políticas macroeconómicas de sostenimiento de la actividad económica que aun hoy continúa, si bien con el matiz de la calibración y la necesidad de vigilar los mayores desequilibrios en términos de inflación y fuerte aumento de la deuda pública. Por otro, un firme apoyo financiero, que, si bien ha estado limitado por los recursos y los mandatos de las IFI, en muchos de sus componentes suponen récords históricos. Se resaltan a continuación algunos de los principales aspectos de la respuesta de las IFI desarrollados en Moreno (2022).
Autor: Pablo Moreno
¿Qué hacemos con la deuda de los países de renta baja?
Los necesarios gastos para hacer frente a la crisis generada por la COVID han elevado significativamente los niveles de deuda pública a escala global. Desde los organismos internacionales, la consigna continúa siendo mantener el impulso fiscal hasta que se despeje la incertidumbre asociada a la pandemia y se asiente la recuperación. En paralelo, se han impulsado los debates sobre el marco fiscal post pandemia que pasa por elementos, tanto nacionales (como la calibración y eficiencia del gasto, o la imposición verde y digital), como internacionales (por ejemplo, la imposición mínima global o la lucha contra los paraísos fiscales). La semana pasada abordábamos el debate sobre las nuevas reglas fiscales en la UE, aquí nos centramos en el Marco Común (MC) para el tratamiento de la deuda impulsado por el G20 y el Club de París para los Países de Renta Baja (PRB).
Independencia no significa aislamiento
La semana pasada la Oficina de Evaluación Independiente del FMI (IEO, por sus siglas en inglés), celebró una conferencia en conmemoración de su 20 aniversario con una doble mirada, tanto a su evolución tras dos décadas, como sus principales retos de cara al futuro. La IEO ha resultado ser una pieza fundamental en la gobernanza del FMI para impulsar la corrección de su rumbo, aprendiendo de los errores del pasado. La conferencia planteó varios debates de interés que afectan a los evaluadores de las políticas públicas en general, incluyendo: la efectividad de su estructura organizativa para impulsar el cambio, las ventajas comparativas de los distintos tipos de evaluaciones, o los retos que se plantean para la IEO en la próxima década.
La inequidad global en la vacunación
El pasado 30 de junio, los líderes del Banco Mundial, FMI, OMC y OMS lanzaron el grupo de trabajo multilateral sobre la COVD-19 (MLT, Multilateral Leaders Taskforce) en un intento conjunto de promover una mayor equidad en la distribución mundial de vacunas, facilitando que los países de renta media y baja puedan acceder a ellas. El MLT promueve cuatro objetivos prioritarios: (i) asumir el objetivo de alcanzar en cada país la vacunación de al menos el 40% de la población a finales de 2021 y del 60% a mediados de 2022; (ii) facilitar que se compartan en 2021 al menos 1000 millones de vacunas con los países de renta media y baja; (iii) promover las donación y la financiación concesional, incluida para el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT), y (iv) eliminar las barreras a las exportación de vacunas, y material de diagnóstico y tratamiento de la COVID.
La respuesta del FMI a la crisis
El FMI prepara una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) en agosto, lo que constituye el penúltimo paso en su respuesta a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Hasta hora, el balance del primer tiempo, el de la respuesta directa a la crisis creada por la pandemia, es positivo, si bien el Fondo podría haber sido más ofensivo. Pero queda un segundo tiempo mucho más complicado, favorecer un crecimiento sostenible en un contexto de reducido espacio macroeconómico, sobre todo en los países de renta media y baja. La nueva emisión de DEG y el creciente énfasis del FMI en la sostenibilidad climática y la inclusión social, apuntan en la buena dirección, pero hace falta reforzar su papel como prestamista de última instancia.
La vacunación como bien público global
Esta semana los líderes del Banco Mundial, FMI, OMC y OMS han firmado una carta abierta conjunta en la que alertan de la flagrante desigualdad en el acceso internacional a las vacunas y hacen un llamamiento a la comunidad internacional para acelerar el proceso de vacunación y cobertura sanitaria en todos los países, como la mejor vía para contener la pandemia, lo que solo se conseguirá si se hace a escala global. Se trata de una iniciativa sin precedentes que se basa en el documento de trabajo de la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, junto con Ruchir Agarwal, en el que estiman un coste de 50 mil millones de dólares para conseguir contener la pandemia a partir de la vacunación del 60 por ciento de la población mundial para finales de 2022, así como una adecuada provisión de material médico y de pruebas diagnósticas a escala global.
Pandemia y poder de mercado
Uno de los riesgos de la recuperación económica post-pandemia es un mayor crecimiento en la tendencia previa a la crisis del aumento del poder de mercado de las grandes empresas. En la medida en que éstas tienen más medios para resistir a la crisis (mayores colchones y acceso a créditos), cabe esperar una mayor concentración de mercado en un contexto de probables quiebras de muchas pymes, con una menor capacidad de resistencia. Un excesivo poder de mercado puede generar desincentivos al dinamismo empresarial con costes en términos de crecimiento e innovación, lo que exige una adaptación de las políticas de competencia.
¿Y si la virtud está en la moderación?
Sostenibilidad y resiliencia son palabras obligadas en cualquier discurso de política económica post COVID. Hay un consenso generalizado en que la recuperación de la crisis debe ser sostenible en un sentido amplio –sumando a los objetivos tradicionales de sostenibilidad fiscal, monetaria y financiera, los de sostenibilidad social y medioambiental– y debe establecer mecanismos para adaptarse a nuevos shocks. Por ejemplo, están en el centro de los planes de recuperación en la UE o de las recomendaciones del FMI tras las reuniones de primavera, que promueven una recuperación inclusiva y que favorezca una transformación verde y digital de las economías. En este marco de objetivos más amplio, el principio de maximización en la toma de decisiones pierde relevancia y la recupera el encontrar un equilibrio en la satisfacción de múltiples objetivos. En este sentido, resulta interesante la llamada filosofía de suficiencia económica, aplicada como modelo de desarrollo en Tailandia, que apuesta abiertamente por la virtud de la moderación –en una línea similar, veíamos la importancia de satisfacer (en lugar de maximizar).
Economía del cambio climático (IV): Fallos de mercado
En las entradas anteriores se abordaban los costes asociados a los gases de efecto invernadero (GEI), tanto de las emisiones, como los costes en los que se incurre en las distintas alternativas tecnológicas de reducción de emisiones. La comparativa entre ambos permite tratar de identificar las estrategias más eficientes para reducir los GEI. Ahora bien, las distintas estrategias frente al cambio climático están sujetas a distintos tipos de fallos de mercado, de forma que este tipo de análisis no capta adecuadamente los costes y beneficios sociales de la lucha contra el cambio climático, lo que exige la intervención y la regulación pública. El informe Stern popularizó la consideración del cambio climático como “el mayor fallo de mercado que el mundo ha visto”. En efecto, presenta todos los problemas clásicos de fallos de mercado, incluidos: su naturaleza de bien público, las externalidades, problemas de información asimétrica o los fallos de distribución. Interesa señalar aquí algunos ejemplos de estos fallos y sus implicaciones.
El turno de la solidaridad
En una entrada anterior se planteaban los trilemas en “política económica”. El punto de partida de los trilemas son los valores, que determinan los principios y objetivos que deben regir la “política”, donde la parte “económica” de la ecuación aporta el camino más apropiado para alcanzar esos objetivos. En las democracias occidentales, el principal marco de referencia de los valores lo proporciona el lema de la revolución francesa: libertad-igualdad-solidaridad (fraternidad), que constituyen entre sí un trilema, en el sentido de que pueden entrar en conflicto en su desarrollo, lo que exige buscar un equilibrio apropiado entre los tres. Los valores cambian en el tiempo y con ellos las recomendaciones de política económica. En 2020, la pandemia ha introducido un cambio fundamental en los valores porque ha supuesto una renuncia a parte de nuestra libertad por una mayor solidaridad, en este caso, por el interés y la obligación compartida de la salud pública. Aprovechemos este cambio para asentar una economía con más solidaridad.