En las entradas anteriores se abordaban los costes asociados a los gases de efecto invernadero (GEI), tanto de las emisiones, como los costes en los que se incurre en las distintas alternativas tecnológicas de reducción de emisiones. La comparativa entre ambos permite tratar de identificar las estrategias más eficientes para reducir los GEI. Ahora bien, las distintas estrategias frente al cambio climático están sujetas a distintos tipos de fallos de mercado, de forma que este tipo de análisis no capta adecuadamente los costes y beneficios sociales de la lucha contra el cambio climático, lo que exige la intervención y la regulación pública. El informe Stern popularizó la consideración del cambio climático como “el mayor fallo de mercado que el mundo ha visto”. En efecto, presenta todos los problemas clásicos de fallos de mercado, incluidos: su naturaleza de bien público, las externalidades, problemas de información asimétrica o los fallos de distribución. Interesa señalar aquí algunos ejemplos de estos fallos y sus implicaciones.
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Economía del cambio climático (III): los costes de reducir CO2
En la entrada anterior se abordaban los costes que generan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este tipo de análisis es habitual recurrir a los modelos IAM simples (Integrated Assessment Models), que estiman el coste neto actual de las emisiones de GEI, sintetizando en un precio, como, por ejemplo, el coste social del carbono (CSC), el valor neto de todos los costes y beneficios que se generan al emitir una tonelada adicional de CO2, es decir, una aproximación del coste marginal de las emisiones. El siguiente paso del problema económico que plantea el cambio climático sería comparar este coste con los costes en los que se incurre en las distintas alternativas tecnológicas de reducción de emisiones, para tratar de determinar las estrategias más eficientes. Ahora bien, de la misma manera que el CSC, estos costes también están sujetos a mucha incertidumbre por su componente dinámico.
Economía del cambio climático (II): los costes de emitir CO2
En una entrada anterior (previa al estallido de la COVID-19) veíamos el problema a resolver que plantea el cambio climático, que continúa siendo un reto central para la economía global y puede ser ahora también el eje sobre el que dar respuesta a la crisis del coronavirus, impulsando una transición de nuestras estructuras económicas hacia una economía verde. Como veíamos, el objetivo científico es contener el aumento de la temperatura a 2oC por encima de los niveles preindustriales y preferiblemente a 1,5oC, lo que exige reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono, CO2 (y también de otros gases de efecto invernadero, GEI), en las próximas cinco décadas (tres, si el objetivo es 1,5 oC). Desde un enfoque económico, el siguiente paso analizar los costes que generan las emisiones de GEI y los costes en los que se incurre en su reducción para tratar de determinar las alternativas más eficientes y/o eficaces para reducirlas. La estimación de estos costes está sujeta a una incertidumbre muy elevada porque deben estimar impactos de muy largo plazo y los distintos modelos presentan estimaciones muy dispares. En esta entrada nos centramos en los costes de las emisiones de CO2.
Economía del cambio climático (I): el problema a resolver
Frenar el cambio climático es el principal reto de medio plazo al que se enfrenta la comunidad internacional. Se trata de un objetivo mayúsculo que requiere un esfuerzo generalizado en todos los ámbitos políticos y sociales, incluyendo un papel especialmente importante para la política económica. El problema a resolver es determinar y llevar a cabo las políticas económicas más eficientes y políticamente viables para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) y las alternativas afectan a todos los ámbitos de política económica en los que es necesario actuar de manera conjunta ‒incluyendo las políticas: fiscal, financiera, monetaria, laboral, sectoriales o de consumo‒. El primer paso del problema es determinar cuánto deben reducirse las emisiones y dónde se concentran, y la respuesta ya la ha dado la ciencia del cambio climático.
Bancos centrales y cambio climático
Christine Lagarde ha declarado que quiere que el cambio climático se integre en las políticas del Banco Central Europeo (BCE). No se trata de un objetivo nuevo para los bancos centrales (destaca el impulso del Banco de Inglaterra), aunque sí incipiente y sujeto a un amplio debate, cuestionado, por ejemplo, por los gobernadores del Bundesbak o del Banco de Italia. Tampoco es un reto nuevo para Lagarde que ya venció resistencias para incorporar el cambio climático en la labor del FMI. La esperada revisión estratégica de la política monetaria del BCE (una actualización necesaria, tenido en cuenta que la última revisión es de 2003) es una buena oportunidad para modernizar los objetivos y las políticas del BCE incorporando el cambio climático.
La dimensión macro de la política contra el cambio climático (II)
En la entrada anterior se repasaba la anómala situación macro actual en el mundo desarrollado y la probable afluencia de un volumen importante (quizá en torno a dos puntos de PIB/año) de inversión real asociada a la prevención del cambio climático en los próximos años.
Volvamos a nuestra pregunta al inicio de esa entrada: ¿cómo puede modificar nuestro panorama macro este conjunto de proyectos para prevenir el cambio climático? En un mundo desarrollado que, como vimos, está ayuno de proyectos atractivos de inversión real, esta oleada de formación bruta de capital “físico” parecería a primera vista justo lo que el paciente necesita.
La dimensión macro de la política contra el cambio climático (I)
El problema del cambio climático lleva más de dos décadas en nuestras vidas, pero por distintos motivos (incluyendo su persistente agravamiento) es ahora cuando por primera vez se atisba una respuesta generalizada y a gran escala desde el mundo desarrollado: reflejada en los planes nacionales integrados de energía y clima de la UE, en iniciativas más deslavazadas pero ambiciosas en Japón y China, e incluso en los planes de algunos congresistas y candidatos presidenciales demócratas para un Green New Deal en EEUU (que ya están teniendo eco en iniciativas relevantes a nivel estatal y local).
También el FMI: desigualdad, género y cambio climático
El Fondo Monetario Internacional acaba de terminar sus reuniones de primavera. En su comunicado, además de la no condena al proteccionismo (que es ya una constante de los comunicados de foros internacionales desde la entrada de la nueva administración en EEUU), destaca el énfasis que se pone en la inclusión. En efecto, desde hace ya un tiempo, el Fondo está poniendo el foco en aspectos como la desigualdad, la política de género o el cambio climático. Se trata de una tercera ola en la revisión del viejo Consenso de Washington, tras la reformulación de la efectividad de las políticas macroeconómicas (que analizábamos aquí) y la incorporación al análisis sistemático del Fondo de las reformas estructurales.
La hora de reformar los tratados europeos
Hubo un tiempo en que la Unión Europea revisaba sus tratados cada pocos años. La tendencia comenzó en 1986, con el Acta Única Europea, cuando los Estados miembros repararon en que el supuesto mercado único era una farsa, lleno de obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y personas. Se tomaron entonces medidas valientes, ampliando la votación por mayoría cualificada en el Consejo para muchos asuntos y dando más peso al Parlamento.
Reformar las instituciones financieras multilaterales
El Banco Mundial ha vuelto a la actualidad reciente por la inesperada dimisión de su presidente, David Malpass (que dejará su cargo en junio 2023) y por la nominación por Estados Unidos de Ajay Banga para sucederle en el puesto. Pero no sólo por eso: desde hace unos años, la comunidad internacional viene pidiendo a los bancos multilaterales de desarrollo que incrementen significativamente sus inversiones en sostenibilidad y que apoyen a los países en su lucha contra el cambio climático. La última vez, en noviembre de 2022, durante la COP27 (la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático) de Sharm el-Sheikh.