La respuesta del FMI a la crisis

El FMI prepara una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) en agosto, lo que constituye el penúltimo paso en su respuesta a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Hasta hora, el balance del primer tiempo, el de la respuesta directa a la crisis creada por la pandemia, es positivo, si bien el Fondo podría haber sido más ofensivo. Pero queda un segundo tiempo mucho más complicado, favorecer un crecimiento sostenible en un contexto de reducido espacio macroeconómico, sobre todo en los países de renta media y baja. La nueva emisión de DEG y el creciente énfasis del FMI en la sostenibilidad climática y la inclusión social, apuntan en la buena dirección, pero hace falta reforzar su papel como prestamista de última instancia.

El FMI respondió de manera ágil a la crisis. La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020 y a finales de ese mes ya se habían aprobado los primeros programas de emergencia para hacer frente a la COVID-19 en Gambia y Kirguistán. Un mes más tarde, el Fondo ya había aprobado una ampliación temporal de la cuantía disponible en los préstamos y aceleraba la aprobación de los programas de financiación de emergencia, que se han concedido con muy poca condicionalidad –principalmente, vinculada a dar garantías sobre el uso de los recursos destinados a enfrentar la pandemia. El Fondo también impulsó, en el marco del G20, el alivio y la moratoria de la deuda de los países más pobres, y activó una nueva facilidad para aportar liquidez, que, sin embargo, no ha llegado a ser utilizada (estaba diseñada, sobre todo, para los países asiáticos que evitan recurrir al FMI por consideraciones de estigma).

En junio de 2021, el balance ha sido la concesión de nuevos préstamos a 86 países por valor de 111.000 millones de dólares y el alivio del servicio de la deuda con el FMI de 29 países elegibles, por cerca de 740 millones de dólares. Son cantidades que palidecen ante las medidas que han adoptado las economías avanzadas, pero que son significativas si se tiene en cuenta el mandato del FMI –prestar bajo condicionalidad para resolver crisis de balanza de pagos–, lo que limita su capacidad de actuación. La rápida aprobación de programas de emergencia con leve condicionalidad ha permitido una necesaria inyección de recursos en muchos países. En 2021, ya se está pasando de los programas de emergencia a los convencionales, que, en su acceso ordinario, permiten hasta triplicar el volumen de los préstamos recibidos.

Pero se podría haber hecho más. El principal elemento que ha faltado el último año ha sido una nueva emisión de DEG, como ya se hizo en 2009, en el contexto de la Crisis Financiera Global. Como veíamos, básicamente, suponen emitir una moneda global que se distribuye gratuitamente a los países. Los DEG tienen un mercado entre los bancos centrales y tienen un coste mínimo (el del tipo de interés del DEG, que ahora está en cinco puntos básicos), que solo se retribuye en el caso de que el país opte por convertirlos en otra divisa, como el euro o el dólar. Afortunadamente, la administración Biden ha levantado el veto de EEUU a la nueva emisión de DEG y está previsto que se lleve a cabo en agosto por valor de 650.000 millones de dólares, que constituye la emisión más grande en la historia del Fondo, más de un 220 por ciento de las existencias actuales de DEGs.

El problema de los DEG es que se distribuyen en función de la cuota del país en el FMI, por lo que las economías avanzadas y los grandes países emergentes recibirán más del 80 por ciento. El reto es buscar fórmulas para reciclarlos, redirigiéndolos hacia los países de renta media y baja que más los necesitan. El esquema más probable es el establecimiento de un nuevo fondo fiduciario en el FMI dotado voluntariamente con DEG de los países y destinado a préstamos finalistas. Se baraja un nuevo fondo de resiliencia y sostenibilidad, y el debate está tanto en la finalidad del fondo, con distintos objetivos como la lucha contra el cambio climático, la digitalización, la reducción de desigualdades o el pago de vacunas, como en su perímetro, en el sentido de a qué grupo de países debe ampliarse, más allá de los países de renta baja.

Esto lleva al segundo tiempo del partido. El FMI tiene ahora que apoyar una recuperación “resiliente” en un contexto de “divergencia” (las dos palabras de moda en el análisis económico) entre países y entre distintos sectores y grupos de población, ya que la crisis está afectando de forma diferencial a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores poco cualificados e informales. El escenario post-COVID apunta a una recuperación asimétrica en la que el crecimiento será liderado por las economías avanzadas y emergentes con acceso acelerado a vacunas y con grandes programas de estímulo, que además diseñan estrategias de transición hacia unas economías más verdes y digitales, y con mayor protección social.

Los países de renta media y baja donde la COVID ha hecho retroceder años de desarrollo, verán aumentar más su desfase con el resto del mundo, salvo que también acometan estas transiciones. Pero el margen de maniobra macroeconómico en estos países es reducido, dado el fuerte aumento de sus niveles de deuda pública y la limitada capacidad de actuación de sus políticas monetarias. La asimetría en la recuperación amenaza además, con tensar las condiciones financieras internacionales a medida que se normalicen las políticas monetarias en las economías avanzadas, sobre todo, las subidas de tipos de interés en EEUU.

Para estos países, el FMI es el prestamista de última instancia. Para fomentar una recuperación resiliente a escala global, además del reciclaje de los DEG, habrá que revisar la política de préstamo, mejorando las condiciones de acceso e incorporando elementos de sostenibilidad social y medioambiental junto a los objetivos tradicionales de estabilidad fiscal, monetaria y financiera. No es una canción nueva para el FMI: de hecho, acaba de aprobar la revisión de su política de supervisión para la próxima década, y las políticas de reducción de la desigualdad y la lucha contra el cambio climático ocupan un lugar prominente. Siguiendo una expresión muy norteamericana: hay que respaldar las palabras con dinero.

 

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