Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) han respondido de una manera rápida y sostenida en apoyo a los países de renta baja y media para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica generada por la COVID-19. Cabe destacar dos grandes ejes de actuaciones: por un lado, la prescripción y el apoyo a políticas macroeconómicas de sostenimiento de la actividad económica que aun hoy continúa, si bien con el matiz de la calibración y la necesidad de vigilar los mayores desequilibrios en términos de inflación y fuerte aumento de la deuda pública. Por otro, un firme apoyo financiero, que, si bien ha estado limitado por los recursos y los mandatos de las IFI, en muchos de sus componentes suponen récords históricos. Se resaltan a continuación algunos de los principales aspectos de la respuesta de las IFI desarrollados en Moreno (2022).
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¿Qué hacemos con la deuda de los países de renta baja?
Los necesarios gastos para hacer frente a la crisis generada por la COVID han elevado significativamente los niveles de deuda pública a escala global. Desde los organismos internacionales, la consigna continúa siendo mantener el impulso fiscal hasta que se despeje la incertidumbre asociada a la pandemia y se asiente la recuperación. En paralelo, se han impulsado los debates sobre el marco fiscal post pandemia que pasa por elementos, tanto nacionales (como la calibración y eficiencia del gasto, o la imposición verde y digital), como internacionales (por ejemplo, la imposición mínima global o la lucha contra los paraísos fiscales). La semana pasada abordábamos el debate sobre las nuevas reglas fiscales en la UE, aquí nos centramos en el Marco Común (MC) para el tratamiento de la deuda impulsado por el G20 y el Club de París para los Países de Renta Baja (PRB).
La inequidad global en la vacunación
El pasado 30 de junio, los líderes del Banco Mundial, FMI, OMC y OMS lanzaron el grupo de trabajo multilateral sobre la COVD-19 (MLT, Multilateral Leaders Taskforce) en un intento conjunto de promover una mayor equidad en la distribución mundial de vacunas, facilitando que los países de renta media y baja puedan acceder a ellas. El MLT promueve cuatro objetivos prioritarios: (i) asumir el objetivo de alcanzar en cada país la vacunación de al menos el 40% de la población a finales de 2021 y del 60% a mediados de 2022; (ii) facilitar que se compartan en 2021 al menos 1000 millones de vacunas con los países de renta media y baja; (iii) promover las donación y la financiación concesional, incluida para el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT), y (iv) eliminar las barreras a las exportación de vacunas, y material de diagnóstico y tratamiento de la COVID.
La respuesta del FMI a la crisis
El FMI prepara una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) en agosto, lo que constituye el penúltimo paso en su respuesta a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Hasta hora, el balance del primer tiempo, el de la respuesta directa a la crisis creada por la pandemia, es positivo, si bien el Fondo podría haber sido más ofensivo. Pero queda un segundo tiempo mucho más complicado, favorecer un crecimiento sostenible en un contexto de reducido espacio macroeconómico, sobre todo en los países de renta media y baja. La nueva emisión de DEG y el creciente énfasis del FMI en la sostenibilidad climática y la inclusión social, apuntan en la buena dirección, pero hace falta reforzar su papel como prestamista de última instancia.
La vacunación como bien público global
Esta semana los líderes del Banco Mundial, FMI, OMC y OMS han firmado una carta abierta conjunta en la que alertan de la flagrante desigualdad en el acceso internacional a las vacunas y hacen un llamamiento a la comunidad internacional para acelerar el proceso de vacunación y cobertura sanitaria en todos los países, como la mejor vía para contener la pandemia, lo que solo se conseguirá si se hace a escala global. Se trata de una iniciativa sin precedentes que se basa en el documento de trabajo de la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, junto con Ruchir Agarwal, en el que estiman un coste de 50 mil millones de dólares para conseguir contener la pandemia a partir de la vacunación del 60 por ciento de la población mundial para finales de 2022, así como una adecuada provisión de material médico y de pruebas diagnósticas a escala global.
Pandemia y poder de mercado
Uno de los riesgos de la recuperación económica post-pandemia es un mayor crecimiento en la tendencia previa a la crisis del aumento del poder de mercado de las grandes empresas. En la medida en que éstas tienen más medios para resistir a la crisis (mayores colchones y acceso a créditos), cabe esperar una mayor concentración de mercado en un contexto de probables quiebras de muchas pymes, con una menor capacidad de resistencia. Un excesivo poder de mercado puede generar desincentivos al dinamismo empresarial con costes en términos de crecimiento e innovación, lo que exige una adaptación de las políticas de competencia.
El primer PERTE generó aún más dudas
Arranca el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
El pasado 19 de febrero entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este instrumento es el principal componente del Plan de Recuperación con el que el Consejo Europeo decidió en julio pasado responder al impacto económico y social de la pandemia (para hacerse una idea del conjunto de instrumentos y sus cifras, recomiendo esto de Feás y Steinberg). Tras el debate en el Parlamento Europeo y el acuerdo con el Consejo para su aprobación formal, este texto (no excesivamente prolijo para la envergadura de lo que regula) contiene el detalle de ese primer intento de estímulo fiscal común que aborda la Unión Europea. Aunque la mayoría de los elementos del Mecanismo ya eran conocidos desde que la Comisión presentó la propuesta (y se han comentado aquí), conviene repasar cómo queda el marco en el que España y el resto de Estados Miembros va a tener que desenvolverse para ejecutar su propio Plan.
Seis lecciones de las vacunas sobre la globalización
En el libro quinto de La Riqueza de las Naciones Adam Smith reconocía que la “mano invisible” del mercado no siempre maximiza el bienestar social, porque hay situaciones en las que los precios del mercado no incorporan los beneficios y costes sociales. Es el caso de los bienes públicos, cuya oferta sería insuficiente si sólo dependiera de su provisión privada. Smith incluía en esta lista la defensa, la administración de justicia, las carreteras y comunicaciones y las instituciones educativas. Si viviera hoy seguramente incluiría, además del dinero fiduciario y la estabilidad financiera, la seguridad sanitaria. Un bien público global imprescindible para este complicado siglo XXI.
Investigación sobre el impacto de la COVID-19
La conferencia anual de investigación económica del FMI, la conferencia Jacques Polak, se celebró en formato virtual, el pasado mes. Este año se ha centrado en dos grandes bloques de investigaciones: el impacto de la COVID-19 y el cambio climático, sin duda, respectivamente, el principal reto de corto plazo y de medio plazo al que se enfrenta la política económica. Los estudios sobre la COVID-19 están limitados por el escaso plazo de tiempo que ha transcurrido y apuntan a la necesidad de seguir desarrollando los resultados, pero ya apuntan a una serie de efectos relevantes en relación con la efectividad las políticas de apoyo a la economía, los efectos dispares de las cadenas de valor o las diferencias de comportamiento de los individuos, por género y edad, ante las políticas de confinamiento.