Las preocupaciones económicas tienen un cierto carácter pendular. En los albores de la Economía, allá por finales del siglo XVIII, la cuestión era entender cómo se fijaban los precios, analizando los costes productivos (por entonces esencialmente laborales) o la relación entre el precio de la venta de los productos y su valor teórico asociado al factor trabajo, obviando componentes tecnológicos o de demanda.
Tras la aprobación en junio del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español y la recepción en agosto de un anticipo de 9.000 millones de euros, en los próximos meses veremos una fuerte aceleración de convocatorias de proyectos financiados con fondos del Next Generation EU. Esto hace que la necesidad de una adecuada información y gobernanza de los fondos europeos pase a un primer plano.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (más conocido por su acrónimo en inglés, IPCC) acaba de publicar su Sexto Informe de Evaluación, que concluye que el ser humano ha contribuido “de forma inequívoca” al aumento de los gases de efecto invernadero y al calentamiento global, en parte ya de forma irreversible.
Aunque el clima es un sistema complejo y dinámico y lleno de incertidumbres, en este momento dejarse llevar por el optimismo y no por el principio de prudencia sería más o menos equivalente a cuando veíamos que la pandemia de COVID estaba afectando de forma intensa a Italia y pensábamos que a nosotros no nos iba a pasar. Y es que, precisamente porque el clima es un fenómeno dinámico, puede llegar un momento en que los efectos del calentamiento global sean exponenciales y de difícil contención.
El FMI prepara una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) en agosto, lo que constituye el penúltimo paso en su respuesta a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Hasta hora, el balance del primer tiempo, el de la respuesta directa a la crisis creada por la pandemia, es positivo, si bien el Fondo podría haber sido más ofensivo. Pero queda un segundo tiempo mucho más complicado, favorecer un crecimiento sostenible en un contexto de reducido espacio macroeconómico, sobre todo en los países de renta media y baja. La nueva emisión de DEG y el creciente énfasis del FMI en la sostenibilidad climática y la inclusión social, apuntan en la buena dirección, pero hace falta reforzar su papel como prestamista de última instancia.
Hace cinco años que David Cameron, el entonces primer ministro del Reino Unido, decidió lanzar un órdago a los euroescépticos de su partido y convocó un referéndum de salida de la Unión Europea, convencido de que lo ganaría. Pero los referéndums, ya se sabe, los carga el diablo, y el supuesto fin de una batalla se convirtió en el principio de otra mucho más larga y cruenta que aún no ha terminado. Cameron se marchó canturreando para dedicarse a otros negocios –en los que ha tenido aún menos éxito, si cabe–, pero todos estamos todavía pagando los efectos de su irresponsabilidad.
Quizás es un buen momento para sacar algunas lecciones.
En la misma semana la Comisión Europea ha lanzado una primera emisión de bonos Next Generation EU por valor de 20.000 millones de euros con vencimiento a 10 años, que ha tenido una excelente acogida en los mercados (con una demanda siete veces superior), y ha anunciado la aprobación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. Si el Consejo de la UE, como es previsible, aprueba la propuesta de la Comisión, pronto España dispondrá de fondos y podrá comenzar a ejecutar proyectos… y reformas.
Esta semana los líderes del Banco Mundial, FMI, OMC y OMS han firmado una carta abierta conjunta en la que alertan de la flagrante desigualdad en el acceso internacional a las vacunas y hacen un llamamiento a la comunidad internacional para acelerar el proceso de vacunación y cobertura sanitaria en todos los países, como la mejor vía para contener la pandemia, lo que solo se conseguirá si se hace a escala global. Se trata de una iniciativa sin precedentes que se basa en el documento de trabajo de la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, junto con Ruchir Agarwal, en el que estiman un coste de 50 mil millones de dólares para conseguir contener la pandemia a partir de la vacunación del 60 por ciento de la población mundial para finales de 2022, así como una adecuada provisión de material médico y de pruebas diagnósticas a escala global.
En el último artículo hablábamos de la necesidad de tratar a los ciudadanos como adultos a la hora de acometer transformaciones productivas o regulatorias, que implican siempre ganadores y perdedores. Pues bien, en los últimos días hemos tenido ocasión de comprobar cómo, una vez más, tras años de hablar de las ventajas de la lucha contra el cambio climático sin mencionar claramente sus costes, cuando la realidad se manifiesta en forma de subida de la factura eléctrica, los ciudadanos se sorprenden. Para mal, claro. El problema es que, si queremos que la transición climática –uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta España– tenga éxito, más nos valdría empezar a hablar desde ahora mismo de sacrificios, costes de ajuste y medidas de compensación.
Jean-Claude Juncker solía decir, al hablar de reformas estructurales, que los gobernantes saben bien lo que tienen que hacer, pero no cómo hacerlo y luego resultar reelegidos. Esto, por supuesto, es una exageración. Y por partida doble, pues en Economía ni la claridad del objetivo implica necesariamente acertar con el instrumento apropiado ni las reformas estructurales tienen siempre un elevado coste electoral. Como todo en Economía, depende.
Uno de los riesgos de la recuperación económica post-pandemia es un mayor crecimiento en la tendencia previa a la crisis del aumento del poder de mercado de las grandes empresas. En la medida en que éstas tienen más medios para resistir a la crisis (mayores colchones y acceso a créditos), cabe esperar una mayor concentración de mercado en un contexto de probables quiebras de muchas pymes, con una menor capacidad de resistencia. Un excesivo poder de mercado puede generar desincentivos al dinamismo empresarial con costes en términos de crecimiento e innovación, lo que exige una adaptación de las políticas de competencia.
