Cinco lecciones del desabastecimiento en el Reino Unido

La falta de camioneros en el Reino Unido está provocando serios problemas de abastecimiento de productos alimentarios y de combustible. Las fotos de estantes vacíos en los supermercados y los videos de peleas en las gasolineras nos recuerdan los dos primeros episodios de la magnífica serie El Colapso. ¿Qué está pasando y qué lecciones podemos aprender?

Antes de nada hay que distinguir problemas y soluciones. La falta de camioneros no es un problema nuevo, es estructural en el Reino Unido. Simplemente, no hay suficiente oferta doméstica de profesionales para abastecer las necesidades del sector logístico, al igual que no la hay para el sector agrícola o el sanitario.

La pandemia, por supuesto, ha acentuado muchos problemas, entre ellos éste. Decenas de miles de trabajadores –muchos de ellos no regularizados– han vuelto a sus países durante el confinamiento, ya que no había posibilidad de trabajar. En paralelo, las administraciones encargadas de emitir permisos de conducir o de examinar a nuevos conductores han estado cerradas muchos meses y acumulan expedientes.

Es decir, el COVID ha reducido adicionalmente la oferta local disponible y ha agravado un problema existente. Lo que ha hecho el Brexit, por su parte, es impedir su tradicional solución. Corregir el déficit tradicional de camioneros ya no es posible porque la opción de contratar de forma rápida a trabajadores europeos ha desaparecido; y el déficit adicional derivado de la salida de muchos trabajadores residentes en el Reino Unido no tiene marcha atrás porque el Brexit les impide regresar al no estar muchos de ellos regularizados (dicho de otra forma: salieron por el COVID, pero no vuelven por el Brexit). En el contexto actual, lo único que pueden hacer las autoridades es solucionar los cuellos de botella en la administración y facilitar visados.

¿Y subir salarios? Es cierto que los salarios no son muy competitivos en la actualidad para los camioneros británicos (menos aún después de una reciente reforma fiscal para combatir los falsos autónomos y que endureció sus requisitos). Es un buen momento para exigir mejoras, y deberían aprovecharlo. Pero, aunque un incremento de los salarios del sector atraiga unos miles de trabajadores británicos adicionales, su oferta tendrá un límite marcado por la disponibilidad efectiva, la rentabilidad del sector logístico o la posibilidad de éste de trasladar esos mayores costes a sus clientes.

La ínclita ministra de interior, Priti Patel, insiste en que los puestos deben ser cubiertos por nacionales. Pero la edad media de los camioneros británicos es de 55 años, lo que indica que la juventud quizás no contempla el transporte de gasolina como profesión de futuro (y hace bien: quizás no tardemos demasiado en ver camiones autónomos sin conductor circular por las carreteras europeas). Ha dicho, además –empleando una curiosa terminología–, que teme una “avalancha” de industrias que exijan un “trato preferencial” similar. De todos modos, finalmente ha cedido y ha anunciado 10.000 visados para trabajadores extranjeros (la mitad para el sector agroalimentario y la otra mitad para el transporte de combustible). Eso sí, advirtiendo que serán visados temporales (sólo hasta Navidades).

Esta segunda parte es la que anticipa un escaso éxito de esta iniciativa: un trabajador europeo estaría dispuesto a pasar por el papeleo de un visado de trabajo si pudiera trabajar un par de años, pero para tres meses –y más en un contexto de alta demanda europea– es muy probable que ni siquiera un salario relativamente más alto del Reino Unido le compense el lío.

Hay al menos cinco lecciones que extraer de esta crisis, y no sólo válidas para el Reino Unido, sino para cualquier país.

En primer lugar, que una vez más se demuestra que los inmigrantes no suponen una amenaza para el mercado de trabajo nacional. Los tiempos cambian, y las nuevas generaciones no siempre están dispuestas a heredar algunas profesiones, incluso aunque estén bien pagadas (lección importante a efectos de analizar los efectos de la jubilación forzosa). Pretender que los trabajadores nacionales cubran todas las necesidades del mercado laboral es simplemente ilusorio.

En segundo lugar, que la pandemia ha reconfigurado las prioridades de los individuos. Cuando la muerte pasa cerca de una persona o de su familia, se replantean muchas decisiones vitales y laborales y se anticipan jubilaciones o se rechazan ofertas que antes parecían atractivas.

En tercer lugar, que el mercado interior y la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea ofrecen, ante todo, una garantía de flexibilidad de ajuste de la oferta a la demanda laboral. Porque, recordémoslo una vez más, un mercado común no sólo permite la libre circulación de bienes, sino también la de factores productivos, aumentando la eficiencia.

En cuarto lugar, que el papeleo puede terminar por anular cualquier política económica: eliminar aranceles no garantiza la continuidad de la exportación si los costes de gestión documental e impositiva son elevados; conceder ayudas a familias no garantiza que las reciban si para ello necesitan decenas de documentos; y un visado de trabajo para el Reino Unido puede no ser atractivo si hay que tramitar un considerable papeleo sólo para unos meses.

Por último –y en quinto lugar–, que los gobiernos pueden justificar cualquier medida, pero no pueden negar que éstas tengan efectos. Las decisiones de abandonar el mercado único o de limitar la entrada de trabajadores europeos pueden ser el resultado de una promesa electoral o un referéndum, pero tienen serios costes de eficiencia; subir el salario mínimo puede mejorar la situación de muchos trabajadores, pero cerrará el acceso al mercado laboral a otros; actualizar las pensiones automáticamente con el IPC tiene lógica social, pero puede ser financieramente insostenible; reducir el uso de combustibles fósiles es urgente desde el punto de vista medioambiental, pero encarecerá el precio de la electricidad.

La política es el arte de decidir qué beneficios primar y qué costes asumir, no engañar a los ciudadanos diciéndoles que sus medidas no tienen coste. La situación del Reino Unido nos recuerda que negar la existencia de costes no sólo es absurdo, sino peligroso, porque la realidad es tozuda y siempre termina por imponerse. Y, con ella, el lógico enfado de los ciudadanos al sentirse engañados.

 


Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)

 

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