A finales del pasado año se ha publicado la edición en castellano de Capital e Ideología de Thomas Piketty, obra editada originalmente en francés en 2019. Se trata de una continuación de su anterior trabajo –El Capital en el siglo XXI– que tuvo una notable repercusión, y nos da la ocasión para repasar la interesante narrativa de Piketty fundamentada en una larga visión histórica de la evolución de las desigualdades.
Mediaba el 24 de diciembre cuando –en oportuna fecha- recibíamos la fecha del advenimiento del acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno sobre la reforma laboral, cerrando así el tortuoso (y rico en retórica y marketing) proceso de negociación, y liberando potencialmente el penúltimo escollo para el siguiente desembolso de fondos UE. Aquí se recogen unas primeras impresiones, basadas en la información que ha publicado la prensa hasta el momento (con todas las cautelas del caso).
La relación entre la política fiscal y el entorno macroeconómico ha venido siendo compleja al menos desde que se sentó el principio de que el “equilibrio presupuestario” (en cualquiera de sus acepciones) debía buscarse “a lo largo del ciclo”. La calidad de la política fiscal, inicialmente medida por el criterio simple (gastos igual a ingresos), pasaba a sustituirse por el criterio de equilibrio en el promedio del ciclo.
Durante las últimas décadas, el sistema de comercio multilateral y el conjunto de reglas comerciales incorporadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) han sido la piedra angular del desarrollo económico impulsado por el comercio. Los flujos de comercio e inversión extranjera directa han creado una red increíblemente eficiente de cadenas de valor globales que han ayudado a aumentar la prosperidad, intensificar el desarrollo económico y reducir continuamente la pobreza a nivel mundial. El grupo de países menos adelantados (PMA) a menudo se beneficia de regímenes preferenciales unilaterales para sus exportaciones que se han establecido por la mayoría de los países OCDE y en desarrollo.
En el artículo anterior analizamos algunas fórmulas para incrementar el número de bancos sujetos al marco único de resolución. Como habrá todavía muchos bancos pequeños que deberán ser liquidados, vamos a examinar en este artículo cómo podemos obtener un marco de liquidación homogéneo y eficiente en la Unión Bancaria.
La gestión de la crisis de un banco siempre plantea retos, ligados especialmente a su función en la economía, tamaño, modelo de negocio y de financiación, etc. Vamos a ver que, en función básicamente del tamaño del banco en crisis y de sus conexiones con otros bancos, habrá o no interés público en la utilización de algunas peculiaridades del régimen ordinario de insolvencia de sociedades. Si no hay interés público, el banco se liquidará aplicando las normas ordinarias de insolvencia y, si hay interés público, una autoridad administrativa gestionará la inviabilidad del banco utilizando un régimen especial denominado de resolución bancaria. La Unión Europea dispone desde 2014 de unas normas específicas de resolución bancaria.
En las últimas semanas hemos vuelto a tener las pensiones en los titulares de los diarios. Su desequilibrio a medio plazo (también a corto) y las propuestas de reforma desde el gobierno han ocupado buena parte del debate económico en días recientes. Como cualquier otra política pública, las pensiones concitan dos tipos de tareas para el policy maker, nítidamente separadas (aunque confusamente denominadas): la política económica en sentido estricto (la sustancia de la medida propuesta, y su impacto en las variables objetivo) y la llamada “economía política” (cómo afecta la medida a los distintos colectivos y cómo se negocia con ellos para conseguir una combinación razonable de apoyo social y político a la medida por un lado, con el mejor resultado posible en términos de variables objetivo).
En esta entrada repasaremos de manera somera la economía política de las pensiones: los beneficiados y perjudicados por una posible reforma, qué papel juegan en la negociación y qué sesgos tiene el proceso. Como veremos, en términos de su economía política las pensiones son probablemente el problema más complejo al que se puede enfrentar un policy maker en un país desarrollado.
Este verano se va a aprobar una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por valor de 650 mil millones de dólares para todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Es un volumen considerable, muy superior a los 250 mil millones de dólares aprobado en 2009 en respuesta a la crisis financiera. Como política económica cumple los refranes de que “más vale tarde que nunca” y “más vale poco que nada”.
En la entrada anterior analizamos la cuestión del nivel de negociación de convenios desde el punto de vista económico, y analizamos el particular tipo de convenios sectoriales españoles desde esa óptica. Una aproximación complementaria puede partir de la experiencia en estos últimos nueve años con los convenios de empresa en nuestro país. Repasemos pues algunas críticas a los convenios de empresa en nuestro país y veamos qué evidencia existe sobre su impacto en la realidad económica española.
La cuestión de los convenios colectivos sectoriales y su posible primacía frente a los de empresa viene siendo elemento importante en el debate político de los últimos años. Esta discusión, con menos impacto mediático quizá que la del salario mínimo, tiene sin embargo una importancia probablemente superior.
