La asignación de DEG y los límites nacionales de la política monetaria global

Este verano se va a aprobar una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por valor de 650 mil millones de dólares para todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Es un volumen considerable, muy superior a los 250 mil millones de dólares aprobado en 2009 en respuesta a la crisis financiera. Como política económica cumple los refranes de que “más vale tarde que nunca” y “más vale poco que nada”.

Los DEG fueron un invento francés para restar peso al dólar como moneda de reserva internacional a finales de los años sesenta. Su valor está referido a una cesta de monedas (dólar, euro, yuan, yen, libra esterlina, en ese orden de peso). Sirven como unidad de medida para las operaciones del Fondo, como depósito de valor para sus países miembros, y no sirven como medio de pago. En lugar de medio de pago, son un activo de reserva internacional potencialmente intercambiable por divisa de “libre uso”, tal como las considera el Fondo (en la práctica, por divisa fuerte con la que pagar operaciones de balanza de pagos). Es decir, cuando un país tiene un problema de financiación de su déficit externo, puede recurrir al intercambio de los DEG en su haber por divisas a través de una especie de mercado ordenado por el departamento de DEG del Fondo, que actúa de agente central de las operaciones, solicitando a los países que se han comprometido previamente a intercambiar DEG por divisa que hagan ese intercambio para el país solicitante. Muy Bretton Woods en espíritu.

Los DEG se anotan en el balance de los bancos centrales. Una asignación general aumenta la cantidad de reservas internacional y, en ese sentido, es una política monetaria expansiva global. No lo es en el sentido de que no cambia el precio del dinero, que probablemente sea más importante hoy día para definir el tono de la política monetaria. Además, se asigna a los países según su cuota en el FMI; es decir, según una fórmula en la que pesa el PIB del país, sus precios internos, su apertura comercial y otros factores (y en la que mágicamente Estados Unidos siempre tiene al menos el 15% de la cuota mundial, que curiosamente coincide con el porcentaje necesario para vetar decisiones de gobernanza global en el FMI). Esto implica que el banco central de cada país tiene repentinamente más reservas que las que tenía el día anterior. A un país como España, con una cuota de 2%, le tocan en torno a 13 mil millones de dólares en DEG; a Estados Unidos, unos 113 mil millones.

¿Nos cambia la vida? A las economías que estamos arropadas por el cálido abrigo de una moneda de reserva internacional, nada. No nos da espacio monetario, porque ya atendemos las necesidades de balanza de pagos en moneda de reserva internacional, ni nos da más espacio fiscal, que para nosotros está limitado por la combinación de las expectativas sobre la política monetaria, la recuperación económica y el crecimiento potencial.

Sí cambia el juego para países emergentes y, sobre todo, para países en desarrollo. Para Argentina, por ejemplo, supone complementar sus divisas para poder hacer frente a los pagos que vencen en los próximos meses del último programa de apoyo financiero que recibió del FMI. Para economías más pequeñas y relativamente más dependientes del exterior supone complementar sus reservas de manera decisiva.

¿Por qué entonces se ha tardado tanto en acordar la nueva asignación general, que se va a producir un año y medio después de haber estallado la crisis de la covid-19? El mayor escollo ha sido la cerrazón del gobierno americano con la Administración Trump. Ciegos al tamaño de la crisis hasta bien entrado 2020, insensibles al devenir global y, cuando ya era evidente, obsesionados con no dar aire por la vía de la liquidez monetaria a países como Irán, vetaron la decisión en 2020. Con el cambio de gobierno se ha acordado rápidamente.

La segunda razón es más oscura y económicamente dogmática. En la zona euro hubo países, como España, favorables desde el principio. Pero Alemania y satélites, monetaristas creyentes, eran más escépticos, aunque nunca llegaron a tener que plantearse votar en contra (que es una de las comodidades de no ser agente decisivo). Cuando se asigna a otros países un derecho de reclamar moneda fuerte, los bancos centrales de los emisores de tales monedas deben honrar el acuerdo de intercambio si el Fondo lo solicita, y esto implica aumentar la oferta global de estas monedas. Para la zona euro, el incremento de la oferta monetaria derivado de la asignación general en comparación con el programa de compras pandémicas es una broma, y el riesgo de que este aumento se tradujera en inflación, una preocupación pueril. Pero ahí estaba la tradición monetarista agarrada a las mentes para paralizar la decisión.

Si se han superado estos obstáculos, ¿por qué son solo 650 mil millones de dólares? Puesta en el contexto de la previsión de caída del PIB en enero de 2009 y en enero de 2021, esta asignación general es pequeña. En enero de 2009, tras la caída de Lehman Brothers, el Fondo estimó un empeoramiento de la velocidad del crecimiento del PIB en el mundo de 3,4% a 0,5%, que golpeaba especialmente a las economías avanzadas (que pasaban de crecer al 1 a decrecer al 2%), mientras que las emergentes y en desarrollo seguían creciendo, pero a la mitad de la velocidad del año anterior (al 3,3%). En este contexto, se aprobó una asignación general de DEG equivalente a 250 mil millones de dólares. En enero de 2021, el Fondo estimaba que el PIB mundial se había desplomado un 3,5% en 2020, repartido en una caída de 4,9 en las economías avanzadas y de 2,4% en las emergentes y en desarrollo. En este contexto no cuadra el volumen de la asignación general acordada; es desproporcionadamente pequeño en comparación con la decisión de 2009 bajo las previsiones de crecimiento de entonces. También es, en comparación con la de 2009, demasiado tarde (un año y medio después del estallido de la pandemia).

La respuesta de por qué son 650 mil millones es decepcionante: es el máximo que Estados Unidos puede aprobar sin requerir autorización del Congreso. Otra perla sobre cómo la gobernanza económica, en este caso la internacional, está supeditada a la política nacional y hasta qué medida un planificador benevolente mundial imaginario tendría las manos atadas, porque estaría sujeto a la todopoderosa política nacional. Por eso el planificador mundial de momento sigue siendo imaginario.

 

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