El 22 de diciembre el Presidente de Estados Unidos firmó la ley de la reforma tributaria, el primer gran logro legislativo de su mandato. La ley, aprobada sin el apoyo de la oposición demócrata, rebaja la imposición directa y revisa su diseño con particular atención al gravamen sobre los beneficios de las empresas. El Comité Conjunto sobre Tributación del Congreso (JCT) estima su coste total en el período 2018-2027 en 1,45 billones de dólares, un 7,6% del PIB de 2017.
El proyecto estrella de política económica de la Administración Trump es la reforma fiscal. Con estricta fidelidad a su estilo de comunicación, se la ha bautizado, antes incluso de nacer, recurriendo a la hipérbole: dramática, la mayor rebaja de impuestos de la historia, la clave para hacer América grande de nuevo… Aunque todavía estamos en los prolegómenos de un proceso legislativo que se prevé arduo, los debates iniciales ya ofrecen algunos ejemplos ilustrativos del uso del análisis económico aparentemente serio para fundamentar reformas de gran calado en la estructura tributaria.
La cumbre del G20 de Hamburgo (7-8 de julio) ha logrado sostener el paso de la reforma del orden económico internacional a base de una doble estrategia: en los temas donde es posible consenso, se mantiene la tónica de los últimos cinco años, en los que cada cumbre aporta algún elemento incremental construyendo sobre lo heredado de la cumbre anterior (en este caso, destaca el reforzado énfasis en la inclusión); y en los temas más conflictivos desde la llegada de la administración Trump, se avanza sin EEUU en el caso del clima, y en comercio, se opta por hacer una agenda más compleja que tenga en cuenta las distintas sensibilidades. En este sentido, la noticia puede ser cínicamente optimista: Trump no ha roto los esquemas; pesimista: el G20 no sirve para nada, es un instrumento para preservar el statu quo; o moderadamente optimista/pesimista: se avanza en algunas direcciones adecuadas, pero no en todas y a ritmo lento (acaso inevitable, en el G20 los grandes acuerdos se han dado en los momentos de más tensión).
La economía de Estados Unidos ya no crece como antes. A juicio de quienes están tomando estas semanas posesión de sus cargos en Washington, D.C. una de las principales causas es el exceso de regulación en sectores como el financiero o el energético. Sin embargo, desde meses antes de las elecciones ya se acumulaban análisis que apuntan en otra dirección. El menor dinamismo empresarial, la debilidad de la inversión o el bajo crecimiento de la productividad serían, desde esta visión alternativa, resultado de un aumento del poder de mercado. Suena paradójico, dado que el sistema de defensa de la competencia estadounidense es uno de los más antiguos y eficaces del mundo. Aunque quizá no tanto, pues las empresas siempre tratan de buscar fórmulas más sofisticadas y legítimas de dominar el mercado.
Con la llegada de la administración Trump se ha planteado en los medios de comunicación una creciente duda sobre la capacidad del G20 para salvar la globalización. La ausencia en el comunicado de la reunión de ministros y gobernadores de marzo en Baden-Baden de una condena al proteccionismo –se ha sustituido por un “trabajamos para fortalecer la contribución del comercio a nuestras economías”–, o de un apoyo al acuerdo de París sobre el cambio climático, se han interpretado como un triunfo de la nueva administración americana. Más allá de lo simbólico de las palabras de un comunicado, ciertamente, el G20 enfrenta un reto para frenar el creciente impulso antiglobalizador (Trump, Brexit, o extremos políticos en Europa), pero, precisamente es el foro mejor equipado para hacerlo; desde su redefinición en 2008, es, ante todo, un foro útil para la gestión de crisis.
En el año 1928 una gran parte de la población de Estados Unidos se sentía descontenta. La tecnología y la globalización habían puesto a los agricultores en una precaria situación: los vehículos de motor habían desplazado a los animales de carga y generado un excedente agrícola que presionaba a la baja precios y salarios, y al que no podía darse salida por el competitivo precio de las importaciones, que se percibían como una amenaza.
En paralelo, la inmigración mexicana se consideraba un problema. A los numerosos mexicanos que decidieron quedarse en los territorios incorporados a Estados Unidos tras la guerra de 1848 se sumaron los exiliados y desplazados por la revolución mexicana de 1910-1920. Muchos trabajaron en la minería, la industria o los ferrocarriles y favorecieron la expansión americana, pero con la crisis de 1920-21 comenzó una agresiva campaña anti-inmigración que se tradujo en 1924 en la creación de una Patrulla Aduanera en la frontera con el país vecino (el muro no comenzaría a construirse hasta setenta años después).
Si algo no ha faltado en los casi tres meses desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos (dos semanas desde la inauguración) es acción. La sensación de encontrarse dentro de una película, híbrido entre western y fantasía política futurista, no ha desaparecido. Ha habido marchas multitudinarias, peleas abiertas con la prensa, revelaciones de espías… La inquietud por el curso que pueden tomar los acontecimientos parece compartida por todos. ¿Todos? No, los mercados financieros y en particular las Bolsas, viven un momento dulce.
Con el tránsito del año, los traders suelen actualizar la lista de países considerados vulnerables. Es probable que la economía mexicana haya sido de las más evocadas en las salas de contratación durante las navidades. Y es que el nuevo presidente de su principal socio comercial les ha puesto en su punto de mira, amenazándoles con muros, aranceles, deportaciones masivas e incluso bloqueo a las remesas de los emigrantes. El peso mexicano se convirtió de hecho en uno de los más finos indicadores del estado de la contienda electoral estadounidense. Desde el 9 de noviembre ha perdido un 16% de su valor respecto al dólar.
Un día la futura primera dama estadounidense tuvo conocimiento de que su marido, el futuro presidente, la engañaba. Su vida cambió para siempre en ese instante: aunque al principio pensó en divorciarse, finalmente lo reconsideró y de forma fría y pragmática decidió permanecer a su lado, pero con una condición: abandonaría el papel de esposa abnegada y desarrollaría una intensa actividad pública con una agenda política propia. No estamos hablando de Hillary Clinton, sino de Eleanor Roosevelt.
En estos últimos años de restricciones presupuestarias ha resurgido el debate de la privatización sanitaria. El concepto es complejo, porque una cosa es la provisión de servicios sanitarios (quién ofrece el aseguramiento y la cartera de servicios sanitarios y los financia) y otra la producción de servicios sanitarios (quién gestiona el seguro, los hospitales y sus servicios accesorios o quién contrata a los profesionales sanitarios), lo que da lugar a distintas combinaciones y modelos público-privados muy distintos. En cualquier caso, siempre que se ha hablado de privatización (con distintas implicaciones), el debate económico ha brillado por su ausencia. Los argumentos que se han esgrimido en favor de la privatización rara vez se han documentado con datos y han sido sustituidos por actos de fe. ¿Qué mitos existen respecto a la sanidad privada?
