Han pasado ya cuatrocientos días desde el inicio de la invasión de Ucrania. Hace unos meses escribíamos que las sanciones clave para terminar la guerra eran las tecnológicas, porque, aunque Rusia pudiese seguir recibiendo ingresos (preferiblemente, cada vez menos), sin tecnología jamás podría ganar la guerra.
–Hola, ChatGPT, estoy aquí leyendo un artículo sobre la crisis del Silicon Valley Bank y me he encontrado el término “riesgo por desfase de vencimientos”. ¿Tú sabes qué es?
Se está generalizando entre las personas de orientación política demócrata en Estados Unidos la idea de que la globalización ha provocado tal pérdida de seguridad de la clase media del país que ha empujado a esta clase media a radicalizarse políticamente, votando no ya al partido republicano, sino una versión de los republicanos que es, en la práctica, antisistema. Trump habrá dejado de ser presidente de momento, pero no solo puede que lo vuelva a ser, sino que hay una larga fila de republicanos “anti” que pueden tomar el relevo y volver a ganar unas elecciones. Y entonces no va a haber una pandemia que desaloje al inquilino de la Casa Blanca antes de que rompa muchas cosas, sino que podría durar más tiempo y romper más.
La Unión Europea lleva años hablando de autonomía estratégica, y en el escenario actual uno diría que ha llegado el momento de ejercitarla. Lo malo es que para ello hace falta bastante más que un uso intensivo de la política comercial: hace falta ambición, y eso es justo lo que Europa no tiene.
Si hace diez años nos hubieran preguntado qué aspectos de la gobernanza económica internacional estaban consolidados y cuáles eran improbables, entre los primeros habríamos citado sin dudar el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y entre los segundos la fiscalidad internacional. A finales del año pasado hubiéramos dicho lo contrario: la OMC languidecía y se anunciaba un importante acuerdo internacional de más de 135 países para la tributación de las multinacionales. Hoy, la verdad, ya no sabemos qué decir. La OMC sigue sin levantar cabeza –aunque logró un pequeño pero esperanzador acuerdo en junio– y el acuerdo de la OCDE y el G20 para la tributación de multinacionales parece estancado. Para más inri, la aparente victoria de los republicanos en las elecciones de media legislatura de Estados Unidos (aunque mucho más ajustada que lo previsto) anticipa tiempos difíciles para la cooperación internacional.
Al igual que la gripe de 1918 fue oscurecida por la I Guerra Mundial, la pandemia de COVID-19 va a ser eclipsada por la invasión de Ucrania. Y ahora, como entonces, el conflicto tendrá un impacto considerable sobre el diseño del sistema económico internacional, principalmente en cuatro grandes ámbitos: el sistema internacional de pagos, el uso de monedas de reserva, la cotización de energía y materias primas y las instituciones económicas y financieras internacionales.
Noviembre de 2021. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al cumplirse un año de su reelección, anuncia que Estados Unidos abandonará la OTAN en los próximos años. La noticia cae como una bomba entre los aliados europeos, aunque no puede decirse que no se veía venir: Michael Bolton, exasesor de seguridad de Trump, ya había advertido en sus memorias que Trump había estado a punto de anunciarlo en una cumbre de 2018, y que probablemente lo haría en un segundo mandato. A fin de cuentas, Trump había calificado a menudo a la OTAN de institución “obsoleta”, y criticaba abiertamente a sus socios europeos por no cumplir el compromiso de invertir en defensa el 2% de su PIB antes de 2024 (como se acordó en la Cumbre de Gales de 2014). “Muchos países nos deben una enorme cantidad de dinero desde hace muchos años” –decía– “y por lo que a mí respecta son unos morosos, porque Estados Unidos ha tenido que pagar por ellos”.
El ser humano predice muy mal. Sus sesgos cognitivos le hacen otorgar mucho mayor peso a los eventos recientes que a los más lejanos, y tiende a creer que las situaciones son más estables de lo que son. Se confía, pero se equivoca: en el vertiginoso mundo actual, pocas cosas hay más ilusorias que una proyección lineal de cualquier variable.
El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España no marcha a buen ritmo. De los casi 27.000 millones presupuestados para este año, se han comprometido poco más de la mitad y se ha ejecutado algo más de un tercio. Parte de la lentitud se debe a que, como señala la Comisión en su evaluación de los proyectos de presupuestos de los Estados miembros, España es el país que más ha recurrido a fondos europeos (en vez de nacionales) para financiar su recuperación, y la burocracia europea no tiene nada que envidiarle a la española. España sigue aumentando los recursos humanos dedicados al control mucho más que los dedicados a la ejecución, y eso no es bueno: nos falta transparencia y nos sobra papeleo.
Luego dicen que los debates entre los economistas no miran al futuro. Pues henos aquí, en medio de una calamidad sanitaria que hasta el momento ha acentuado las presiones a la baja sobre el nivel general de precios, poniendo al día nuestras ideas sobre la siguiente amenaza que se cierne sobre nuestro baqueteado devenir económico. La inflación monopolizó la atención de las políticas macroeconómicas en los años ochenta y su control a partir de mediados de los noventa nutrió las peligrosas veleidades del fin de los ciclos y la estabilidad perpetua con las que llegamos a la crisis financiera. Desde 2008, el riesgo de deflación o de una inflación positiva, pero estructuralmente demasiado baja, ha sido la principal preocupación de banqueros centrales, macroeconomistas y Gobiernos. Sin embargo, la combinación del Plan Biden con las perspectivas de fuerte recuperación económica de la mano de la vacunación han provocado un repunte de 75 puntos básicos en los tipos de interés a diez años del dólar desde principios de año (que refleja, en gran parte, una mayor inflación esperada) y un aluvión de artículos sobre el riesgo de que el fin de la pandemia traiga el principio de otra era de inflación.
