¿Se levanta usted, desde la mañana del 9 de noviembre, con sensación de angustia? ¿Le asalta de manera frecuente una preocupación inexplicable respecto al devenir del mundo? ¿Sueña con que Obama se convierte en el presidente vitalicio de la Unión Europea? ¿No entiende el cabreo del macho blanco de clase media?
No se preocupe. Lo primero, no está solo. Y lo segundo es que me voy a permitir prescribirle un tratamiento que sin duda le hará sentir mejor.
Como los caramelos (Peta Zetas), el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá firmado en octubre de 2016, conocido por su acrónimo en inglés, el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement o Acuerdo Económico y Comercial Global), tiene un sabor final dulce, pero está siendo explosivo en su degustación, hasta el punto de que puede acabar “petando” en su proceso de ratificación en los parlamentos nacionales en Europa. Los términos del acuerdo son muy razonables y beneficiosos, y es difícil pensar en un socio mejor que Canadá para garantizar unas relaciones económicas que mantengan altos estándares de protección social, medioambiental o al consumidor (mejores que en muchos países europeos). A pesar de ello, el acuerdo está siendo ampliamente cuestionado, más que por sus propios contenidos, por un creciente sentimiento de rechazo a la apertura comercial que no conviene menospreciar.
Trump ha ganado. Hay que repetirlo muchas veces para internalizar la enormidad de lo que supone que Donald Trump se vaya convertir en pocas semanas en la persona con más poder del mundo.
Es seguro que las futuras generaciones verán el 8 de noviembre de 2016 como un hito de la historia mundial. Sea como reversión de las políticas globalizadoras y el camino hacia un orden mundial menos liberal y pacífico; o como el momento en que las élites mundiales internalizan plenamente las consecuencias de la globalización sobre las clases medias-bajas del mundo desarrollado y actúan en consecuencia; o incluso, como el principio del fin de los movimientos populistas, cuyas recetas simplistas suelen quedar en evidencia cuando se ven obligados a gobernar. Sea como fuere, pocas cosas seguirán siendo iguales tras la llegada de Trump al poder.
Si “estancamiento secular” fuese una película (difícil de imaginar, pero hágase el esfuerzo), su primera escena bien podría ser la de un grupo de banqueros sentados alrededor de una mesa, discutiendo cómo y a qué coste se pueden almacenar las ingentes cantidades de efectivo necesarias para sustituir sus gravosas inversiones (rendimiento negativo) en deuda pública japonesa o europea; cómo reemplazar, en otras palabras, sus valores financieros “desmaterializados”, con bajísimos costes de depósito y negociación, por montañas de papel (-moneda), con altos costes de depósito (almacenamiento, seguridad) y “negociación” (transporte). Todo ello, con el objetivo de elevar el rendimiento de sus activos financieros hasta… cero.
No me refiero a las muy probables secuelas que sufrirán, después de una campaña tan larga, aquellos que no soportan al del tupé rubio o a la del apellido presidencial. Más bien se trata de pensar en cuál puede ser la consecuencia más trascendente de esta elección sobre la economía de Estados Unidos.
El debate económico durante la campaña ha girado alrededor del comercio, la inmigración y las políticas para sacar a la clase media de su estancamiento. Son temas centrales, sin duda, en los que las posiciones de los candidatos son muy distintas y pueden dar lugar a cambios de calado que afecten además al sistema de cooperación económica internacional. Sin embargo, si se mira con perspectiva, el efecto más determinante sobre su propio bienestar de la decisión que van a tomar los estadounidenses tiene que ver con el sistema sanitario.
En las últimas décadas el desarrollo de las nuevas tecnologías ha favorecido el análisis exhaustivo de datos masivos (el Big Data, en terminología popularizada a finales de los noventa por John Mashey) por parte tanto de la Administración como de las empresas privadas, en especial las tecnológicas. Por lo que respecta a la Administración, tan importante es que se le exija que no utilice mal la información que posee como que aproveche la que posee en beneficio del ciudadano, especialmente cuando podría generar importantes ahorros y eficiencias.
Uno de los usos en los que los datos en poder de la Administración podrían comportar grandes ventajas sería en el ámbito tributario, donde la ausencia de una medición efectiva individualizada de la capacidad de pago de los contribuyentes impide un sistema fiscal no sólo más justo, sino también más eficiente en forma de una mayor recaudación.
La política macroeconómica aplicada tras la crisis financiera global ha roto con todas las prescripciones que se habían asentado entre académicos y gestores, sintetizadas en los denominados consensos de Washington y el de Jackson Hole. En general, se reconoce que para salir de la crisis era necesario desviarse de los consensos estirando los límites de las políticas monetaria y fiscal expansivas, pero la gestión de la macro ha sido objeto de una continua controversia durante estos años, que se acentúa a medida que las políticas empiezan a mostrar síntomas de agotamiento y la economía global tan solo registra una moderada recuperación. El mundo académico va por detrás de los gestores, aprendiendo del impacto de las políticas aplicadas, sin aportar tampoco un nuevo consenso, e incluso, con nuevas aportaciones que van en la dirección de cuestionar los cimientos que han dominado la investigación macro durante décadas.
