Es muy posible que 2016 marque un punto de inflexión en la evolución del sistema económico mundial. Lo que no sabemos es hacia dónde. La mezcla de nuevo proteccionismo con economía de la oferta que se pergeña en Estados Unidos agravará a medio plazo los problemas de inestabilidad y de desigualdad que afligen al capitalismo de nuestros días. Si se quiere plantear una alternativa, hay que superar el marco de la economía ortodoxa con el que hemos llegado hasta aquí.
Los economistas tenemos a menudo la mala costumbre de analizar los fenómenos económicos centrándonos sólo en el momento inicial y en el momento final, descuidando la dinámica del ajuste y a los ganadores y perdedores en el trayecto. El ámbito del comercio internacional es uno de esos fenómenos: la teoría económica defiende, en un raro caso de unanimidad, que el comercio internacional es generalmente beneficioso, aunque sería más apropiado afirmar simplemente que el proteccionismo es una política generalmente perjudicial (como quizás los estadounidenses, y por extensión el resto del mundo, tengamos pronto ocasión de comprobar). Pero los procesos de liberalización comercial generan en el camino ganadores y perdedores y fuertes debates sociales que no siempre se analizan bien pero que es preciso conocer y afrontar. El caso de la expansión internacional de Uber nos proporciona un buen ejemplo del que podemos extraer interesantes lecciones.
Uno de los logros más valiosos de la economía en los últimos años ha sido colocar la desigualdad en el centro del debate público. En 2014 Thomas Piketty, célebre ekanomista, ilustró con un imponente caudal de datos basados en declaraciones fiscales la deriva hacia una concentración creciente de la renta y del capital en muchas economías desarrolladas. Este año Branko Milanovic ha publicado un libro centrado en un ejercicio similar de alcance global que ha realizado junto a Cristoph Lakner, cuyo principal resultado se plasma en el gráfico del elefante. La manada de tuits, artículos y comentarios que ha suscitado este paquidermo han acabado por abrirle el vientre para entender mejor lo que aloja en sus entrañas.
El número de académicos con la letra k en el apellido (“ekanomistas”) que han ganado el premio Nobel de economía es especialmente alto, son cerca de un quinto entre un total de setenta y ocho laureados. Estas cifras contrastan con la frecuencia de la k en el idioma inglés (0,8 por ciento), alemán (1,4), o español (0,01; es, junto con la w, la última letra en asiduidad en nuestro idioma, excluida incluso en el juego del Scrabble); solo en turco supera el 5 por ciento. La k está además omnipresente en la formulación en economía, al ser el grafema que designa el factor de producción del capital; y también aparece de manera central en la propia evolución de la ciencia económica, que se ha caracterizado por un movimiento pendular entre paradigmas de corte neoclásico (escuelas clásica, nueva síntesis, neoclásica, monetarista, ciclo económico real); y keynesianos, empezando por la K por excelencia, la de John Maynard Keynes, que da nombre a distintas escuelas que le suceden (keynesiana, postkeynesiana, neokeynesiana, nuevos keynesianos).
Un día la futura primera dama estadounidense tuvo conocimiento de que su marido, el futuro presidente, la engañaba. Su vida cambió para siempre en ese instante: aunque al principio pensó en divorciarse, finalmente lo reconsideró y de forma fría y pragmática decidió permanecer a su lado, pero con una condición: abandonaría el papel de esposa abnegada y desarrollaría una intensa actividad pública con una agenda política propia. No estamos hablando de Hillary Clinton, sino de Eleanor Roosevelt.
Tras la formación de gobierno se está acentuando el debate sobre cómo afrontar el déficit de la seguridad social y la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. Las reformas de 2011 y 2013 se centraron en el lado del gasto (ajustar las pensiones y su revalorización), pero la discusión política ha girado ahora del lado de los ingresos adicionales que son necesarios para apuntalar el sistema, en un debate que enfrenta a los partidarios de los impuestos versus los que proponen mayores cotizaciones sociales. Partiendo de la necesidad de asegurar unos recursos que garanticen unas pensiones dignas ‒dicho sea de paso, igual que otros objetivos para la política de gasto, como paliar la exclusión social o fortalecer la educación y la I+D+i‒, la decisión sobre cómo aumentar los ingresos debe ir más allá de las consideraciones de suficiencia y tener también en cuenta el impacto económico de nuestra estructura fiscal, que actualmente sobrecarga demasiado las cotizaciones.
En estos últimos años de restricciones presupuestarias ha resurgido el debate de la privatización sanitaria. El concepto es complejo, porque una cosa es la provisión de servicios sanitarios (quién ofrece el aseguramiento y la cartera de servicios sanitarios y los financia) y otra la producción de servicios sanitarios (quién gestiona el seguro, los hospitales y sus servicios accesorios o quién contrata a los profesionales sanitarios), lo que da lugar a distintas combinaciones y modelos público-privados muy distintos. En cualquier caso, siempre que se ha hablado de privatización (con distintas implicaciones), el debate económico ha brillado por su ausencia. Los argumentos que se han esgrimido en favor de la privatización rara vez se han documentado con datos y han sido sustituidos por actos de fe. ¿Qué mitos existen respecto a la sanidad privada?
