A apenas un mes para que venza el plazo establecido en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y el Reino Unido pase formalmente a ser un país extracomunitario, mientras reina la incertidumbre sobre la votación del Acuerdo de Salida del próximo 12 de marzo, la posibilidad de una extensión o la de un segundo referéndum de ratificación, es hora de extraer algunas lecciones políticas de lo que ha sido hasta el momento el proceso de Brexit.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha vetado la fusión de los dos gigantes europeos del sector ferroviario, la alemana Siemens y la francesa Alstom. La decisión ha sido fuertemente criticada por los gobiernos de Alemania y Francia, que han lanzado tres duros mensajes: que la decisión “es un error”, que “no ha tenido en cuenta la competencia china y los desafíos industriales europeos”, y que hace falta cambiar la legislación de competencia comunitaria para fomentar “campeones europeos” y que no vuelva a ocurrir.
Creo, sin embargo, que la decisión no es un error; que sí que ha tenido en cuenta la competencia china –sobre todo en el ámbito relevante, el europeo–; y que, efectivamente, hace falta cambiar la legislación de competencia, pero no tanto a nivel comunitario para crear “campeones europeos”, sino sobre todo a nivel internacional.
Hay palabras que evocan connotaciones positivas, como democracia o consenso. Pero, precisamente por ese motivo, en ocasiones se utilizan de forma tramposa. En nombre de la democracia los independentistas del parlamento catalán intentaron derogar de facto por mayoría simple un Estatut cuya mera modificación requería mayoría reforzada. En nombre de la democracia se dejó que la mayoría simple de los británicos –apenas un 52% de los votantes del referéndum del Brexit– decidiera sobre el futuro de muchas generaciones. A veces la mayoría simple es la forma más evidente de tiranía de la mayoría –como bien sabían Edmund Burke, James Madison o Thomas Jefferson–, y la mayoría cualificada la mejor forma de respetar la voluntad del pueblo y evitar al tiempo que decisiones trascendentales se tomen a la ligera. Como en Medicina, primum non nocere: ante la duda, no causar daño.
En 1959 Ed Wood dirigió “Plan 9 del espacio exterior”, una de las peores películas de ciencia ficción de todos los tiempos –aunque un clásico de la serie B, es decir, un modelo dentro de las malas películas–. Theresa May, que últimamente parece que vive en otro mundo, ha presentado al Parlamento británico un plan alternativo de Acuerdo de Salida que es también ciencia-ficción y digno de la mejor serie B.
Como parte del debate en torno a las recientes crisis migratorias han surgido múltiples voces en favor de insistir en medidas que fomenten el crecimiento y den oportunidades a los países en desarrollo emisores de esos flujos para que no tengan tantos incentivos a dejar su país en busca de una vida mejor. No obstante, parece que diversos estudios ponen en duda que ese progreso en el país origen vaya a frenar este flujo hacia economías más desarrolladas. Todo lo contrario, en el corto y medio plazo incluso se puede ver incentivado al permitir a muchos acumular los recursos para poder costearse la emigración (aquí).
Abandonar la Unión Europea es un mal negocio económico. Eso lo reconoce hasta el propio ministro de Hacienda británico, Philip Hammond, de los pocos honestos. Olvidemos, pues, falacias como el infame “dividendo del Brexit”, y entendamos el Brexit como lo que es: una mera cuestión sentimental. El valor de dejar de pertenecer a una organización por el mero hecho de sentirse libre. Aunque, a efectos prácticos, esa libertad sirva para poco, porque, en un mundo globalizado y fuertemente integrado, un país pequeño –y el Reino Unido lo es, comparado con Estados Unidos, la UE o China– tiene poco margen para negociar acuerdos comerciales ventajosos. Los pequeños no negocian, tan solo aceptan condiciones.
Año nuevo, Brexit viejo. Después del referéndum de 2016, todo el mundo pensaba que, si al final el Reino Unido abandonaba la Unión Europea, habría un poco de caos. Pero ni los más pesimistas contemplaban un escenario tan volátil y caótico como el que se presenta en enero de 2019, a menos de tres meses de la salida formal.
¿En qué me beneficia a mí, como ciudadano, la Unión Europea? La respuesta a esta pregunta sigue siendo la piedra angular de la sostenibilidad social del proyecto europeo. Y esa respuesta no es estática, sino que ha ido variando a lo largo de la Historia: en los años 50 era evitar una nueva guerra entre Francia y Alemania; en los 60, poder comerciar libremente con Europa y garantizar la producción agrícola y los alimentos; en los 70, hacer frente a la crisis energética con las ayudas regionales europeas, y servir de anhelo democrático a países que –como España y Grecia– superaban sus dictaduras; en los 80, construir un mercado único en el que los ciudadanos pudieran circular y establecerse sin trabas, y ayudar a Alemania a restañar las heridas del muro de la vergüenza; en los 90, la financiación de infraestructuras cohesionadoras, poder viajar sin enseñar el pasaporte y estudiar parte de la carrera en otros países; en los 2000, cambiar de país sin cambiar de moneda. Pero en esta década, la de la Gran Recesión, ¿cuál es la respuesta? El Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre de 2018 ha perdido una magnífica oportunidad de sugerir alguna.
Como en cualquier debate soberanista, los argumentos a favor del brexit han estado siempre presididos por la manipulación lingüística, y por eso sus defensores han insistido una y otra vez en el “dividendo del brexit”, como si fuera el alegre reparto de los beneficios de una empresa exitosa. Por supuesto, los costes se han obviado, y quizás por ese motivo la mayoría de los críticos del brexit se han preocupado por resaltarlos, centrándose en la más que previsible contracción económica derivada de la salida de la Unión Europea. Pero esa estrategia ha sido un error.
Hay que ver lo que ha costado llegar al principio de todo. Porque eso es, y no otra cosa, el Acuerdo del Brexit: una posposición de la decisión del modelo de relación económica definitiva que el Reino Unido está dispuesto a mantener con la Unión Europea. Al menos, eso sí, incluye un amortiguador: en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, la relación mínima será la de una unión aduanera –es decir, un comercio interior sin aranceles y un arancel exterior común frente a terceros– que permitirá evitar una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Todo lo demás está por decidir.
