¿En qué me beneficia a mí, como ciudadano, la Unión Europea? La respuesta a esta pregunta sigue siendo la piedra angular de la sostenibilidad social del proyecto europeo. Y esa respuesta no es estática, sino que ha ido variando a lo largo de la Historia: en los años 50 era evitar una nueva guerra entre Francia y Alemania; en los 60, poder comerciar libremente con Europa y garantizar la producción agrícola y los alimentos; en los 70, hacer frente a la crisis energética con las ayudas regionales europeas, y servir de anhelo democrático a países que –como España y Grecia– superaban sus dictaduras; en los 80, construir un mercado único en el que los ciudadanos pudieran circular y establecerse sin trabas, y ayudar a Alemania a restañar las heridas del muro de la vergüenza; en los 90, la financiación de infraestructuras cohesionadoras, poder viajar sin enseñar el pasaporte y estudiar parte de la carrera en otros países; en los 2000, cambiar de país sin cambiar de moneda. Pero en esta década, la de la Gran Recesión, ¿cuál es la respuesta? El Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre de 2018 ha perdido una magnífica oportunidad de sugerir alguna.
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