Domicilio empresarial: el buque «Cataluña» comienza a virar

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La salida de empresas de Cataluña desde el 1-O está dando lugar a mucha confusión respecto a cuáles son los efectos de los cambios de los distintos domicilios de una empresa, derivada probablemente de dos errores.

Un primer error es considerar que las decisiones de cambiar el domicilio social, el domicilio fiscal o la sede de dirección efectiva son decisiones independientes, autónomas y estáticas por parte de la empresa, cuando en realidad no son ninguna de las tres cosas: no son independientes, porque en muchos casos no se puede cambiar un domicilio sin cambiar el otro;  no son autónomas, porque algunas vienen exigidas por la regulación nacional o internacional o pueden ser rechazadas por la Administración; y no son estáticas, porque en general forman parte de un lento proceso de reducción de riesgos en Cataluña por parte de la empresa.

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Fondo Monetario Europeo: tapando agujeros

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En el debate general sobre el futuro de Europa el principal frente de controversia es el que tiene que ver con cómo reforzar la financiación pública. Cuando se entra en los asuntos del dinero, al final se llega a los dos mismos baches: el principio de no rescate sustentado en los tratados de la UE y las reticencias, lideradas por Alemania, a cualquier reforma que afecte a los propios recursos de los países (a sus contribuyentes). En otras palabras: que cada país resuelva sus problemas con sus propios recursos. Reforzar el MEDE, reconvirtiéndolo en un Fondo Monetario Europeo –FME, propuesta original de Gros y Mayer, reimpulsada por la Comisión Europea‒, podría ser una solución intermedia para salvar estos obstáculos, pero debe ponerse especial cuidado en el diseño de su gobernanza y de sus políticas de supervisión y de préstamo para que permita efectivamente resolver el vacío fiscal del actual diseño de la UEM.

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La ilusión europeísta se alimenta de futuro

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Después de liderar a un país para ganar una guerra, Winston Churchill se presentó a las elecciones de 1945 y las perdió. Cuando ya era evidente en el recuento que los laboristas de Attlee iban a ganar la mayoría y Churchill iba a pasar la oposición, un día durante el almuerzo su mujer intentó consolarle y le dijo que, en el fondo, la derrota electoral “podría ser una bendición disfrazada”. Churchill replicó: “Pues por el momento está muy bien disfrazada”.

Quién le iba a decir a él, curtido en mil batallas, que aprendería tan tarde una de las reglas de oro de la política: los ciudadanos votan mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Bien lo saben en España partidos como el PCE o UPyD, que nunca vieron reflejados en forma de votos el agradecimiento de la población por sus aportaciones a la lucha contra la dictadura o a la regeneración democrática, respectivamente. Y es que, en cualquier proyecto político, el respeto por la historia o por los logros pasados suelen ser condición necesaria, pero no suficiente, para generar ilusión: un arma cuyo poder –como la poesía de Celaya– se alimenta de futuro.

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Brexit, Cataluña y la Teoría de la Desintegración Económica

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Así como durante la segunda mitad del siglo XX –en especial desde los años 90– el mundo vivió una considerable expansión de los procesos de integración económica, en las primeras décadas del siglo XXI la crisis financiera y la Gran Recesión han favorecido el retorno de los nacionalismos y de los populismos y un cuestionamiento del proceso liberalizador. Ello ha dado lugar a algunas propuestas de desintegración como el abandono del euro, la salida de la Unión Europea, la disolución del NAFTA o los impulsos secesionistas de algunas regiones europeas.

Todas ellas se han presentado siempre acompañadas de escenarios optimistas y unidimensionales, con beneficios ciertos y costes inexistentes. La realidad, sin embargo, es que los beneficios suelen ser bastante inciertos, y los costes, inevitables y ciertos. En el fondo, lo que ha faltado es una evaluación económica seria de los costes de transición o, lo que es lo mismo, una verdadera Teoría de la Desintegración Económica y Monetaria.

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Mercados de doble cara (II): Implicaciones de política de competencia

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Como veíamos en la anterior entrada, en los mercados de doble cara los precios de los dos lados conectados por la plataforma son interdependientes, de forma que para aumentar el valor de la plataforma, son comunes las estrategias de subsidio de precios en uno o ambos lados del mercado cuando no de gratuidad, como las denominadas estrategias “freemium” –por ejemplo, en los motores de búsqueda de Internet o en las redes sociales–, al introducir en la ecuación de precios el valor económico que extraen de la gestión del Big Data que obtienen de sus usuarios, gracias al desarrollo tecnológico de los mercados digitales de los últimos años. Abordamos aquí cómo son, además, mercados altamente concentrados con características de oligopolio natural y altos costes de entrada. Todos estos elementos hacen mucho más compleja la política de defensa de la competencia, que debe adaptarse a estas nuevas realidades de forma que las autoridades de competencia actúan en un proceso casi de naturaleza ad hoc sobre el análisis de las estrategias competitivas de las empresas que basan su modelo de negocio en el acceso y uso comercial de los datos.

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Apuntes sobre estancamiento secular (IX): Implicaciones de política monetaria

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Mencionábamos en una entrada anterior que en coyunturas económicas de crecimiento reducido, inflación cercana a cero, tipos de interés muy bajos y expectativas decaídas –recuérdese que hablamos de los últimos años, no sólo de los últimos meses–, la política monetaria tradicional sería probablemente inefectiva. Y eso es exactamente lo que hemos visto en tiempos recientes, acentuado por la falta de apoyo de la política fiscal. No es de extrañar, por tanto, que en este contexto hayan aparecido instrumentos de política monetaria no convencionales.

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Captura regulatoria

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La teoría económica ofrece una denominación técnica para el «capitalismo clientelar» o «capitalismo de amiguetes». Se trata de la captura institucional o captura regulatoria.

Los procesos de captura regulatoria se producen cuando el regulador no diseña una regulación con el objetivo y el efecto de aumentar la eficiencia o la equidad, sino para aumentar el bienestar de una industria o grupo de presión, adoptando una óptica de interés particular y no de interés general.

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