No es habitual que, a las puertas de las Navidades, la aparición de un icono de nubes y lluvia en el teléfono nos produzca satisfacción. La sequía no es un fenómeno nuevo en España, pero sí lo es su manifestación en esta época del año, tras un otoño que puede acabar siendo de los más secos de la historia. La escasez de precipitación tiene sin duda implicaciones económicas y sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Las más obvias afectan a la producción agrícola y a la generación de energía hidroeléctrica, pero pueden llegar a afectar al consumo (a través de restricciones), al medio ambiente (ecosistemas, biodiversidad) y a otras actividades productivas. Dado que el cambio climático puede acentuar la incidencia y duración de la sequía, convendría conocer mejor su impacto económico para, en su caso, poder adaptar las políticas, las instituciones y los comportamientos de empresas y consumidores.
La sequía es una deficiencia prolongada de precipitación con respecto a su nivel medio que acaba produciendo escasez, afectando a algunos de los usos del agua. Suele medirse a través del Índice de Precipitación Estandarizada (SPI, por sus siglas en inglés), que representa el número de desviaciones típicas de la precipitación durante un período de tiempo respecto a su media histórica. La sequía se presenta cuando el índice toma valores inferiores a -1, señalando que la desviación negativa de la precipitación respecto a su media es mayor que la desviación media.
Si se toman como referencia los tres últimos años, el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología muestra que gran parte de Cataluña, una zona considerable de Galicia y el centro de Castilla y León registran valores del SPI que indican una situación de clima extremadamente seco (en rojo en el gráfico). Otras zonas adyacentes a éstas registran valores de clima seco, mientras solo en franjas del centro norte y del litoral del sureste los valores del índice son normales.
La escasez de agua se refleja también en la reserva hidráulica superficial, ya que según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), los embalses están al 36,5% de su capacidad, un 56% por debajo de la media de los últimos diez años.
Para hacerse una primera idea del impacto económico de este episodio de sequía, se puede recurrir a las estimaciones de costes directos de los episodios anteriores de sequía que ha sufrido España, que figuran en la Base de Datos Internacional sobre Desastres gestionada por la Universidad de Lovaina. En dólares de 2002, la sequía de 1980-82 costó 5.100 millones, la de 1990-95, 5.900 millones y la de 1998-1999, 3.550 millones. Son cantidades modestas en términos macroeconómicos que se refieren solo a los costes directos, de los cuales alrededor del 65% afectan al sector primario (descensos en la producción agrícola de regadío y de secano) y gran parte del resto a la producción de energía hidroeléctrica.
La estimación de los costes de la sequía de 2005-2006 en la cuenca del Ebro que realiza Gil Sevilla (2013) también apunta a costes moderados: un total de 585 millones de euros incluyendo los costes indirectos sobre la industria agroalimentaria, sin que se observe una caída en el nivel de empleo. Este trabajo recuerda que existen varios mecanismos compensadores que pueden limitar el alcance de los costes. En particular, las subidas de precios ante descensos en la producción tienden a atenuar el efecto en la renta de los agricultores. Por otra parte, los sistemas de prevención y gestión de la sequía que funcionan en España desde hace años contribuyen a adaptar el uso del recurso de manera eficiente ante situaciones de escasez.
Los efectos directos de la sequía en el episodio actual ya se están haciendo sentir, aunque en estadísticas como la Contabilidad Nacional Trimestral, las Afiliaciones a la Seguridad Social o incluso la renta agraria (que habría crecido casi el 5% en 2017 según el MAPAMA) aún no muestren impactos significativos. Por ejemplo, en lo que llevamos de 2017, la hidroeléctrica ha generado solo el 7,5% del total de electricidad, haciendo que la aportación de las renovables caiga al nivel más bajo de los últimos cuatro años.
Habrá que esperar para conocer el coste definitivo, pero la aparente modestia del coste en términos macroeconómicos no debería llevarnos a la complacencia. Jenkins (2012) realiza una estimación de posibles impactos de la sequía en varios países, entre ellos España, bajo distintos escenarios de avance del cambio climático. En primer lugar, la mayoría de expertos coincide en que la región mediterránea sufrirá en las próximas décadas sequías más intensas y más prolongadas. La autora construye funciones de sequía, que relacionan el comportamiento del SPI en períodos de 6 y 12 meses con los costes directos. Así, bajo distintos escenarios de sequía futura, obtiene un montante de costes medios esperados para cada país. En el caso de España, el coste medio anual en el período 2003-2050 sería de entre el 0,1 y el 0,2% del PIB. Seguimos en parámetros reducidos. Si se añaden los costes indirectos (pérdidas de producción y empleo en otros sectores), estimados a través de Tablas Input-Output, el coste total podría casi doblarse.
No obstante, esta estimación relativamente tranquilizadora debe matizarse con varios elementos. El primero es la incertidumbre. El segundo es el mayor riesgo de que se produzcan sequías catastróficas. En la estimación de los costes directos, los episodios más extremos podrían llegar a costar un 4% del PIB. Por último, hay cierta evidencia de que con el aumento de la duración de las sequías los costes pueden empezar a comportarse de manera no lineal, sobre todo los indirectos. Imaginemos por ejemplo el efecto que podrían tener las restricciones significativas del consumo sobre el turismo; o las consecuencias de la desertificación y la desaparición de humedales. Por otra parte, los costes de la sequía están muy concentrados en determinados grupos y zonas geográficas, de manera que el impacto en el bienestar de estos puede ser muy considerable.
En definitiva, las estimaciones disponibles apuntan a que sequías como la que está padeciendo España tienen unos costes económicos relativamente moderados. Sin embargo, la prudencia aconsejaría por una parte, aprovechar este episodio para mejorar el conocimiento sobre el alcance de los impactos socioeconómicos y, por otra parte, seguir perfeccionando los mecanismos de mitigación y gestión, tanto por el lado de la oferta como por lo que respecta a la demanda. Con un recurso tan esencial como el agua, mejor no arriesgar.