El 10 de abril es una fecha clave para el Brexit. Pero no solo porque el Consejo Europeo va a decidir si concede o no otra prórroga a Theresa May –para seguir negociando con Corbyn– y evitar una salida sin acuerdo. También porque, en esta misma fecha, en una fría mañana de Viernes Santo de 1998, se firmó un acuerdo sin el cual no se podría explicar la dificultad que existe hoy para hallar una solución al sainete del Brexit. Tiene que ver con Irlanda y con una escalera.
La última vez que escribí sobre la sequía empezó a llover. La estación seca esta vez ha sido el invierno, con la temperatura máxima media más alta desde que se dispone de registros. La situación hídrica de cara a la primavera es menos alarmante que a finales de 2017, porque gracias a las lluvias de la primera mitad de 2018, las reservas en los pantanos están al 58%, solo ligeramente por debajo de sus niveles medios históricos. Mi preocupación en esta ocasión estaba por encima de la lluvia. La monotonía del cielo de Madrid durante estos meses me estaba haciendo añorar las nubes, cuando leí sobre un artículo de la revista Nature Geoscience que alertaba de que no serían inmunes al cambio climático.
El sábado 23 de marzo más de un millón de personas se concentraron en Londres para reclamar un segundo referéndum. En paralelo, más de cinco millones de personas han firmado una petición al Parlamento británico para que revoque el artículo 50, cancelando unilateralmente el proceso de salida. ¿Puede haber freno y marcha atrás en el Brexit? Es un buen momento para analizar esta posibilidad, pero más que desde un punto de vista general, desde otras dos perspectivas diferentes: la opinión de los propios británicos –a través de las encuestas– y la de los intereses de la Unión Europea.
Uno de los debates recurrentes durante las campañas electorales en casi todos los países avanzados es el que tiene que ver con la fiscalidad que, muy sintéticamente y sin perjuicio de múltiples matices, se puede reducir a dos posiciones: la socialdemócrata, a favor de tipos marginales progresivos y de una mayor presión fiscal, y la liberal, a favor de reducir los impuestos y la presión fiscal. Se trata de opciones políticas legítimas muy directamente relacionadas con las políticas públicas (y el tamaño del gasto público) que se consideran necesarias y con las consideraciones sobre la estabilidad fiscal.
En otra entrada ya veíamos que una mayor presión fiscal no implica menor riqueza, ni menor productividad (más bien puede ser al revés). Aquí se plantean seis gráficos que reflejan que en los países de nuestro entorno (con datos de países OCDE) no se observa una relación directa entre el nivel de los tipos impositivos y el rendimiento de la economía en términos de crecimiento o de recaudación –es decir, no se cumple la todavía recurrente curva de Laffer, que establece que a partir de cierto nivel, menores tipos impositivos, generan más actividad económica y con ellos más recaudación–.
El año pasado fue un tiovivo para la economía y los mercados mundiales. Empezó muy bien, con un ritmo alto de crecimiento sincronizado y primas de riesgo muy bajas. Luego se fue torciendo, a medida que la tenue normalización monetaria y el neoproteccionismo en Estados Unidos crearon incertidumbre e hicieron temer por la sostenibilidad del ciclo expansivo. El final de año fue pésimo, con fuertes caídas de las Bolsas y de los precios de la deuda privada, mientras el comercio mundial caía por primera vez en años. Cuando nos acercamos al final del primer trimestre, lo único claro entre la bruma es el daño sufrido por la Zona Euro. Tan fuerte ha sido el impacto sobre el crecimiento europeo, que el BCE ha dado marcha atrás en su reunión del 7 de marzo, anunciando nuevas medidas de expansión monetaria pocas semanas después de poner fin al programa de compras de activos.
Una tarde de septiembre de 1944, el oficial de guardia de la Gestapo en la prisión de Brauweiler recibió a un nuevo detenido, acusado de participar en el atentado contra Hitler. Era un abogado mayor, de casi 70 años, con aspecto cansado. Le despojó de sus tirantes, los cordones de sus zapatos, su corbata y su navaja de pulsera y lo acompañó hasta su celda. Mientras cerraba desde fuera, acercó su cabeza al ventanuco de la puerta y le dijo: “Y ahora, no se le ocurra suicidarse. Me metería en un buen lío. Además, a su edad, su vida está prácticamente terminada”.
Theresa May ha planteado al Parlamento británico un esquema de tres votaciones consecutivas entre el 12 y el 14 de marzo para tratar de desbloquear el proceso del Brexit: voto a favor o en contra del acuerdo con la UE (el 12 de marzo), voto a favor o en contra de la salida de la UE sin acuerdo (el 13) y voto a favor o en contra de negociar una prórroga para el Brexit (el 14). En principio, el objetivo de este esquema es incentivar un voto favorable al Acuerdo con la UE, porque si el Parlamento rechaza el Acuerdo y también la salida sin acuerdo, entonces está destinado a la prórroga, con el riesgo de un segundo referéndum. Ahora bien, como veíamos en otra entrada, el orden de presentación de las votaciones no es irrelevante cuando se plantea una problema de intransitividad de las preferencias.
A apenas un mes para que venza el plazo establecido en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y el Reino Unido pase formalmente a ser un país extracomunitario, mientras reina la incertidumbre sobre la votación del Acuerdo de Salida del próximo 12 de marzo, la posibilidad de una extensión o la de un segundo referéndum de ratificación, es hora de extraer algunas lecciones políticas de lo que ha sido hasta el momento el proceso de Brexit.
Cuenta Branko Milanovic en su libro Desigualdad mundial que, a pesar del progreso reciente de países como China o India, la localización sigue dominando a la clase social como determinante de la desigualdad. El accidente del nacimiento bendice a algunos con una prima de ciudadanía: si naces en Estados Unidos tu renta media será 93 veces más alta que si naces en el Congo. Esta prima es una renta (una remuneración no merecida), que desaparecería si los trabajadores disfrutaran de libertad para decidir su lugar de residencia. Si así fuera, aumentarían tanto la eficiencia como el PIB global, pero la gran contradicción de la globalización es que el trabajo disfruta de menos libertad para moverse que los bienes y el capital. Asumiendo las restricciones políticas en los países desarrollados para aceptar mayores flujos de inmigración, Milanovic propone rebajar los derechos de los inmigrantes legales exigiéndoles, por ejemplo, mayores impuestos u obligándolos a volver a sus países después de un período.
En la entrada anterior, estar feliz y ser feliz, veíamos la diferencia entre la felicidad “evaluada” (ser), es decir, el relato que hacemos sobre nuestra vida, y la “experimentada” (estar), referida a la frecuencia e intensidad de las sensaciones (como alegría, estrés, tristeza, afecto) que vivimos en el día a día. Desde la perspectiva de la felicidad experimentada, el objetivo debería ser maximizar la cantidad de nuestras experiencias futuras positivas. Sin embargo, en la práctica, la evaluada es la que domina en nuestra toma de decisiones sobrevalorando elementos como el nivel de renta, que a nivel agregado se puede extrapolar en una sobrevaloración del crecimiento del PIB como objetivo de política económica.
