El desarrollo de la política industrial –es decir, las políticas púbicas de estímulo a determinadas actividades económicas para favorecer un cambio en la estructura de la economía– se ha visto envuelto tradicionalmente en el debate que enfrenta a los fallos de mercado (que justifican su aplicación), frente a los del sector público (que la cuestionan). La síntesis de este debate había dado como resultado la “horizontalización” de la política industrial –orientada a la mejora del marco institucional y el mercado interior, las infraestructuras y al fortalecimiento de los factores de producción (como tecnología, innovación, capital humano o la capacidad emprendedora)–. Sin embargo, en los últimos años se está recuperando la aplicación de políticas verticales de apoyo a sectores específicos, donde la clave está en la búsqueda de mejores prácticas de intervención para evitar los fallos del sector público.
