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La condicionalidad ya no es lo que era

Decía José Manuel Blecua, uno de los grandes filólogos españoles, que las palabras tienen no sólo un significado, sino también una dimensión emotiva. Es decir, las palabras son también lo que evocan.

En el ámbito económico, y por motivos históricos, el término “condicionalidad” es evocador de muchas cosas, generalmente negativas. Cuando pensamos en condicionalidad, inmediatamente nos vienen a la memoria conceptos como los de la crisis de la deuda, Grecia, troika, Fondo Monetario Internacional o ayuda ligada. Es decir, reflejos de un pasado económico en el que se cometieron algunos errores y del que, por suerte, hemos aprendido.

Recordando a Williamson

A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, en la universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh trabajaba un grupo de economistas cuyas trayectorias iban a condicionar la historia de la economía de la última parte del siglo. En el programa conjunto de economía y teoría de la organización de la Escuela de Organización Industrial, caracterizado por el enfoque interdisciplinar, daba clase Herbert Simon, el padre de la racionalidad limitada, un enfoque que pretendía integrar en la economía la toma de decisiones tal y como se produce en la realidad. En reacción a esa visión escéptica, John Muth desarrolló la hipótesis de expectativas racionales, que formalizaba la racionalidad y la adaptaba al entorno de modelos dinámicos y estocásticos. Las dos concepciones de la racionalidad dieron lugar a una gran bifurcación. Oliver Williamson, un alumno de Simon que se convirtió en el padre de la Nueva Economía Institucional, nos dejó el 21 de mayo a los 87 años.

Ayudas de Estado en Europa: entre Escila y Caribdis

En el canto XII de La Odisea, la hechicera Circe le indica a Ulises cómo proseguir su viaje y le advierte de que deberá navegar entre el peligroso escollo en el que habita Escila, un terrible monstruo de doce pies y seis cabezas, y el mortal remolino de Caribdis, que engulle cualquier embarcación que se le acerca. Desde entonces la expresión “entre Escila y Caribdis” refleja la dolorosa elección entre dos situaciones igualmente peligrosas.

A la hora de salvar empresas consideradas viables a largo plazo –pero con riesgo de solvencia a corto por la crisis del coronavirus– mediante participaciones en el capital, muchos países se encuentran en la tesitura de tener que elegir entre el inyectar fondos públicos y convencer al sector privado para que lo haga. Es decir, navegar entre Escila y Caribdis.

Las cifras del Plan de Recuperación para Europa

La Comisión Europea presentó el pasado 27 de mayo su propuesta para un Plan de Recuperación para Europa, siguiendo la estela de la propuesta francoalemana y basada en la idea fundamental de que, tras la emergencia, la recuperación de la crisis económica inducida por la pandemia de la COVID-19 ha de apoyarse en dos factores: un marco presupuestario reforzado y un impulso temporal extraordinario.

Justa indignación

Desde el homicidio del ciudadano de raza negra George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis, tras el atroz abuso de poder del policía de raza blanca, Derek Chauvin, Estados Unidos ha vivido la ola de protestas cívicas más intensa desde 1968. Más de medio siglo después del movimiento por los derechos civiles y el asesinato de Martin Luther King, la población negra sigue manteniendo unos niveles completamente desproporcionados de marginación económica y social.

La solidaridad bien entendida

El término “solidaridad” viene del latín solidus, que quiere decir, sólido, firme, compacto. El término latino viene a su vez de la raíz indoeuropea *sol, con el sentido de “entero”, y de él se han derivado otros términos que expresan esa relación de unidad, como sólido, soldar o soldado.

Sólo hay pues solidaridad entre iguales, entendida como el apoyo a aquellos que han corrido peor suerte que uno mismo. La ayuda desde la superioridad no es solidaridad, sino caridad, del latín caritas (favor, benevolencia), la concesión que hace el poderoso frente al débil. A menudo, sin embargo, estos términos se entremezclan.

Cuatro reformas para la recuperación

Tras la emergencia sanitaria, llega la emergencia económica y social. La pandemia no solo va a amputar alrededor de un diez por ciento de nuestro PIB este año, sino que amenaza seriamente nuestra estabilidad y prosperidad futuras. Después de haber acarreado con denuedo la roca de la recuperación por la pendiente de la montaña, el virus nos vuelve a arrastrar ladera abajo y no sabemos dónde nos detendremos. Más allá de las medidas que se están aplicando para contener el golpe a corto plazo sobre las rentas y el empleo, la política económica española tiene que iniciar un nuevo ciclo de reformas con luces largas. Una vez conocida la propuesta de la Comisión sobre el Fondo de Recuperación, está claro que la respuesta europea esta vez nos proporciona un caparazón monetario, financiero y fiscal que nos protege mientras nos levantamos tras el golpe.

Y Merkel cambió de opinión

Una tarde de primavera de 1946 Friedrich Hayek, de visita en Londres, coincidió con Keynes en una cena en el King’s College. Después del postre, Hayek aprovechó para expresarle su preocupación por el hecho de que dos de sus discípulos estuvieran promoviendo políticas fiscales expansivas en contextos que podrían ser inflacionistas. Keynes, por supuesto, no le dijo que eso era una tontería, ni le llamó agorero, ni se le ocurrió decir que inflación y desempleo no podían aumentar a la vez. Sonrió y se limitó a responder, con elegancia: “Mis teorías eran importantes en los años treinta, cuando el problema era la deflación, no la inflación. Créame, si la inflación alguna vez se convierte en un problema, seré el primero en denunciarlo y darle la vuelta a la opinión pública”.

Economía del cambio climático (II): los costes de emitir CO2

En una entrada anterior (previa al estallido de la COVID-19) veíamos el problema a resolver que plantea el cambio climático, que continúa siendo un reto central para la economía global y puede ser ahora también el eje sobre el que dar respuesta a la crisis del coronavirus, impulsando una transición de nuestras estructuras económicas hacia una economía verde. Como veíamos, el objetivo científico es contener el aumento de la temperatura a 2oC por encima de los niveles preindustriales y preferiblemente a 1,5oC, lo que exige reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono, CO2 (y también de otros gases de efecto invernadero, GEI), en las próximas cinco décadas (tres, si el objetivo es 1,5 oC). Desde un enfoque económico, el siguiente paso analizar los costes que generan las emisiones de GEI y los costes en los que se incurre en su reducción para tratar de determinar las alternativas más eficientes y/o eficaces para reducirlas. La estimación de estos costes está sujeta a una incertidumbre muy elevada porque deben estimar impactos de muy largo plazo y los distintos modelos presentan estimaciones muy dispares. En esta entrada nos centramos en los costes de las emisiones de CO2.

El constitucional alemán y las costuras de la UE

Por si no teníamos suficientes problemas en Europa, el pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal constitucional alemán decidió jubilarse con una andanada de fuegos artificiales: una sentencia que establece que el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) supone una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo (BCE). Que diga eso es grave, pero lo es aún más teniendo en cuenta que hace catorce meses el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), máximo intérprete de la legislación comunitaria, dijo justo lo contrario.