Categoría: Colaboradores

Más detalles sobre el Fondo de Recuperación europeo

La Comisión Europea publicó, el pasado 17 de septiembre, detalles adicionales sobre el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR), basándose en el Acuerdo del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020. ¿Qué detalles son especialmente relevantes para España?

A partir del 15 de octubre (y hasta el 30 de abril de 2021), los Estados Miembros pueden enviar a la Comisión sus planes de recuperación y resiliencia (PRR), que recogerán sus estrategias nacionales de reformas e inversiones hasta 2026. Muy importante, los objetivos de esas reformas e inversiones deben estar en línea con los del FRR (avanzar en la transición ecológica y digital, así como fortalecer las economías nacionales) y los Estados Miembros deben considerar las recomendaciones específicas comunicadas a cada país por las autoridades europeas en los últimos años, especialmente 2019 y 2020. La valoración de dichos planes por la Comisión (y su posterior aprobación por mayoría cualificada por el Consejo Europeo) se efectuará teniendo en cuenta las mencionadas recomendaciones y esa valoración es previa al desembolso de fondos.

¿Qué se entiende por ‘inversiones’ financiadas por el plan europeo?

El clima era depresivo en Europa en 2012. Los países cuyo tipo de interés real cayó abruptamente tras la creación del euro habían vivido largos ciclos de expansión impulsados por la demanda interna y rápidamente financiados desde el norte de Europa, en el contexto de la libre circulación de capitales entre todos acordada. La crisis de Lehman Brothers expuso en 2008 esta realidad y el secado del mercado bancario dejó a estos países (Grecia, Irlanda y Portugal, primero, y, más tarde, España), sin financiación externa. En medio, se destapó la falta de credibilidad de las cuentas públicas griegas. Todos compartían un saldo exterior deficitario. No todos compartían irresponsabilidad en la gestión de sus cuentas públicas, o al menos, no del mismo tipo.

¿Hay que crear un banco malo europeo?

Tras el estallido de la pandemia y su impacto sobre la economía real, se prevé un crecimiento significativo de la morosidad en los próximos meses. En este contexto, algunas autoridades y banqueros han valorado positivamente la creación de un banco malo europeo que adquiera y gestione dichos activos. ¿Es esto legalmente posible y económicamente recomendable?

El Consejo Europeo discute sobre lo importante

Los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 se reúnen en un Consejo Europeo este viernes para discutir por primera vez la propuesta de fondo de recuperación de la Comisión Europea del 27 de mayo. Es un momento histórico, no tanto por los acuerdos que de ahí se deriven, que serán a estas alturas aún escasos, sino por la naturaleza de lo que se debate. Por primera vez, el Consejo Europeo va a dedicar tiempo y capital político a debatir una propuesta de presupuesto comunitario con cifras relevantes, que supondría el lanzamiento de los eurobonos en versión comunitaria (27 tesoros + 1). Estridencias comunicativas aparte, ningún país ha anunciado su ausencia, que sería la manera de bloquear efectivamente el acuerdo. Si el debate era duro cuando no eran cifras macroeconómicamente relevantes, en este caso será cruento; no hay que dejarse impresionar por los cruces del viernes mientras nadie se levante de la silla.

La respuesta europea ante la COVID-19

Europa se enfrenta a una crisis sin precedentes, tanto por su magnitud (la Comisión espera una contracción histórica de la economía europea del 7,5% este año) como por su tipología. Y es que, a diferencia de otras crisis, la economía no se contrae por ninguna causa endógena, es decir, no cae por su propio peso, sino como consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia, que han tenido como consecuencia inevitable una contracción tanto de la oferta como de la demanda. Otra diferencia es que, esta vez, la UE y sus Estados miembros han sacado toda la artillería. Se ha puesto en marcha toda una batería de instrumentos (por un importe de más de 3,4 billones de euros) y es previsible que el esfuerzo se mantenga en el futuro, con la activación del Plan de Recuperación para Europa que presentó el 27 de mayo la Comisión.

¿Se extralimita el Banco Central Europeo?

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA[1]) ha sido muy polémica[2] porque, aunque se refiere sólo al “Public Sector Purchase Program” (PSPP[3]), lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, ha supuesto un desafío legal de primera magnitud y puede afectar a la ejecución de programas monetarios posteriores del BCE. Resumiendo, la sentencia dice que, en principio, considerando el volumen y la duración del programa, éste puede ser desproporcionado, interfiriendo con las medidas de política económica que son una competencia exclusiva de los Estados Miembros (EEMM). Por tanto, el TCFA concluye que todo hace indicar que el BCE ha excedido los límites establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) a la cesión de soberanía acordada por los EEMM.

El juego político del constitucional alemán

En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.

España después de la COVID-19

Parece claro que el principal problema que ha habido en España (y en otros países), además de la elevada tasa de contagio del virus, es la concentración en el tiempo de los contagiados, especialmente de aquéllos que han necesitado un tratamiento hospitalario y, sobre todo, en UCI. El temor a un colapso sanitario (que durante varias semanas se ha dado, lo que ha incrementado sustancialmente la letalidad de la pandemia) ha movido a casi todos los gobiernos a exigir un confinamiento obligatorio durante varias semanas. Las consecuencias del parón de la economía mundial van a ser devastadoras para muchos millones de personas.

Estos días ha comenzado el proceso de desconfinamiento en España, así como en la mayoría de países europeos. Este proceso llevará semanas hasta concluirse. En este artículo vamos a intentar mirar más allá, cuando se haya superado la crisis sanitaria y suponiendo que dicho proceso no va a encontrar obstáculos significativos (por ejemplo, brotes recurrentes agudos en los próximos meses).  ¿Qué podemos esperar a medio y largo plazo? ¿Volveremos sin más a la normalidad anterior?

¿Hacia una Economía del Desarrollo sin sesgo moral?

Una de las obsesiones más marcadas de expertos e investigadores en el campo de la economía del desarrollo ha sido la necesidad de evidenciar por todos los medios a su alcance la posible correlación entre factores éticos y crecimiento del bienestar (en este caso la falta del mismo) en los países en vías de desarrollo. Entre estos sesgos morales, tal vez ninguno más tentador que el que atribuye al colonialismo europeo en África el origen fundamental de la falta de desarrollo actual en este continente.

La clave está en la gestión de riesgos

Era posible leer en anteriores días de zozobra e incertidumbre varios artículos en la prensa, este, este o este, donde se vertían (de manera ventajista y bastante poco rigurosa, a mi entender) opiniones sobre las razones de la desventaja comparativa de la mayor parte de los países europeos (habría que discutir la excepción alemana y nórdica) con países asiáticos en relación con la gestión adecuada de la emergencia provocada por el coronavirus.