Mediaba el 24 de diciembre cuando –en oportuna fecha- recibíamos la fecha del advenimiento del acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno sobre la reforma laboral, cerrando así el tortuoso (y rico en retórica y marketing) proceso de negociación, y liberando potencialmente el penúltimo escollo para el siguiente desembolso de fondos UE. Aquí se recogen unas primeras impresiones, basadas en la información que ha publicado la prensa hasta el momento (con todas las cautelas del caso).
La relación entre la política fiscal y el entorno macroeconómico ha venido siendo compleja al menos desde que se sentó el principio de que el “equilibrio presupuestario” (en cualquiera de sus acepciones) debía buscarse “a lo largo del ciclo”. La calidad de la política fiscal, inicialmente medida por el criterio simple (gastos igual a ingresos), pasaba a sustituirse por el criterio de equilibrio en el promedio del ciclo.
En las últimas semanas hemos vuelto a tener las pensiones en los titulares de los diarios. Su desequilibrio a medio plazo (también a corto) y las propuestas de reforma desde el gobierno han ocupado buena parte del debate económico en días recientes. Como cualquier otra política pública, las pensiones concitan dos tipos de tareas para el policy maker, nítidamente separadas (aunque confusamente denominadas): la política económica en sentido estricto (la sustancia de la medida propuesta, y su impacto en las variables objetivo) y la llamada “economía política” (cómo afecta la medida a los distintos colectivos y cómo se negocia con ellos para conseguir una combinación razonable de apoyo social y político a la medida por un lado, con el mejor resultado posible en términos de variables objetivo).
En esta entrada repasaremos de manera somera la economía política de las pensiones: los beneficiados y perjudicados por una posible reforma, qué papel juegan en la negociación y qué sesgos tiene el proceso. Como veremos, en términos de su economía política las pensiones son probablemente el problema más complejo al que se puede enfrentar un policy maker en un país desarrollado.
En la entrada anterior analizamos la cuestión del nivel de negociación de convenios desde el punto de vista económico, y analizamos el particular tipo de convenios sectoriales españoles desde esa óptica. Una aproximación complementaria puede partir de la experiencia en estos últimos nueve años con los convenios de empresa en nuestro país. Repasemos pues algunas críticas a los convenios de empresa en nuestro país y veamos qué evidencia existe sobre su impacto en la realidad económica española.
La cuestión de los convenios colectivos sectoriales y su posible primacía frente a los de empresa viene siendo elemento importante en el debate político de los últimos años. Esta discusión, con menos impacto mediático quizá que la del salario mínimo, tiene sin embargo una importancia probablemente superior.
En la entrada anterior veíamos los principales elementos del Plan de Biden. Tras ese repaso desde el punto de vista de la política económica, queda la visión de la economía política, esto es, de las relaciones de poder y entre distintos colectivos y contexto político general que han posibilitado este plan. Una aproximación como veremos, esencial para entender el plan. El análisis que sigue recoge la perspectiva de las élites demócratas que ocupan el gobierno, que es evidentemente el criterio político clave que explica la gestación y el particular diseño del plan.
El pasado 11 de marzo, el Presidente Biden firmaba el plan fiscal conocido como American Rescue Act, una vez aprobado este por el Congreso y el Senado. Tras una rápida tramitación y una aprobación estrictamente “partidista” (sin ningún apoyo republicano en el Congreso y el Senado), el American Rescue Act se convertía definitivamente en ley.
En la entrada anterior veíamos qué líneas de acción debían ponerse en marcha para frenar el desplome económico asociado a las medidas de distanciamiento social, y asegurar un adecuado impacto a corto y a medio plazo. Veamos ahora las implicaciones presupuestarias.
En la entrada anterior vimos los perfiles generales de la coyuntura actual, los principios básicos de respuesta y cómo debe dimensionarse esta. En esta entrada revisaremos los mecanismos deseables de apoyo a trabajadores y empresas.
La pandemia COVID-19 ha situado a la economía mundial en una coyuntura inédita: una contingencia que obliga a limitar severamente el contacto humano impidiendo (entre otras muchas cosas) el normal desenvolvimiento de la actividad económica. Como estamos viendo, es una situación que genera reducciones de PIB dos órdenes de magnitud superiores a las que nos podían preocupar hace apenas dos meses.
Nadie tiene una hoja de ruta sobre qué hacer en casos como éste. Las facultades de economía enseñan cómo responder a las desaceleraciones puramente cíclicas o a las crisis financieras, pero no cómo reaccionar cuando la inmensa mayoría de trabajadores y consumidores deben quedarse en sus casas un periodo prolongado de tiempo, limitando severamente sus posibilidades de gasto (y de producción). El símil de una guerra, muchas veces utilizado, es apropiado: coherente con la dimensión del impacto económico y con la escala abrumadora, y sin más precedentes que los grandes episodios bélicos, de las medidas que deben adoptarse.
