En 1987 Robert Solow se quejaba de que la era de las computadoras se reflejaba en todas partes, salvo en las estadísticas de productividad. Hoy, parafraseándole, podríamos decir que la era del Big Data se refleja en todas partes, salvo en las políticas públicas.
En una entrada anterior se planteaban los trilemas en “política económica”. El punto de partida de los trilemas son los valores, que determinan los principios y objetivos que deben regir la “política”, donde la parte “económica” de la ecuación aporta el camino más apropiado para alcanzar esos objetivos. En las democracias occidentales, el principal marco de referencia de los valores lo proporciona el lema de la revolución francesa: libertad-igualdad-solidaridad (fraternidad), que constituyen entre sí un trilema, en el sentido de que pueden entrar en conflicto en su desarrollo, lo que exige buscar un equilibrio apropiado entre los tres. Los valores cambian en el tiempo y con ellos las recomendaciones de política económica. En 2020, la pandemia ha introducido un cambio fundamental en los valores porque ha supuesto una renuncia a parte de nuestra libertad por una mayor solidaridad, en este caso, por el interés y la obligación compartida de la salud pública. Aprovechemos este cambio para asentar una economía con más solidaridad.
Tras la emergencia sanitaria, llega la emergencia económica y social. La pandemia no solo va a amputar alrededor de un diez por ciento de nuestro PIB este año, sino que amenaza seriamente nuestra estabilidad y prosperidad futuras. Después de haber acarreado con denuedo la roca de la recuperación por la pendiente de la montaña, el virus nos vuelve a arrastrar ladera abajo y no sabemos dónde nos detendremos. Más allá de las medidas que se están aplicando para contener el golpe a corto plazo sobre las rentas y el empleo, la política económica española tiene que iniciar un nuevo ciclo de reformas con luces largas. Una vez conocida la propuesta de la Comisión sobre el Fondo de Recuperación, está claro que la respuesta europea esta vez nos proporciona un caparazón monetario, financiero y fiscal que nos protege mientras nos levantamos tras el golpe.
En la entrada anterior veíamos qué líneas de acción debían ponerse en marcha para frenar el desplome económico asociado a las medidas de distanciamiento social, y asegurar un adecuado impacto a corto y a medio plazo. Veamos ahora las implicaciones presupuestarias.
En la entrada anterior vimos los perfiles generales de la coyuntura actual, los principios básicos de respuesta y cómo debe dimensionarse esta. En esta entrada revisaremos los mecanismos deseables de apoyo a trabajadores y empresas.
La pandemia COVID-19 ha situado a la economía mundial en una coyuntura inédita: una contingencia que obliga a limitar severamente el contacto humano impidiendo (entre otras muchas cosas) el normal desenvolvimiento de la actividad económica. Como estamos viendo, es una situación que genera reducciones de PIB dos órdenes de magnitud superiores a las que nos podían preocupar hace apenas dos meses.
Nadie tiene una hoja de ruta sobre qué hacer en casos como éste. Las facultades de economía enseñan cómo responder a las desaceleraciones puramente cíclicas o a las crisis financieras, pero no cómo reaccionar cuando la inmensa mayoría de trabajadores y consumidores deben quedarse en sus casas un periodo prolongado de tiempo, limitando severamente sus posibilidades de gasto (y de producción). El símil de una guerra, muchas veces utilizado, es apropiado: coherente con la dimensión del impacto económico y con la escala abrumadora, y sin más precedentes que los grandes episodios bélicos, de las medidas que deben adoptarse.
Los últimos cuatro años en España han estado marcados por los avatares políticos. Cuatro elecciones generales, ascenso y caída de nuevos partidos y líderes políticos, quimeras y frustraciones a cuenta de Cataluña…En política económica, el balance de este período es muy pobre. El PIB ha crecido a una tasa media del 2,6%, se ha creado empleo a buen ritmo y se ha reducido la tasa de paro. Frente a este entorno favorable, los gobiernos sucesivos, en minoría y/o en funciones, no han conseguido impulsar cambios de calado. En casos como el de las pensiones, algunos aspectos de las reformas que se habían adoptado se han suprimido al evidenciarse como políticamente insostenibles. No se sabe cuánto durará la legislatura que ahora se abre; pero por el bien de todos, este período de abulia debería tocar a su fin. Si hay alguna certeza en este año que ahora empieza es que las políticas económicas son más necesarias que nunca.
Una propuesta para el debate lúdico en periodo de año nuevo: la ceremonia de los Premios Óscar de 1995 tuvo el mejor quinteto histórico de candidatas a la mejor película del año (sigue sin convencerme el formato actual de nueve candidatas). La lista de películas que no ganaron el Óscar es el mejor testimonio: no ganaron ni Cadena Perpetua (The Shawshank Redemption), ni Pulp Fiction –estas dos películas están en la mayoría de los listados de las mejores películas de la historia–, ni Cuatro Bodas y un Funeral, ni Quiz Show: el dilema. Han pasado ya 25 años y todas ellas son películas que retienen actualidad y que relanzaron o consolidaron la trayectoria de la mayoría de sus directores y principales actores. Tiene algo de rebuscado y es probablemente superfluo extraer elementos de estas películas que puedan utilizarse para consideraciones de política económica, pero ¿por qué no? Se puede intentar, al menos anecdóticamente.
En semana de elecciones, no está de más reiterar que no hay recetas de política económica objetivas, solo pueden entenderse desde los valores que las inspiran. Las propuestas de políticas económica son, en esencia, ideológicas, más aun, la literatura reciente sobre “economía política” ‒es decir el contexto institucional y político que condiciona el tipo de políticas que se impulsan y su posibilidad de éxito y aceptación social‒ también centra su análisis en los valores de los ciudadanos como el principal determinante, en última instancia, de las restricciones institucionales para las reformas de política económica.
