Los necesarios gastos para hacer frente a la crisis generada por la COVID han elevado significativamente los niveles de deuda pública a escala global. Desde los organismos internacionales, la consigna continúa siendo mantener el impulso fiscal hasta que se despeje la incertidumbre asociada a la pandemia y se asiente la recuperación. En paralelo, se han impulsado los debates sobre el marco fiscal post pandemia que pasa por elementos, tanto nacionales (como la calibración y eficiencia del gasto, o la imposición verde y digital), como internacionales (por ejemplo, la imposición mínima global o la lucha contra los paraísos fiscales). La semana pasada abordábamos el debate sobre las nuevas reglas fiscales en la UE, aquí nos centramos en el Marco Común (MC) para el tratamiento de la deuda impulsado por el G20 y el Club de París para los Países de Renta Baja (PRB).
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Independencia no significa aislamiento
La semana pasada la Oficina de Evaluación Independiente del FMI (IEO, por sus siglas en inglés), celebró una conferencia en conmemoración de su 20 aniversario con una doble mirada, tanto a su evolución tras dos décadas, como sus principales retos de cara al futuro. La IEO ha resultado ser una pieza fundamental en la gobernanza del FMI para impulsar la corrección de su rumbo, aprendiendo de los errores del pasado. La conferencia planteó varios debates de interés que afectan a los evaluadores de las políticas públicas en general, incluyendo: la efectividad de su estructura organizativa para impulsar el cambio, las ventajas comparativas de los distintos tipos de evaluaciones, o los retos que se plantean para la IEO en la próxima década.
La respuesta del FMI a la crisis
El FMI prepara una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) en agosto, lo que constituye el penúltimo paso en su respuesta a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Hasta hora, el balance del primer tiempo, el de la respuesta directa a la crisis creada por la pandemia, es positivo, si bien el Fondo podría haber sido más ofensivo. Pero queda un segundo tiempo mucho más complicado, favorecer un crecimiento sostenible en un contexto de reducido espacio macroeconómico, sobre todo en los países de renta media y baja. La nueva emisión de DEG y el creciente énfasis del FMI en la sostenibilidad climática y la inclusión social, apuntan en la buena dirección, pero hace falta reforzar su papel como prestamista de última instancia.
El legado de Lagarde
Christine Lagarde acaba de dejar el Fondo Monetario Internacional (FMI o Fondo) para presidir a partir del 1 de noviembre el Banco Central Europeo, siendo la primera mujer en dirigir ambas instituciones (y la primera en presidir el segundo despacho de abogados más grande del mundo y en ser ministra de finanzas en Francia). Ha dirigido el Fondo durante ocho años, desde junio de 2011, en los que ha pilotado una profunda transformación del FMI en todos sus principales frentes: gobernanza, políticas de vigilancia y de préstamo. Deja a su sucesora, Kristalina Georgieva, que toma hoy (1/10/2019) posesión, una institución mucho más adaptada a la realidad compleja de la economía global.
El vuelo del dodo
La conferencia de Jackson Hole de este año se ha centrado en los desafíos de la política monetaria. Como abordábamos, la política monetaria parece exhausta y ha perdido su capacidad para afectar a la demanda agregada y la inflación, de manera que, seguramente, la mejor alternativa es recurrir a la política fiscal y enterrar los mitos de la austeridad y la ineficiencia del sector público. Los banqueros centrales están buscando alternativas para ver cómo se puede recuperar la efectividad de la política monetaria, tanto por la vía de jugar con sus instrumentos actuales, como con propuestas más rompedoras desarrollando nuevos instrumentos ‒por ejemplo, tipos de interés negativos o dinero tirado desde un helicóptero ‒ o intentando modificar las reglas de juego del sistema monetario y financiero internacional (SMFI), incluyendo la revisión de la dominancia del dólar estadounidense como la divisa central del SMFI, alternativa en la que ha insistido el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.