Tras el estallido de la pandemia y su impacto sobre la economía real, se prevé un crecimiento significativo de la morosidad en los próximos meses. En este contexto, algunas autoridades y banqueros han valorado positivamente la creación de un banco malo europeo que adquiera y gestione dichos activos. ¿Es esto legalmente posible y económicamente recomendable?
Decía José Manuel Blecua, uno de los grandes filólogos españoles, que las palabras tienen no sólo un significado, sino también una dimensión emotiva. Es decir, las palabras son también lo que evocan.
En el ámbito económico, y por motivos históricos, el término “condicionalidad” es evocador de muchas cosas, generalmente negativas. Cuando pensamos en condicionalidad, inmediatamente nos vienen a la memoria conceptos como los de la crisis de la deuda, Grecia, troika, Fondo Monetario Internacional o ayuda ligada. Es decir, reflejos de un pasado económico en el que se cometieron algunos errores y del que, por suerte, hemos aprendido.
En el canto XII de La Odisea, la hechicera Circe le indica a Ulises cómo proseguir su viaje y le advierte de que deberá navegar entre el peligroso escollo en el que habita Escila, un terrible monstruo de doce pies y seis cabezas, y el mortal remolino de Caribdis, que engulle cualquier embarcación que se le acerca. Desde entonces la expresión “entre Escila y Caribdis” refleja la dolorosa elección entre dos situaciones igualmente peligrosas.
A la hora de salvar empresas consideradas viables a largo plazo –pero con riesgo de solvencia a corto por la crisis del coronavirus– mediante participaciones en el capital, muchos países se encuentran en la tesitura de tener que elegir entre el inyectar fondos públicos y convencer al sector privado para que lo haga. Es decir, navegar entre Escila y Caribdis.
Los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 se reúnen en un Consejo Europeo este viernes para discutir por primera vez la propuesta de fondo de recuperación de la Comisión Europea del 27 de mayo. Es un momento histórico, no tanto por los acuerdos que de ahí se deriven, que serán a estas alturas aún escasos, sino por la naturaleza de lo que se debate. Por primera vez, el Consejo Europeo va a dedicar tiempo y capital político a debatir una propuesta de presupuesto comunitario con cifras relevantes, que supondría el lanzamiento de los eurobonos en versión comunitaria (27 tesoros + 1). Estridencias comunicativas aparte, ningún país ha anunciado su ausencia, que sería la manera de bloquear efectivamente el acuerdo. Si el debate era duro cuando no eran cifras macroeconómicamente relevantes, en este caso será cruento; no hay que dejarse impresionar por los cruces del viernes mientras nadie se levante de la silla.
La Comisión Europea presentó el pasado 27 de mayo su propuesta para un Plan de Recuperación para Europa, siguiendo la estela de la propuesta francoalemana y basada en la idea fundamental de que, tras la emergencia, la recuperación de la crisis económica inducida por la pandemia de la COVID-19 ha de apoyarse en dos factores: un marco presupuestario reforzado y un impulso temporal extraordinario.
El término “solidaridad” viene del latín solidus, que quiere decir, sólido, firme, compacto. El término latino viene a su vez de la raíz indoeuropea *sol, con el sentido de “entero”, y de él se han derivado otros términos que expresan esa relación de unidad, como sólido, soldar o soldado.
Sólo hay pues solidaridad entre iguales, entendida como el apoyo a aquellos que han corrido peor suerte que uno mismo. La ayuda desde la superioridad no es solidaridad, sino caridad, del latín caritas (favor, benevolencia), la concesión que hace el poderoso frente al débil. A menudo, sin embargo, estos términos se entremezclan.
Europa se enfrenta a una crisis sin precedentes, tanto por su magnitud (la Comisión espera una contracción histórica de la economía europea del 7,5% este año) como por su tipología. Y es que, a diferencia de otras crisis, la economía no se contrae por ninguna causa endógena, es decir, no cae por su propio peso, sino como consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia, que han tenido como consecuencia inevitable una contracción tanto de la oferta como de la demanda. Otra diferencia es que, esta vez, la UE y sus Estados miembros han sacado toda la artillería. Se ha puesto en marcha toda una batería de instrumentos (por un importe de más de 3,4 billones de euros) y es previsible que el esfuerzo se mantenga en el futuro, con la activación del Plan de Recuperación para Europa que presentó el 27 de mayo la Comisión.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA[1]) ha sido muy polémica[2] porque, aunque se refiere sólo al “Public Sector Purchase Program” (PSPP[3]), lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, ha supuesto un desafío legal de primera magnitud y puede afectar a la ejecución de programas monetarios posteriores del BCE. Resumiendo, la sentencia dice que, en principio, considerando el volumen y la duración del programa, éste puede ser desproporcionado, interfiriendo con las medidas de política económica que son una competencia exclusiva de los Estados Miembros (EEMM). Por tanto, el TCFA concluye que todo hace indicar que el BCE ha excedido los límites establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) a la cesión de soberanía acordada por los EEMM.
Por si no teníamos suficientes problemas en Europa, el pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal constitucional alemán decidió jubilarse con una andanada de fuegos artificiales: una sentencia que establece que el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) supone una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo (BCE). Que diga eso es grave, pero lo es aún más teniendo en cuenta que hace catorce meses el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), máximo intérprete de la legislación comunitaria, dijo justo lo contrario.
En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.
