Tras la emergencia sanitaria, llega la emergencia económica y social. La pandemia no solo va a amputar alrededor de un diez por ciento de nuestro PIB este año, sino que amenaza seriamente nuestra estabilidad y prosperidad futuras. Después de haber acarreado con denuedo la roca de la recuperación por la pendiente de la montaña, el virus nos vuelve a arrastrar ladera abajo y no sabemos dónde nos detendremos. Más allá de las medidas que se están aplicando para contener el golpe a corto plazo sobre las rentas y el empleo, la política económica española tiene que iniciar un nuevo ciclo de reformas con luces largas. Una vez conocida la propuesta de la Comisión sobre el Fondo de Recuperación, está claro que la respuesta europea esta vez nos proporciona un caparazón monetario, financiero y fiscal que nos protege mientras nos levantamos tras el golpe.
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La respuesta europea ante la COVID-19
Europa se enfrenta a una crisis sin precedentes, tanto por su magnitud (la Comisión espera una contracción histórica de la economía europea del 7,5% este año) como por su tipología. Y es que, a diferencia de otras crisis, la economía no se contrae por ninguna causa endógena, es decir, no cae por su propio peso, sino como consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia, que han tenido como consecuencia inevitable una contracción tanto de la oferta como de la demanda. Otra diferencia es que, esta vez, la UE y sus Estados miembros han sacado toda la artillería. Se ha puesto en marcha toda una batería de instrumentos (por un importe de más de 3,4 billones de euros) y es previsible que el esfuerzo se mantenga en el futuro, con la activación del Plan de Recuperación para Europa que presentó el 27 de mayo la Comisión.
España después de la COVID-19
Parece claro que el principal problema que ha habido en España (y en otros países), además de la elevada tasa de contagio del virus, es la concentración en el tiempo de los contagiados, especialmente de aquéllos que han necesitado un tratamiento hospitalario y, sobre todo, en UCI. El temor a un colapso sanitario (que durante varias semanas se ha dado, lo que ha incrementado sustancialmente la letalidad de la pandemia) ha movido a casi todos los gobiernos a exigir un confinamiento obligatorio durante varias semanas. Las consecuencias del parón de la economía mundial van a ser devastadoras para muchos millones de personas.
Estos días ha comenzado el proceso de desconfinamiento en España, así como en la mayoría de países europeos. Este proceso llevará semanas hasta concluirse. En este artículo vamos a intentar mirar más allá, cuando se haya superado la crisis sanitaria y suponiendo que dicho proceso no va a encontrar obstáculos significativos (por ejemplo, brotes recurrentes agudos en los próximos meses). ¿Qué podemos esperar a medio y largo plazo? ¿Volveremos sin más a la normalidad anterior?
Europa no es sólo una cuestión de solidaridad
El debate sobre la necesidad de una intervención fiscal conjunta europea para hacer frente a la crisis del coronavirus empezó mal, pero va por buen camino. De los tristes argumentos morales que insistían en hacer paralelismos con la crisis de 2010, como si el problema fuera que España e Italia se habían contagiado por encima de sus posibilidades, poco a poco se ha ido pasando a una discusión técnica. El Eurogrupo del 9 de abril logró un acuerdo basado en una nueva línea de crédito de emergencia del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) sin condicionalidad, un fondo de garantía para la financiación empresarial a través del BEI y un mecanismo de asistencia financiera –bautizado como SURE– gestionado por la Comisión y destinado a financiar los gastos de los Estados miembros en esquemas de reducción temporal de empleo (como los ERTE de España). La última pieza es el Fondo de Recuperación, que deberá nutrirse del presupuesto de la UE, pero utilizando también la emisión de deuda, y ejecutarse con espíritu de solidaridad. El Consejo Europeo deberá concretar los perfiles de este instrumento.
La clave está en la gestión de riesgos
Era posible leer en anteriores días de zozobra e incertidumbre varios artículos en la prensa, este, este o este, donde se vertían (de manera ventajista y bastante poco rigurosa, a mi entender) opiniones sobre las razones de la desventaja comparativa de la mayor parte de los países europeos (habría que discutir la excepción alemana y nórdica) con países asiáticos en relación con la gestión adecuada de la emergencia provocada por el coronavirus.
La respuesta del FMI a la crisis de la COVID-19
La crisis del COVID-19 ha generado una profunda recesión en la economía global, no vista desde la Gran Depresión, que el FMI ha etiquetado como “El Gran Confinamiento”. A lo largo del último mes, el Fondo ha estado perfilando su respuesta a la crisis que ayer quedó ratificada en las Reuniones de Primavera celebradas en formato virtual. La respuesta para la actual fase de contención se centra en tres ejes: ampliación de los préstamos de emergencia, un nuevo préstamo de liquidez y el alivio de la deuda para los países más pobres. El próximo paso será apoyar a los países en la fase de recuperación, lo que pasará por nuevos programas convencionales que sucedan a los de emergencia y por la necesidad de reevaluar el marco macroeconómico tras la crisis.
Por qué España no debe pedir un préstamo del MEDE
El Eurogrupo del 9 de abril acordó crear una nueva línea de préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) llamado “Pandemic Crisis Support” (PCS). Varios artículos, como el de Aitor Erce, Antonio García Pascual y Toni Roldán, el de Antonia Díaz y Luis Puch o hilos de twitter como el de Miguel Carrión abogan por que España acuda a un préstamo del MEDE, tanto por el ahorro de intereses como porque, aunque este sea limitado, permitiría ahorrar indirectamente en los intereses del resto de las emisiones. También los hay que consideran irrelevante la existencia o no de condicionalidad del instrumento, que tachan solo de cuestión de estigma político.
En este post nos aproximamos al problema desde el barro de los detalles. Les adelanto que los detalles son tan relevantes que no justifican pedir el préstamo del MEDE.
Política económica en tiempos de COVID-19 (y III): Aspectos presupuestarios
En la entrada anterior veíamos qué líneas de acción debían ponerse en marcha para frenar el desplome económico asociado a las medidas de distanciamiento social, y asegurar un adecuado impacto a corto y a medio plazo. Veamos ahora las implicaciones presupuestarias.
Más Europa, sí, pero por mayoría cualificada
“¿Y cuál es el teléfono de Europa?”. Esta pregunta retórica atribuida a Henry Kissinger –y probablemente falsa, como tantas de las que se atribuyen a Churchill– pone de manifiesto la dificultad para saber dónde se concentra el poder europeo. Y tiene sentido, porque la respuesta no es nada evidente.
El pasado 6 de abril la canciller alemana, Angela Merkel, dijo en una conferencia que “la respuesta” a esta crisis del coronavirus sólo podía ser “más Europa”. Pero igual hay que aparcar el sentido retórico, arremangarse y decir: “Estupendo. ¿Y qué quiere decir exactamente más Europa?”
La propuesta SURE para la crisis del coronavirus
Para contribuir a suavizar la peor crisis económica que Europa va a vivir desde la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea propuso a comienzos de abril el SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Está basado en una idea teórica de reaseguro a nivel europeo de los costes nacionales de las prestaciones por desempleo, pero se ha quedado corta. Es una de las vías, no excluyentes entre sí, que se van a debatir estos meses para alejar la posibilidad de reeditar una crisis de deuda soberana de la zona euro tras el esfuerzo de emisión de deuda pública que supone la crisis sanitaria. A pesar de este objetivo, el instrumento se plasma en préstamos que incrementan la deuda nacional de los Estados miembros que lo soliciten, que es la misma respuesta que se dio en la crisis de 2010-13. Si el Eurogrupo aprueba finalmente esta propuesta, en breve comenzarán las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el texto final.