Desde el homicidio del ciudadano de raza negra George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis, tras el atroz abuso de poder del policía de raza blanca, Derek Chauvin, Estados Unidos ha vivido la ola de protestas cívicas más intensa desde 1968. Más de medio siglo después del movimiento por los derechos civiles y el asesinato de Martin Luther King, la población negra sigue manteniendo unos niveles completamente desproporcionados de marginación económica y social.
El término “solidaridad” viene del latín solidus, que quiere decir, sólido, firme, compacto. El término latino viene a su vez de la raíz indoeuropea *sol, con el sentido de “entero”, y de él se han derivado otros términos que expresan esa relación de unidad, como sólido, soldar o soldado.
Sólo hay pues solidaridad entre iguales, entendida como el apoyo a aquellos que han corrido peor suerte que uno mismo. La ayuda desde la superioridad no es solidaridad, sino caridad, del latín caritas (favor, benevolencia), la concesión que hace el poderoso frente al débil. A menudo, sin embargo, estos términos se entremezclan.
Tras la emergencia sanitaria, llega la emergencia económica y social. La pandemia no solo va a amputar alrededor de un diez por ciento de nuestro PIB este año, sino que amenaza seriamente nuestra estabilidad y prosperidad futuras. Después de haber acarreado con denuedo la roca de la recuperación por la pendiente de la montaña, el virus nos vuelve a arrastrar ladera abajo y no sabemos dónde nos detendremos. Más allá de las medidas que se están aplicando para contener el golpe a corto plazo sobre las rentas y el empleo, la política económica española tiene que iniciar un nuevo ciclo de reformas con luces largas. Una vez conocida la propuesta de la Comisión sobre el Fondo de Recuperación, está claro que la respuesta europea esta vez nos proporciona un caparazón monetario, financiero y fiscal que nos protege mientras nos levantamos tras el golpe.
Europa se enfrenta a una crisis sin precedentes, tanto por su magnitud (la Comisión espera una contracción histórica de la economía europea del 7,5% este año) como por su tipología. Y es que, a diferencia de otras crisis, la economía no se contrae por ninguna causa endógena, es decir, no cae por su propio peso, sino como consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia, que han tenido como consecuencia inevitable una contracción tanto de la oferta como de la demanda. Otra diferencia es que, esta vez, la UE y sus Estados miembros han sacado toda la artillería. Se ha puesto en marcha toda una batería de instrumentos (por un importe de más de 3,4 billones de euros) y es previsible que el esfuerzo se mantenga en el futuro, con la activación del Plan de Recuperación para Europa que presentó el 27 de mayo la Comisión.
Una tarde de primavera de 1946 Friedrich Hayek, de visita en Londres, coincidió con Keynes en una cena en el King’s College. Después del postre, Hayek aprovechó para expresarle su preocupación por el hecho de que dos de sus discípulos estuvieran promoviendo políticas fiscales expansivas en contextos que podrían ser inflacionistas. Keynes, por supuesto, no le dijo que eso era una tontería, ni le llamó agorero, ni se le ocurrió decir que inflación y desempleo no podían aumentar a la vez. Sonrió y se limitó a responder, con elegancia: “Mis teorías eran importantes en los años treinta, cuando el problema era la deflación, no la inflación. Créame, si la inflación alguna vez se convierte en un problema, seré el primero en denunciarlo y darle la vuelta a la opinión pública”.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA[1]) ha sido muy polémica[2] porque, aunque se refiere sólo al “Public Sector Purchase Program” (PSPP[3]), lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, ha supuesto un desafío legal de primera magnitud y puede afectar a la ejecución de programas monetarios posteriores del BCE. Resumiendo, la sentencia dice que, en principio, considerando el volumen y la duración del programa, éste puede ser desproporcionado, interfiriendo con las medidas de política económica que son una competencia exclusiva de los Estados Miembros (EEMM). Por tanto, el TCFA concluye que todo hace indicar que el BCE ha excedido los límites establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) a la cesión de soberanía acordada por los EEMM.
En una entrada anterior (previa al estallido de la COVID-19) veíamos el problema a resolver que plantea el cambio climático, que continúa siendo un reto central para la economía global y puede ser ahora también el eje sobre el que dar respuesta a la crisis del coronavirus, impulsando una transición de nuestras estructuras económicas hacia una economía verde. Como veíamos, el objetivo científico es contener el aumento de la temperatura a 2oC por encima de los niveles preindustriales y preferiblemente a 1,5oC, lo que exige reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono, CO2 (y también de otros gases de efecto invernadero, GEI), en las próximas cinco décadas (tres, si el objetivo es 1,5 oC). Desde un enfoque económico, el siguiente paso analizar los costes que generan las emisiones de GEI y los costes en los que se incurre en su reducción para tratar de determinar las alternativas más eficientes y/o eficaces para reducirlas. La estimación de estos costes está sujeta a una incertidumbre muy elevada porque deben estimar impactos de muy largo plazo y los distintos modelos presentan estimaciones muy dispares. En esta entrada nos centramos en los costes de las emisiones de CO2.
