¿Creían que el Brexit había terminado? Pues no, aún colea. El 1 de febrero el gobierno británico lanzará la primera etapa de su nueva política de control en frontera de productos vegetales y animales importados de la Unión Europea. Estos controles los habían pospuesto ya cinco veces desde que entrara en vigor el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido en enero de 2021, debido al miedo a que espolearan la inflación. Pero alguna vez había que empezar: desde ahora los productos animales y vegetales europeos requerirán un certificado sanitario (al igual que los que la UE exige en frontera a los productos británicos) y mucho papeleo adicional. En una fase posterior, a partir del 1 de mayo, comenzarán las inspecciones físicas (aunque no se sabe de dónde van a sacar los muchos inspectores necesarios para lograrlo).
Los importadores británicos ya han advertido de que las nuevas normas afectarán a la calidad, el precio y la disponibilidad de los productos, y se prevé que añadan unos 200 millones de libras esterlinas a los costes de importación, costes que se trasladarán a los consumidores. El Brexit era también esto: menos alimentos y más caros.
La medida, que lógicamente afectará a las empresas españolas –grandes exportadoras al Reino Unido–, ha provocado un considerable revuelo en la opinión pública británica. De hecho, uno de los defensores a ultranza del Brexit, el inefable Rees-Mogg, la considera “inaceptable”, pero no porque se haya dado cuenta de pronto de las consecuencias de salir de un mercado único y firmar un acuerdo de libre comercio básico sin reconocimiento mutuo de seguridad alimentaria, sino porque no le gusta la regulación: “Cuando salimos de la UE, no votamos para convertirnos en una mini-UE” –dice– y añade que la UE “regula en exceso” y tiene “estándares muy altos”, por lo que el Reino Unido debería relajarlos.
El gobierno del Reino Unido, por su parte, ha insistido en que los cambios darán al país “la frontera más avanzada del mundo”, y que los requisitos sanitarios protegerán las cadenas de suministro de alimentos y el sector agrícola de peligrosas enfermedades.
Y se preguntarán, ¿es realmente necesario que el Reino Unido imponga controles sanitarios y fitosanitarios a productos de origen animal y vegetal que lleguen de la UE? La respuesta es depende: si te fías de los procedimientos de inspección de la UE (como hacías las últimas décadas), entonces no haría falta. Pero el Reino Unido, al firmar el Brexit, se empeñó en tener libertad para fijar sus propios estándares de control. Y se preguntarán también, ¿pero qué van a regular distinto los británicos en materia de seguridad alimentaria que no regule ya la UE? La respuesta es: aún no lo saben. El Brexit, y esto es lo importante de entender, no se deriva de la necesidad de regular distinto, sino de la posibilidad de hacerlo. Es decir, es una cuestión de regulación potencial. Soberanía regulatoria, le llaman. Bonita, pero muy costosa.
Y esto nos lleva a una lección que deberíamos aplicar a España: la regulación es importante y necesaria, pero la diversidad regulatoria es una carga pesada para el comercio y el crecimiento. En un reciente trabajo, los economistas Sanguinetti, Quintana, Soler y Spruk analizaron el impacto económico del creciente volumen de regulación observado en España entre 1995 y 2000, examinando más de 200.000 regulaciones regionales en 13 industrias, y llegaron a la conclusión de que la inflación de regulación tiene un impacto negativo sobre la actividad y el empleo, más concentrado en las empresas más pequeñas y de reciente creación. Así, un aumento del 10% en el volumen de regulación está relacionado con una caída relativa del 0,5% en el número de trabajadores empleados por empresas con menos de 10 empleados. A nivel sectorial, el grupo de sectores más afectados es el manufacturero, con un efecto un 50% mayor que en el caso del sector servicios.
¿Quieres eso decir que no hay que regular? No, simplemente que hay que promover regulaciones sencillas y, sobre todo, compatibles, porque una regulación de un producto distinta en 5 regiones son en realidad 5 regulaciones distintas.
La conclusión es importante: si las Comunidades Autónomas tienen capacidad regulatoria –lo que en principio es bueno– y quieren ayudar a sus empresas, lo que deberían promover entre ellas es una armonización de regulaciones para que la empresa que opere o venda en una Comunidad no tenga problemas para operar o vender en otra. Porque, estando en la UE, la regulación imprescindible va a ser común, y con buena voluntad se pueden encontrar criterios comunes para nuevos problemas que vayan surgiendo.
Dicho de otra forma: la capacidad de regular distinto no implica la necesidad de regular distinto. No repliquemos en nuestro país lo que nos parece absurdo del Brexit, ni defendamos en Europa la profundización del mercado único mientras lo dañamos internamente con variaciones regulatorias no imprescindibles. Se trata de regular y de hacerlo bien, no de regular por regular.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com