El pasado 2 de octubre Jesús Fernández-Villaverde publicó un artículo titulado «Una gran estrategia para España (II): las élites públicas». En líneas generales, estoy muy de acuerdo con las propuestas formuladas por el profesor Fernández-Villaverde. Son propuestas muy concretas, lo que debería facilitar el debate. En este artículo sólo formularé comentarios sobre propuestas que no respalde o que considere que pueden matizarse.
En una entrada anterior se abordaba cómo las elecciones en EEUU se podían ver afectadas por el sesgo de disponibilidad, en virtud del cual, los acontecimientos más recientes tienen un mayor peso en nuestra toma de decisiones. La sucesión de acontecimientos sigue siendo vertiginosa. En tan sólo las dos últimas semanas: la información sobre la declaración de la renta de Trump (habría pagado 750$ en 2017) y sobre la de Biden (casi 300.000$, en 2019); la presentación formal de la nueva candidata al Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett; las crecientes sombras sembradas por los republicanos sobre el voto por correo y su eventual no reconocimiento (lo que abre un amplio frente de disputas legales sobre estos votos); el muy criticado primer debate presidencial; la disputa entre la Cámara de Representantes y el ejecutivo sobre el nuevo paquete de estímulo fiscal en un momento en el que la recuperación de la economía ha perdido fuerza; la hospitalización de Trump con COVID-19 y el foco de contagio en la Casa Blanca (todavía en el período de incubación, con más posibles afectados).
La Comisión Europea publicó, el pasado 17 de septiembre, detalles adicionales sobre el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR), basándose en el Acuerdo del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020. ¿Qué detalles son especialmente relevantes para España?
A partir del 15 de octubre (y hasta el 30 de abril de 2021), los Estados Miembros pueden enviar a la Comisión sus planes de recuperación y resiliencia (PRR), que recogerán sus estrategias nacionales de reformas e inversiones hasta 2026. Muy importante, los objetivos de esas reformas e inversiones deben estar en línea con los del FRR (avanzar en la transición ecológica y digital, así como fortalecer las economías nacionales) y los Estados Miembros deben considerar las recomendaciones específicas comunicadas a cada país por las autoridades europeas en los últimos años, especialmente 2019 y 2020. La valoración de dichos planes por la Comisión (y su posterior aprobación por mayoría cualificada por el Consejo Europeo) se efectuará teniendo en cuenta las mencionadas recomendaciones y esa valoración es previa al desembolso de fondos.
La Comisión acaba de publicar unas líneas orientativas para la elaboración de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia que los Estados miembros deberán presentar para poder tener acceso a los fondos europeos del mecanismo de igual nombre, dentro del Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU). España tendrá en principio acceso a unos 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, que deberá gastar en tan sólo cuatro años.
Es el momento de centrarse en dos desafíos: uno exterior, diseñando un Plan Nacional aceptable para la Comisión y nuestros socios europeos, y otro interior, asegurando un ágil sistema de identificación, planificación, asignación y ejecución de fondos.
El clima era depresivo en Europa en 2012. Los países cuyo tipo de interés real cayó abruptamente tras la creación del euro habían vivido largos ciclos de expansión impulsados por la demanda interna y rápidamente financiados desde el norte de Europa, en el contexto de la libre circulación de capitales entre todos acordada. La crisis de Lehman Brothers expuso en 2008 esta realidad y el secado del mercado bancario dejó a estos países (Grecia, Irlanda y Portugal, primero, y, más tarde, España), sin financiación externa. En medio, se destapó la falta de credibilidad de las cuentas públicas griegas. Todos compartían un saldo exterior deficitario. No todos compartían irresponsabilidad en la gestión de sus cuentas públicas, o al menos, no del mismo tipo.
El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales y al Congreso de EEUU. Las encuestas favorecen claramente a los demócratas, incluida la posibilidad de alcanzar sendas mayorías, tanto en el Senado, como en la Cámara de representantes, por primera vez desde 2011. Ahora bien, las seis semanas que quedan hasta las elecciones pueden ser mucho tiempo para afectar el voto de los electores indecisos o persuadibles e inclinar la balanza en los principales estados en contienda, especialmente, en el actual contexto de elevada polarización, multiplicidad de dimensiones que afectan a la decisión de los electores y de rápida sucesión de acontecimientos. En este contexto, los electores pueden ser más susceptibles a lo que la economía conductual define como el sesgo de disponibilidad, en virtud del cual, los acontecimientos más recientes tienen un mayor peso en nuestra toma de decisiones.
¿Pero será capaz la Fed de mantener la inflación media en el 2%? Adam Posen, el presidente del Instituto Peterson de economía internacional, inquiría a Richard Clarida con su habitual estilo incisivo en un evento celebrado hace unos días. ¡Pero si ya lo hicimos! En 2018 la inflación tocó el 2% y estuvo unos meses por encima, contestó el Vicepresidente de la Fed. En ese video quedaban claras cuáles van a ser las dificultades de la Fed para tener éxito en su nueva meta de inflación media. Como ya avanzábamos en la primera entrada, aunque el nuevo objetivo es la parte más sexy de la revisión de la estrategia de política monetaria estadounidense, la que tiene más miga es la del empleo máximo.
