España dispondrá de casi 200.000 millones en los próximos años (150.000 de ellos provenientes del Next Generation EU) para transformar su economía y sentar las bases del crecimiento futuro. Se dice a menudo que esta es una oportunidad única, pero es mucho más que eso: es probablemente nuestra última oportunidad para decidir si España aspira a ser uno de los grandes países europeos o se conforma con quedar relegado a actor secundario durante gran parte de este siglo.
En las entradas anteriores se abordaban los costes asociados a los gases de efecto invernadero (GEI), tanto de las emisiones, como los costes en los que se incurre en las distintas alternativas tecnológicas de reducción de emisiones. La comparativa entre ambos permite tratar de identificar las estrategias más eficientes para reducir los GEI. Ahora bien, las distintas estrategias frente al cambio climático están sujetas a distintos tipos de fallos de mercado, de forma que este tipo de análisis no capta adecuadamente los costes y beneficios sociales de la lucha contra el cambio climático, lo que exige la intervención y la regulación pública. El informe Stern popularizó la consideración del cambio climático como “el mayor fallo de mercado que el mundo ha visto”. En efecto, presenta todos los problemas clásicos de fallos de mercado, incluidos: su naturaleza de bien público, las externalidades, problemas de información asimétrica o los fallos de distribución. Interesa señalar aquí algunos ejemplos de estos fallos y sus implicaciones.
En el libro quinto de La Riqueza de las Naciones Adam Smith reconocía que la “mano invisible” del mercado no siempre maximiza el bienestar social, porque hay situaciones en las que los precios del mercado no incorporan los beneficios y costes sociales. Es el caso de los bienes públicos, cuya oferta sería insuficiente si sólo dependiera de su provisión privada. Smith incluía en esta lista la defensa, la administración de justicia, las carreteras y comunicaciones y las instituciones educativas. Si viviera hoy seguramente incluiría, además del dinero fiduciario y la estabilidad financiera, la seguridad sanitaria. Un bien público global imprescindible para este complicado siglo XXI.
En medio de la crucial batalla entre la campaña de vacunación y las mutaciones del coronavirus, los debates fiscales se encienden a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, mientras los demócratas se aprestan a llevar a buen puerto el plan de estímulo de 1,9 billones anunciado como prioritario por el presidente Biden, Summers, uno de los líderes intelectuales de la revolución de la política fiscal, ha advertido del riesgo de echar demasiada leña al fuego. En Europa, un grupo de economistas liderados por Piketty, ha publicado un manifiesto en el que piden la anulación de la deuda pública mantenida por el BCE para “que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”. Como siempre sucede con las cuestiones que atañen a la unión monetaria europea, para valorar esta propuesta hay que combinar argumentos económicos, jurídico-institucionales y políticos.
Los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea disponen de apenas tres meses más para presentar a la Comisión Europea su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, condición necesaria para poder tener acceso a los fondos europeos. Aparentemente, el borrador del Plan de España está muy avanzado, y desde nuestro anterior artículo, en el que planteábamos diversas cuestiones sobre su diseño y gobernanza, muchas cosas se han aclarado. Otras, por el contrario, siguen siendo una incógnita.
Una de esas cosas sobre las que giraba el mundo de Georges Perec era el concepto dinámico de habitante urbano, ese nuevo urbanita nacido en los años 60 en Europa, descendiente mayoritariamente de emigrantes rurales, al calor del desarrollo industrial europeo posterior a la segunda guerra mundial. Le gustaba experimentar constantemente con nuevos métodos de observación y exploración urbana, fascinado por ese entorno cambiante en el que parece perdido el individuo ante la supuesta uniformidad de sus opciones vitales y que tanto cuesta delimitar a los expertos.
No es casualidad que los grandes retos en relación con la recolección de datos y muestras suficientemente significativas en materia de desarrollo aparezcan permanentemente ligados al binomio rural/urbano. Como tantos otros conceptos sometidos a la necesidad de delimitar asuntos de carácter económico o social en un determinado marco temporal, muestran la debilidad de sus costuras cuando se intentan universalizar otorgándoles un carácter marcadamente estacionario, sin tener en cuenta las potentes dinámicas de población subyacentes. En África, estos movimientos del rural al urbano han sido generalmente mal y poco estudiados (excepciones hay, habitualmente ligadas a esto), y la gestión de datos asociada, frecuentemente ignorada y convertida en el patito feo de la ciencia demográfica africana.
Después de la firma del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, muchos creen que el Brexit se ha terminado. ¡Qué más quisiéramos! Desde luego, muchas cuestiones se han aclarado, los análisis sobre los posibles tipos de acuerdo han quedado en papel mojado y la famosa escalera de Barnier ya está acumulando polvo, pero me temo que seguiremos hablando del Brexit durante bastante tiempo. Yo, personalmente, escribiré un poco menos, pero sólo porque lo que sí ha desaparecido es la sensación de urgencia y de máxima actualidad. Adiós a las fechas límite, las votaciones agónicas en el Parlamento británico (“Order!”) y las amenazas de salida sin acuerdo. En ese sentido, no nos viene mal a todos un poco de tranquilidad.
Dicho esto, el verdadero análisis del Brexit empieza ahora. Hasta hace un par de semanas, todo eran teorías y predicciones. Desde el uno de enero estamos en el terreno de los datos, en el momento de comprobar los costes efectivos (estáticos y dinámicos) de la desintegración económica, es decir, la creación de barreras al comercio y a la circulación de factores a partir de una situación de plena libertad. Bienvenidos a la realidad del Brexit.
