El poder intelectual de la capital del imperio implica que muchas ideas en el ámbito de las políticas públicas surgen en Washington y cruzan el Atlántico. A veces hay un control sobre si el objetivo afecta realmente a los problemas en Europa, y otras veces no lo hay, pero muchas de las ideas se ponen de moda igualmente.
Se está generalizando entre las personas de orientación política demócrata en Estados Unidos la idea de que la globalización ha provocado tal pérdida de seguridad de la clase media del país que ha empujado a esta clase media a radicalizarse políticamente, votando no ya al partido republicano, sino una versión de los republicanos que es, en la práctica, antisistema. Trump habrá dejado de ser presidente de momento, pero no solo puede que lo vuelva a ser, sino que hay una larga fila de republicanos “anti” que pueden tomar el relevo y volver a ganar unas elecciones. Y entonces no va a haber una pandemia que desaloje al inquilino de la Casa Blanca antes de que rompa muchas cosas, sino que podría durar más tiempo y romper más.
Este verano se va a aprobar una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por valor de 650 mil millones de dólares para todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Es un volumen considerable, muy superior a los 250 mil millones de dólares aprobado en 2009 en respuesta a la crisis financiera. Como política económica cumple los refranes de que “más vale tarde que nunca” y “más vale poco que nada”.
El clima era depresivo en Europa en 2012. Los países cuyo tipo de interés real cayó abruptamente tras la creación del euro habían vivido largos ciclos de expansión impulsados por la demanda interna y rápidamente financiados desde el norte de Europa, en el contexto de la libre circulación de capitales entre todos acordada. La crisis de Lehman Brothers expuso en 2008 esta realidad y el secado del mercado bancario dejó a estos países (Grecia, Irlanda y Portugal, primero, y, más tarde, España), sin financiación externa. En medio, se destapó la falta de credibilidad de las cuentas públicas griegas. Todos compartían un saldo exterior deficitario. No todos compartían irresponsabilidad en la gestión de sus cuentas públicas, o al menos, no del mismo tipo.
Los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 se reúnen en un Consejo Europeo este viernes para discutir por primera vez la propuesta de fondo de recuperación de la Comisión Europea del 27 de mayo. Es un momento histórico, no tanto por los acuerdos que de ahí se deriven, que serán a estas alturas aún escasos, sino por la naturaleza de lo que se debate. Por primera vez, el Consejo Europeo va a dedicar tiempo y capital político a debatir una propuesta de presupuesto comunitario con cifras relevantes, que supondría el lanzamiento de los eurobonos en versión comunitaria (27 tesoros + 1). Estridencias comunicativas aparte, ningún país ha anunciado su ausencia, que sería la manera de bloquear efectivamente el acuerdo. Si el debate era duro cuando no eran cifras macroeconómicamente relevantes, en este caso será cruento; no hay que dejarse impresionar por los cruces del viernes mientras nadie se levante de la silla.
En el momento más inoportuno, en mitad de la crisis del coronavirus, los jueces del tribunal constitucional de Alemania han sentado cátedra sobre un programa de quantitative easing del BCE aprobado en 2015 y que viene funcionando desde entonces (con una corta interrupción), el de compras de activos del sector público (PSPP). Es el momento más inoportuno porque a la crisis sanitaria y económica se podría sumar la de deuda soberana de la zona euro, pero, gracias a la decisión que el BCE tomó en marzo de intervenir en los mercados de deuda con el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), de momento se ha quedado en las dos primeras. Que un tribunal de un Estado miembro lance ahora dudas sobre la política del BCE es una irresponsabilidad. Que lo haga el de Alemania, país que está torpedeando las soluciones que se proponen para hacer frente a la crisis económica por la vía de la política fiscal europea, es desesperante. Y que lo haga con ese argumento (dicho rápidamente, que el BCE quizá no lo ha pensado bien) es una impertinencia.
El Eurogrupo del 9 de abril acordó crear una nueva línea de préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) llamado “Pandemic Crisis Support” (PCS). Varios artículos, como el de Aitor Erce, Antonio García Pascual y Toni Roldán, el de Antonia Díaz y Luis Puch o hilos de twitter como el de Miguel Carrión abogan por que España acuda a un préstamo del MEDE, tanto por el ahorro de intereses como porque, aunque este sea limitado, permitiría ahorrar indirectamente en los intereses del resto de las emisiones. También los hay que consideran irrelevante la existencia o no de condicionalidad del instrumento, que tachan solo de cuestión de estigma político.
En este post nos aproximamos al problema desde el barro de los detalles. Les adelanto que los detalles son tan relevantes que no justifican pedir el préstamo del MEDE.
Para contribuir a suavizar la peor crisis económica que Europa va a vivir desde la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea propuso a comienzos de abril el SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Está basado en una idea teórica de reaseguro a nivel europeo de los costes nacionales de las prestaciones por desempleo, pero se ha quedado corta. Es una de las vías, no excluyentes entre sí, que se van a debatir estos meses para alejar la posibilidad de reeditar una crisis de deuda soberana de la zona euro tras el esfuerzo de emisión de deuda pública que supone la crisis sanitaria. A pesar de este objetivo, el instrumento se plasma en préstamos que incrementan la deuda nacional de los Estados miembros que lo soliciten, que es la misma respuesta que se dio en la crisis de 2010-13. Si el Eurogrupo aprueba finalmente esta propuesta, en breve comenzarán las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el texto final.
