Cuando se firmó el Tratado de Roma en 1957 uno de los objetivos era crear un mercado único europeo con libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, pero el entusiasmo inicial se fue apagando con el tiempo. En los años 80, tras la segunda crisis del petróleo, se vio que los países europeos habían aumentado considerablemente su proteccionismo: ya no había aranceles, pero las distintas regulaciones y fiscalidades dificultaban la integración.
El líder del partido en el gobierno se arrojó sobre la silla de su despacho, agotado.
– ¡Qué difícil es aguantar cada día las miradas de los socios! Así no hay quien gobierne. ¡Es imposible controlar la situación cuando no te fías de quienes votan tus presupuestos!
– Tú los elegiste de compañeros de viaje –respondió el jefe de gabinete–. Ahora, aguanta las consecuencias. Necesitas sus votos para seguir.
La Unión Europea lleva años hablando de autonomía estratégica, y en el escenario actual uno diría que ha llegado el momento de ejercitarla. Lo malo es que para ello hace falta bastante más que un uso intensivo de la política comercial: hace falta ambición, y eso es justo lo que Europa no tiene.
Ahora que los mercados están dando un respiro y alejan por el momento el riesgo de una crisis de deuda en Europa (un oscuro nubarrón que aún no se ha disipado del todo) es el momento de hablar de reglas fiscales, y también de cómo predicar con el ejemplo.
Si hace diez años nos hubieran preguntado qué aspectos de la gobernanza económica internacional estaban consolidados y cuáles eran improbables, entre los primeros habríamos citado sin dudar el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y entre los segundos la fiscalidad internacional. A finales del año pasado hubiéramos dicho lo contrario: la OMC languidecía y se anunciaba un importante acuerdo internacional de más de 135 países para la tributación de las multinacionales. Hoy, la verdad, ya no sabemos qué decir. La OMC sigue sin levantar cabeza –aunque logró un pequeño pero esperanzador acuerdo en junio– y el acuerdo de la OCDE y el G20 para la tributación de multinacionales parece estancado. Para más inri, la aparente victoria de los republicanos en las elecciones de media legislatura de Estados Unidos (aunque mucho más ajustada que lo previsto) anticipa tiempos difíciles para la cooperación internacional.
El hecho de que, tras la dimisión de Liz Truss, se contemplara la posibilidad del retorno de Boris Johnson como primer ministro es el mejor indicador de hasta qué punto el partido conservador británico está perdido en un laberinto del que no sabe salir. Convertido en una especie de club de fútbol que, tras presentar con alharaca al nuevo entrenador, lo echa a patadas al domingo siguiente tras la primera derrota, el grupo parlamentario de los tories se enfrenta a un escenario problemático.
La defensa del sistema de asignación de recursos por el mercado parte de una premisa fundamental: que hay múltiples agentes económicos que compran y venden y ninguno tiene capacidad de influir sobre el precio (que resulta entonces un buen indicador de la escasez relativa). La teoría, ya se sabe, es muy bonita, pero muchas veces las cosas no son así.
El ministro de Economía del nuevo gobierno del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, anunció el viernes 23 de septiembre la segunda mayor expansión fiscal de su historia. La primera fue a comienzos de los años 70, con el llamado “boom de Barber”. Se produjo también en un contexto inflacionista, y también salió mal.
Ahora que se aproxima un otoño que se prevé caliente, al menos desde el punto de vista geopolítico, conviene hacer algunas reflexiones sobre la situación económica mundial.
El próximo lunes 5 de septiembre el partido conservador del Reino Unido elegirá a su nuevo líder y, por tanto, primer ministro del país. Al final la disputa se ha quedado entre Liz Truss y Rishi Sunak, con clara ventaja para la primera. La semana que viene el Reino Unido sustituirá a Boris Johnson, pero quien anhele una vuelta a la racionalidad y al pragmatismo británico puede esperar sentado.
