El flamante nuevo primer ministro se sentó en su mesa, ordenó mecánicamente los bolígrafos y varios papeles y se quedó un momento pensativo. Luego hizo venir al asesor para asuntos europeos.
–Buenos días, señor Primer Ministro. ¡Enhorabuena! Para mí es un honor…
–Gracias, gracias –le interrumpió, displicente–. Vamos directamente al grano. Siéntate aquí y cuéntame, ¿cómo va eso del brexit?
Durante el debate de los cabezas de lista candidatos a la presidencia de la Comisión Europea, los moderadores les plantearon una pregunta interesante: “¿Qué países de la Unión Europea son paraísos fiscales y cómo se cambia su comportamiento para asegurar que Amazon pague los mismos impuestos que el librero de al lado?” Los candidatos no evadieron –nunca mejor dicho– la pregunta, pero no entraron en detalles, más allá de un brindis al sol (“Un paraíso fiscal es para mí donde se pagan los impuestos que corresponden”, dijo Vestager) y una propuesta de establecer un impuesto de sociedades mínimo del 18% (Timmermans). La respuesta, sin embargo, era clara: hay paraísos fiscales europeos (y no lo son necesariamente por su bajo tipo de gravamen); y no solo se puede conseguir que las empresas paguen lo que deben, sino que en ese empeño se juega la UE bastante de su credibilidad frente a los ciudadanos.
Poco ha cambiado, y sin embargo todo es distinto en el escenario político del Reino Unido en relación con el brexit. Por lo pronto, Theresa May ha anunciado su dimisión, que se hará efectiva el viernes 7 de junio, justo dos años después de ganar sus últimas elecciones prometiendo un liderazgo “fuerte y estable”. Tampoco es tan raro: cuando Margaret Thatcher ganó sus últimas elecciones, su esposo Dennis predijo que en el plazo un año sería “tan impopular que nadie se lo creería”. May se ha despedido entre lágrimas de Downing Street, con algo más dignidad que David Cameron, que se largó canturreando.
El gran compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez relataba en una de sus más famosas rancheras la historia de un borracho que llegaba –borracho, claro– a una cantina pidiendo cinco tequilas, y cómo el cantinero se lo llevaba a otro bar, donde decidían apostar a ver quién bebía más, hasta que se enzarzaban en una absurda discusión que terminaba a balazos.
Del mismo modo, el presidente Trump, ebrio de popularidad, ha aparecido pidiendo un 5% de aranceles a partir del próximo 10 de junio a todos los productos provenientes de México, como medida de presión para frenar la inmigración ilegal. Por ahora el presidente mexicano se lo ha llevado a otra cantina para negociar, pero no hay que descartar que la cosa acabe mal, no solo para ellos, sino para la economía mundial.
En el último artículo explicábamos la batalla del 5G como parte de la guerra tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. Desde entonces, Trump ha hecho dos cosas: en primer lugar, ha aprobado una Orden Ejecutiva prohibiendo cualquier transacción de tecnologías de la información y comunicaciones con empresas sujetas al control o jurisdicción “de un adversario extranjero” que para el Secretario de Comercio suponga “una amenaza a la seguridad nacional”; y en segundo lugar, ha puesto nombres y apellidos a esa amenaza al incluir a Huawei y setenta empresas asociadas a la lista negra de entidades (“Entity List”) cuyos componentes no se pueden adquirir sin autorización previa.
La primera ministra británica, Theresa May, destituyó el 1 de mayo a su ministro de Defensa por filtrar detalles sobre una reunión del Consejo de Seguridad Nacional sobre la participación de la empresa china Huawei en la implantación de la red 5G en Reino Unido. Lo que parece una mera pérdida de confianza tiene un trasfondo mucho más importante, que tiene que ver con el brexit, la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China y el dominio de la economía mundial en el siglo XXI.
Durante mucho tiempo la Teoría de la Demanda del Consumidor partió de la premisa de que los bienes eran homogéneos –es decir, con características muy similares–, de modo que el factor más relevante en la decisión de compra era el precio. Sin embargo, es evidente que la compra de un tornillo o un kilo de harina no tiene nada que ver con la de un smartphone o un automóvil. En estos casos, el precio es importante, pero puede pesar mucho más la existencia de determinadas características o prestaciones.
El 10 de abril es una fecha clave para el Brexit. Pero no solo porque el Consejo Europeo va a decidir si concede o no otra prórroga a Theresa May –para seguir negociando con Corbyn– y evitar una salida sin acuerdo. También porque, en esta misma fecha, en una fría mañana de Viernes Santo de 1998, se firmó un acuerdo sin el cual no se podría explicar la dificultad que existe hoy para hallar una solución al sainete del Brexit. Tiene que ver con Irlanda y con una escalera.
El sábado 23 de marzo más de un millón de personas se concentraron en Londres para reclamar un segundo referéndum. En paralelo, más de cinco millones de personas han firmado una petición al Parlamento británico para que revoque el artículo 50, cancelando unilateralmente el proceso de salida. ¿Puede haber freno y marcha atrás en el Brexit? Es un buen momento para analizar esta posibilidad, pero más que desde un punto de vista general, desde otras dos perspectivas diferentes: la opinión de los propios británicos –a través de las encuestas– y la de los intereses de la Unión Europea.
Una tarde de septiembre de 1944, el oficial de guardia de la Gestapo en la prisión de Brauweiler recibió a un nuevo detenido, acusado de participar en el atentado contra Hitler. Era un abogado mayor, de casi 70 años, con aspecto cansado. Le despojó de sus tirantes, los cordones de sus zapatos, su corbata y su navaja de pulsera y lo acompañó hasta su celda. Mientras cerraba desde fuera, acercó su cabeza al ventanuco de la puerta y le dijo: “Y ahora, no se le ocurra suicidarse. Me metería en un buen lío. Además, a su edad, su vida está prácticamente terminada”.
