El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 es corto, pero muy explícito: “Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Si el texto recoge literalmente esa expresión latina es porque constituye el principio más antiguo del derecho internacional: los acuerdos hay que cumplirlos.
Esta vez no había boato en las montañas de Wyoming, ni cóctel de bienvenida para los asistentes a la gran cita anual de Jackson Hole. Pero el discurso inaugural del presidente de la Reserva Federal será recordado como el inicio de una nueva era en la política monetaria. Powell presentó las conclusiones del proceso de revisión de la estrategia de la institución, que ha durado casi dos años. Los cambios no son dramáticos y en gran medida eran esperados. Suponen la cristalización de la experiencia intensa de la conducción de la política monetaria estadounidense durante los años de Bernanke y Yellen. Institucionalizan una forma de actuar que la Fed ya viene aplicando (y que ha sorprendido en los últimos dos años), pero marcan también la dirección para el futuro que sin duda seguirán otros bancos centrales, empezando por el BCE que está también revisando su estrategia.
Para salir de la crisis, aparte de controlar la pandemia, hacen falta tres cosas: evitar turbulencias financieras, impulsar la demanda y que el lado de la oferta responda. A las dos primeras cosas nos ayuda la Unión Europea, con la financiación de la Comisión para cubrir los ERTE, el control de la prima de riesgo con las compras de deuda del BCE y las transferencias del Fondo de Recuperación para Europa. Pero para que la oferta responda necesitaremos, además del apoyo europeo, ambición y voluntad política para acometer importantes reformas estructurales. De su nivel y profundidad dependerá que España se ponga en marcha con una economía reforzada y avance hacia el futuro o siga para siempre renqueando con muletas.
¡Qué tiempos aquellos en los que el desafío a corto plazo más importante para la Unión Europea era el Brexit, y no una pandemia mortal acompañada de una grave recesión económica! Pero el desafío del Brexit persiste y, tras la ruptura política del 1 de febrero de 2020, las negociaciones para fijar las condiciones de ruptura económica al final del período transitorio el 1 de enero de 2021 no van nada bien. Quedan menos de cinco meses para el Brexit económico, y es un buen momento para hacer un balance de situación, con diez elementos que conviene recordar.
El Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio ha sido una excelente noticia, pero ha generado un optimismo que resulta poco prudente. De cara a afrontar la crisis de la COVID, si el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del Banco Central Europeo ya nos insuflaba oxígeno, el Programa de Recuperación europeo nos proporciona anticoagulantes, que permiten que la sangre fluya por la economía y evite peligrosos bloqueos. Si la crisis se complica, el MEDE siempre estaría ahí para ofrecer respiración asistida, pero hemos de evitarlo a toda costa. La economía española tiene que luchar mucho por recuperarse porque, si llega a entrar en la UCI y termina requiriendo respirador, las probabilidades de salir adelante sin graves secuelas se reducen considerablemente. En Economía, como en Medicina, un diagnóstico rápido y una actuación decidida evitan muchas complicaciones posteriores.
Las cumbres europeas que fracasan rara vez lo hacen después de varios días de negociaciones. Suelen hacerlo al principio, cuando parece evidente que no hay margen para el acuerdo, porque las divergencias de fondo son excesivas.
En este caso, no era así. Nadie negaba la importancia de un impulso fiscal conjunto europeo, con un componente importante de transferencias para evitar un endeudamiento excesivo de los Estados miembros, con fondos condicionados a la realización de inversiones en los sectores digital y medioambiental y a la realización de reformas estructurales para fortalecer la economía y un compromiso de sostenibilidad de finanzas a medio plazo (a corto habría sido un suicidio económico). Y, lo que es más importante, nadie discutía que este impulso conjunto se financiaría con una emisión de deuda europea, algo realmente novedoso y que supone un salto considerable en el proceso de integración. Las grandes divergencias con los países mal llamados frugales se derivaban, fundamentalmente, del importe total del esfuerzo y su relación con la negociación del resto del presupuesto comunitario para el período 2021-2027, la proporción entre subvenciones y préstamos y la forma de controlar el uso de los fondos.
El Tribunal General de la Unión Europea acaba de anular la decisión de la Comisión que obligaba a Irlanda a reclamar a la empresa Apple 13.000 millones de euros en beneficios fiscales que se consideraban contrarios a la legislación comunitaria por constituir una ayuda de Estado distorsionadora de la competencia. Aunque la sentencia es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el Tribunal General actúa aquí como tribunal de primera instancia), esta resolución pone una vez más de manifiesto la dificultad que supone para el proyecto europeo intentar suplir la falta de ambición política con imaginación jurídica.
