Autor: Andrea Lucai

Argentina: no hay que temer al FMI

En el último año, los macroeconomistas han centrado el foco de los riesgos de la economía internacional en los niveles de deuda pública en las economías avanzadas y en las economías emergentes (además de los riesgos geopolíticos), en un contexto en el que la progresiva normalización de la política monetaria en EEUU y en Europa presionará al alza a los tipos de interés. De una manera un tanto sorpresiva, reflejando una vez más la volubilidad de los mercados, Argentina ha sido el primer país en experimentar los efectos de este nuevo entorno internacional y ha solicitado un programa con el FMI para frenar la presión sobre el peso argentino (incidentalmente, en su año de presidencia del G20). Sin embargo, no hay que temer al FMI. El Fondo de hoy es mucho menos intrusivo y con programas mejor calibrados que el del último programa con Argentina de 2003.

¿Hacia una reforma “light” de la UEM?

El ánimo reformista parece estar apagándose en Europa. Frente al impulso francés, la nueva coalición en Alemania y los países del norte de Europa están echando jarros de agua fría a las reformas más ambiciosas que buscan establecer mecanismos comunes para contrarrestar las asimetrías entre países. Hay cierto consenso en las carencias de la UEM, pero, cuando entran en juego los asuntos del dinero, las soluciones y los tiempos para aplicarlas varían mucho. Los plazos tampoco ayudan, teniendo en cuenta que las elecciones del parlamento europeo serán en mayo de 2019. Se abren las apuestas: ¿qué reformas impulsará el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio?

Universidad: el modelo intermedio es insuficiente

La actualidad mediática ha puesto el foco en las universidades. Como se ha abordado en otras entradas, uno de los retos centrales de la economía española es el aumento de la productividad, lo que exige dar prioridad a factores como la calidad institucional, la I+D+i o la educación, donde la universidad desempeña un papel central en la conexión entre estos dos últimos factores. La política universitaria (y la educación en general) puede aproximarse desde la búsqueda de un equilibrio en el triángulo acceso-financiación-calidad: a quién debe llegar (acceso), cuántos recursos se le dedica (financiación) y el nivel de la educación (calidad). En España se aplica un modelo universitario intermedio con buen acceso, pero relativamente bajas financiación y calidad que no está dando buenos resultados.

La debilidad de la I+D+i en España en cuatro gráficos y dos mapas

La economía española tiene una intensidad en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) por debajo de los países de nuestro entorno. La I+D+i constituye un elemento central para el aumento de la productividad y el crecimiento a largo plazo, cuyo impacto queda englobado en el cajón de sastre que compone la productividad total de los factores (PTF, aquella ligada a factores distintos del trabajo y el capital). España  arrastra un problema de baja PTF en la que también influyen otros elementos cuya debilidad analizábamos en otras entradas, como la calidad de las instituciones o la educación. Aquí se sintetizan algunos de los principales elementos de la fragilidad de la I+D+i en España, que suelen publicarse recurrentemente en distintos informes internacionales.

El problema no es la Ley D’Hondt, son las circunscripciones (II): Cataluña y España

El problema de la falta de proporcionalidad del sistema electoral en España está sobre todo relacionado con el diseño de las circunscripciones electorales provinciales y no con la ley D’Hondt, que es un método de distribución de escaños proporcional. También afecta la exigencia de un mínimo del 3 por ciento del voto para participar en el reparto de escaños en cada circunscripción, que, en todo caso, constituye una barrera para evitar la multiplicación de partidos en el Congreso (se puede debatir si reducir el límite). En una entrada anterior se veía el funcionamiento del método D’Hondt comparándolo con otros métodos de distribución de escaños y utilizando el ejemplo de un resultado del tipo “partido de tenis”. Aquí se refleja el problema de las circunscripciones provinciales a partir de los resultados de las elecciones generales de 2016 y viendo los casos de Cataluña y de España.

El problema no es la Ley D’Hondt, son las circunscripciones (I)

Cada vez que se replantea el debate del sistema electoral en España por sus problemas de falta de proporcionalidad (debate recurrente en las tres últimas décadas), es sorprendente el énfasis que muchos ponen en cuestionar el sistema D’Hondt de reparto de escaños. Como se estudiaba en primero de Económicas en la asignatura de Teoría del Estado, se trata de un método de distribución de escaños, que sí, es proporcional ‒y bastante elegante, por cierto‒, en el que el sesgo en la asignación de los últimos escaños favorece a los partidos más votados. Se puede discutir si optar por otros métodos proporcionales –eso sí, cada uno con sus propios sesgos–, pero el verdadero problema de la falta de proporcionalidad en nuestro sistema electoral no está el método de reparto, sino en el diseño de las circunscripciones provinciales, especialmente, su reducido tamaño y el desigual reparto de escaños por circunscripción.

En esta entrada analizaremos con un ejemplo cómo funciona el método D’Hondt, comparándolo con otros métodos de distribución de escaños. En una segunda entrada se recogerán los resultados en Cataluña y en España jugando con distintos métodos de distribución y de tamaños de circunscripciones electorales.

Desigualdad intergeneracional: hoy por todos, mañana por todos

Uno de los principales efectos de la crisis ha sido el aumento de la desigualdad y del riesgo de exclusión social, a lo que también han contribuido cambios estructurales como la globalización y la revolución tecnológica. A partir del objetivo central de determinar la “senda binaria” de crecimiento-distribución, la política económica debe insertarse en este nuevo contexto coyuntural y estructural, lo que en muchos casos exige revisar antiguos esquemas de las políticas regulatorias y redistributivas para adaptarlas a la nueva realidad.

Google debería pagarnos por utilizar su buscador

Uno de los principales rompecabezas que plantean las nuevas tecnologías es su impacto sobre el mercado de trabajo y qué tipo de respuestas se deben dar desde la política económica. Se empieza a asentar un cierto consenso sobre su probable impacto depresivo en el uso del factor trabajo, al menos en su sentido tradicional, que será sustituido por inteligencia artificial o tecnología de la información, con implicaciones en términos de una mayor caída de la participación del trabajo en la renta y el aumento de la desigualdad.

Resolución de año nuevo: menos maximizar y más satisfacer

Nos gusten más o menos, una de las ventajas de los regalos de los Reyes Magos es que no los elegimos. Salvo cartas a los Reyes muy detalladas sobre nuestro deseo específico, los regalos nos los eligen, no tenemos que asumir el coste de informarnos para adquirirlos y no estamos sujetos al arrepentimiento por no haber elegido otra opción mejor. En general, esto los hace más atractivos y nos aportan una mayor satisfacción que la que nos aportaría el mismo producto comprado por nosotros mismos. Es una situación en la que una mayor capacidad de elección no genera necesariamente un mayor bienestar.

Economía de la información: el reto de la gestión del “big data”

El big data (macrodatos o datos masivos) está aumentando la importancia y el valor añadido que aporta la información frente a otros factores de producción, como el trabajo o el capital. A través del aumento de la velocidad, cantidad, detalle y calidad de la información, el big data permite una gestión más eficiente de los recursos disponibles y anticipar y personalizar los servicios y productos ofrecidos a los usuarios. La OCDE identifica la innovación facilitada por la información como uno de los pilares del crecimiento y el bienestar en el siglo XXI. Cada vez más, los agentes que no se incorporen a esta revolución de la economía de la información se estarán quedando en una posición de desventaja competitiva en el mercado.

En este sentido, está creciendo la literatura sobre los retos que plantea incorporar el big data al día a día de la gestión empresarial. Es un reto al que también se enfrenta la administración para la mejora de la gestión de los servicios públicos (el FMI  proporciona una buena síntesis, aplicado al caso de las estadísticas). La administración debe abordar además los desafíos regulatorios que impone un mercado con un creciente peso de la economía de la información. En otras entradas hemos visto parte de estos retos regulatorios, por ejemplo, en la política de competencia (aquíaquí), el sector financiero (fintech), o la política fiscal.