Autor: Andrea Lucai

Cinco gráficos sobre la presión fiscal

El cambio de gobierno ha dado paso a un debate (necesario) sobre la oportunidad o no de aumentar los ingresos públicos con más impuestos. Sin perjuicio de que la clave está en el diseño de la reforma impositiva (sobre lo que hemos escrito varias entradas), que es la que determinará quiénes pagan y cuál es su impacto sobre el crecimiento y la reducción de la desigualdad (siempre en combinación con la política de gasto público), conviene resaltar que a nivel de recaudación agregado, la presión fiscal –el porcentaje de ingresos tributarios totales en relación al PIB– en España es relativamente baja y que un incremento de la presión fiscal no está reñido, ni con la eficiencia, ni con la equidad, más bien puede ser al contrario.

El FMI de 2018 ya no es el del viejo Consenso de Washington

Esta semana el Directorio del FMI aprobará finalmente un acuerdo SBA con Argentina. Como veíamos en una entrada anterior, Argentina no debe temer al nuevo FMI que ha emergido tras la crisis financiera global. Como señala el historiador del Fondo, James Boughton, el FMI es una institución que a lo largo de su historia se ha adaptado a los cambios en la demanda, es decir, a los cambios en las condiciones políticas y económicas internacionales. Conviene recordar que, a diferencia del de 2003, el nuevo programa con Argentina es con el FMI post Gran Recesión, es decir, el del fin del Consenso de Washington.

Una función de estabilización fiscal para la UE

La Comisión Europea acaba de presentar su propuesta de una función europea de estabilización de la inversión basada en préstamos para financiar inversión pública a los países que se ven sometidos a un shock severo. En línea con su estrategia posibilista del último año, la Comisión, se centra en el menos ambicioso de los distintos esquemas de estabilización fiscal para la zona euro. Si bien es cierto que la situación política en Italia suma del lado de los que no quieren avanzar en la reforma de la UEM, apuntando aún más hacia una reforma light, como veíamos aquí, hay margen para apostar por propuestas de estabilización más ambiciosas.

Argentina: no hay que temer al FMI

En el último año, los macroeconomistas han centrado el foco de los riesgos de la economía internacional en los niveles de deuda pública en las economías avanzadas y en las economías emergentes (además de los riesgos geopolíticos), en un contexto en el que la progresiva normalización de la política monetaria en EEUU y en Europa presionará al alza a los tipos de interés. De una manera un tanto sorpresiva, reflejando una vez más la volubilidad de los mercados, Argentina ha sido el primer país en experimentar los efectos de este nuevo entorno internacional y ha solicitado un programa con el FMI para frenar la presión sobre el peso argentino (incidentalmente, en su año de presidencia del G20). Sin embargo, no hay que temer al FMI. El Fondo de hoy es mucho menos intrusivo y con programas mejor calibrados que el del último programa con Argentina de 2003.

¿Hacia una reforma “light” de la UEM?

El ánimo reformista parece estar apagándose en Europa. Frente al impulso francés, la nueva coalición en Alemania y los países del norte de Europa están echando jarros de agua fría a las reformas más ambiciosas que buscan establecer mecanismos comunes para contrarrestar las asimetrías entre países. Hay cierto consenso en las carencias de la UEM, pero, cuando entran en juego los asuntos del dinero, las soluciones y los tiempos para aplicarlas varían mucho. Los plazos tampoco ayudan, teniendo en cuenta que las elecciones del parlamento europeo serán en mayo de 2019. Se abren las apuestas: ¿qué reformas impulsará el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio?

Universidad: el modelo intermedio es insuficiente

La actualidad mediática ha puesto el foco en las universidades. Como se ha abordado en otras entradas, uno de los retos centrales de la economía española es el aumento de la productividad, lo que exige dar prioridad a factores como la calidad institucional, la I+D+i o la educación, donde la universidad desempeña un papel central en la conexión entre estos dos últimos factores. La política universitaria (y la educación en general) puede aproximarse desde la búsqueda de un equilibrio en el triángulo acceso-financiación-calidad: a quién debe llegar (acceso), cuántos recursos se le dedica (financiación) y el nivel de la educación (calidad). En España se aplica un modelo universitario intermedio con buen acceso, pero relativamente bajas financiación y calidad que no está dando buenos resultados.

La debilidad de la I+D+i en España en cuatro gráficos y dos mapas

La economía española tiene una intensidad en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) por debajo de los países de nuestro entorno. La I+D+i constituye un elemento central para el aumento de la productividad y el crecimiento a largo plazo, cuyo impacto queda englobado en el cajón de sastre que compone la productividad total de los factores (PTF, aquella ligada a factores distintos del trabajo y el capital). España  arrastra un problema de baja PTF en la que también influyen otros elementos cuya debilidad analizábamos en otras entradas, como la calidad de las instituciones o la educación. Aquí se sintetizan algunos de los principales elementos de la fragilidad de la I+D+i en España, que suelen publicarse recurrentemente en distintos informes internacionales.

El problema no es la Ley D’Hondt, son las circunscripciones (II): Cataluña y España

El problema de la falta de proporcionalidad del sistema electoral en España está sobre todo relacionado con el diseño de las circunscripciones electorales provinciales y no con la ley D’Hondt, que es un método de distribución de escaños proporcional. También afecta la exigencia de un mínimo del 3 por ciento del voto para participar en el reparto de escaños en cada circunscripción, que, en todo caso, constituye una barrera para evitar la multiplicación de partidos en el Congreso (se puede debatir si reducir el límite). En una entrada anterior se veía el funcionamiento del método D’Hondt comparándolo con otros métodos de distribución de escaños y utilizando el ejemplo de un resultado del tipo “partido de tenis”. Aquí se refleja el problema de las circunscripciones provinciales a partir de los resultados de las elecciones generales de 2016 y viendo los casos de Cataluña y de España.

El problema no es la Ley D’Hondt, son las circunscripciones (I)

Cada vez que se replantea el debate del sistema electoral en España por sus problemas de falta de proporcionalidad (debate recurrente en las tres últimas décadas), es sorprendente el énfasis que muchos ponen en cuestionar el sistema D’Hondt de reparto de escaños. Como se estudiaba en primero de Económicas en la asignatura de Teoría del Estado, se trata de un método de distribución de escaños, que sí, es proporcional ‒y bastante elegante, por cierto‒, en el que el sesgo en la asignación de los últimos escaños favorece a los partidos más votados. Se puede discutir si optar por otros métodos proporcionales –eso sí, cada uno con sus propios sesgos–, pero el verdadero problema de la falta de proporcionalidad en nuestro sistema electoral no está el método de reparto, sino en el diseño de las circunscripciones provinciales, especialmente, su reducido tamaño y el desigual reparto de escaños por circunscripción.

En esta entrada analizaremos con un ejemplo cómo funciona el método D’Hondt, comparándolo con otros métodos de distribución de escaños. En una segunda entrada se recogerán los resultados en Cataluña y en España jugando con distintos métodos de distribución y de tamaños de circunscripciones electorales.

Desigualdad intergeneracional: hoy por todos, mañana por todos

Uno de los principales efectos de la crisis ha sido el aumento de la desigualdad y del riesgo de exclusión social, a lo que también han contribuido cambios estructurales como la globalización y la revolución tecnológica. A partir del objetivo central de determinar la “senda binaria” de crecimiento-distribución, la política económica debe insertarse en este nuevo contexto coyuntural y estructural, lo que en muchos casos exige revisar antiguos esquemas de las políticas regulatorias y redistributivas para adaptarlas a la nueva realidad.