El pasado 1 de enero murió Anthony B. Atkinson (Caerleon, RU, 1944 – 2017). El año ha empezado sin el padre del análisis de la desigualdad y uno de los arquitectos de la economía pública. Son áreas en las que este “ekanomista” trabajó durante casi medio siglo, en muchos casos, contracorriente (con un legado increíblemente prolífico de más de 350 artículos académicos y más de 40 libros), pero en las que llegó a ver cómo en los últimos años han pasado a formar parte de la corriente principal de análisis económico. Hoy en día, por ejemplo, el problema de la desigualdad ya es habitual en los análisis del FMI o la OCDE. Atkinson nos deja sin embargo una frontera adicional: recuperar el carácter de ciencia moral de la economía.
En el último mes y medio se han publicado múltiples obituarios (pocos en español) sobre Atkinson. Thomas Piketty recordaba su papel central en el análisis de la distribución de la renta y la riqueza, sin el que no se puede entender su propia obra del Capital en el siglo XXI. Atkinson, junto con Simon Kuznets, crean prácticamente en solitario el análisis histórico de la distribución. Atkinson impulsa, además, la construcción de estadísticas para su análisis desde una aproximación empírica, como la base de datos global de riqueza y renta (WID) elaborada, entre otros, con el propio Piketty. También es muy conocida la familia de índices de desigualdad, conocida como el índice de Atkinson, en el que, a diferencia del más citado índice de Gini, incorpora un parámetro para valorar el grado de aversión de la sociedad (o del investigador) a la desigualdad. Cuanto mayor es el parámetro, mayor es la preocupación por las desigualdades en la parte baja de la distribución de la renta, de forma que el país con mayor desigualdad en este tramo, sale reflejado con un índice peor.
La preocupación de Atkinson por la pobreza y la distribución es una constante que aparece ya en su primer libro (Poverty in Britain and the Reform of Social Security, 1969), y también en sus dos últimos, el informe que dirigió para el Banco Mundial sobre el seguimiento de la pobreza global (2016) y su obra de 2015, Desigualdad: ¿Qué podemos hacer?, en la que aporta 15 propuestas concretas de política económica para reducir la desigualdad, que están hoy más vivas que nunca. Entre ellas (vínculos a varias que se han abordado en el Blog NewDeal): la incorporación del progreso tecnológico y su dimensión laboral y social como objetivo de política económica; la empleabilidad, ofreciendo empleo público si es necesario; fiscalidad muy progresiva, incluyendo fiscalidad de la propiedad y de las herencias; la garantía de un rendimiento mínimo al ahorro; ayuda oficial al desarrollo del 1% del PIB; o una renta básica para los niños, que en el caso de los adultos, exigiría un requisito de participación amplio, bien trabajando, bien dedicado a actividades consideradas socialmente deseables (incluyendo una aportación de capital o “herencia mínima” al llegar a la edad adulta). Al final de esta entrada se reproducen las 15 propuestas traducidas al español.
Atkinson está también acreditado como uno de los arquitectos de la economía pública moderna, junto con Joseph Stiglitz o Peter Diamond. Fue uno de los fundadores del Journal of Public Economics en 1972, del que fue editor durante 25 años; y su manual con Stiglitz, Lecciones sobre Economía Pública, publicado por primera vez en 1980 (reeditado en 2015), sigue siendo una referencia en el análisis de la política públicas de imposición y gasto, o de producción de bienes y servicios públicos, analizadas tanto desde un enfoque positivo (sobre los efecto de las políticas públicas, parte primera del libro), como normativo (sobre los criterios que deben guiarlas, parte segunda). Desde la introducción señalan cómo, aun aceptando como válida la eficiencia en el sentido de Pareto (lo que es cuestionable desde una aproximación de valores), existen fallos de mercado que impiden la eficiencia y, por tanto, justifican la intervención del sector público: fallos de distribución, externalidades, competencia imperfecta, bienes públicos, información imperfecta, ausencia de mercados de seguros, o necesidades preferentes. Durante los años del consenso de Washington, los fallos del sector público y una cultura general a favor de la autorregulación del mercado, parecían haber dejado a un lado a los fallos de mercado, que han estado, por ejemplo, en el centro de la crisis financiera global.
Queda, no obstante, una asignatura pendiente apuntada por Atkinson, recuperar para la economía su carácter de ciencia moral, siguiendo la tradición de Keynes. Atkinson sintetiza su posición al respecto en sus artículos sobre Economía como ciencia moral y la La restauración de la economía del bienestar. Argumenta que a partir de los años 70 el análisis económico arrincona este tipo de análisis a partir de tres tipos de reduccionismos: el primero, la idea del agente representativo que sintetiza los intereses comunes de los individuos, de forma que el análisis económico omite que en la sociedad existen individuos con intereses muy dispares ‒por ejemplo, entre generaciones en el debate de las pensiones, o entre trabajadores y parados en el mercado de trabajo‒; o que existen bienes sociales por encima de los intereses individuales, como, por ejemplo, un mayor nivel de educación o salud para el conjunto de la sociedad.
El segundo, la asunción del utilitarismo individual como criterio de bienestar comúnmente aceptado, lo que plantea dos tipos de problemas principales: por un lado, que la suma de utilidades individuales no tiene en cuenta cómo esas utilidades están distribuidas entre los individuos (la desigualdad). Por otro, que la ciencia económica se queda estancada con respecto a la filosofía moral, que ha superado el utilitarismo, porque los valores son plurales ‒la personas no tienen prioridades únicas, sino que equilibran varios objetivos a veces contradictorios entre sí, como libertad y equidad‒, y diversos (distintos individuos tienen distintos valores).
En tercer lugar, el intento de separar las decisiones económicas, vinculadas a la eficiencia; de las morales o filosóficas, vinculadas a la distribución. Esta separación se suele manifestar en la dominancia en economía de la eficiencia en el sentido de Pareto, es decir, se considera que la distribución A supera a la B, si al menos un individuo mejora sin que ninguno empeore. El problema de la eficiencia paretiana es que incorpora un juicio de valor implícito de aceptar como dada la distribución actual de recursos, y que no permite valorar la distancia en la distribución. Un buen ejemplo en el que comportamiento de los individuos no cumple con Pareto son los conocidos como juegos del ultimátum: suponiendo que dos individuos deben repartir una renta de 10, en la que el primero decide el reparto y el segundo decide aceptarlo o rechazarlo (ultimátum); en teoría, cualquier reparto en el que ambos ganaran renta seria eficiente en el sentido de Pareto. Sin embargo, la mayor parte de individuos rechazan repartos que se consideran no equilibrados (por ejemplo, un reparto de rentas de 8 y 2).
Atkinson señala varios frentes en los que la ciencia económica debe recuperar su carácter de ciencia moral. Así, debe volver a colocar en un lugar central el análisis del bienestar y de los valores implícitos en las distintas teorías. Frente al utilitarismo, Atkinson señala que la economía debe incorporar la teoría de la justica de John Rawls y la teoría de las capacidades de Amartya Sen, es decir, la economía debe incorporar principios morales como: las libertades básicas, la libertad real de las personas para tomar decisiones, la igualdad de oportunidades, o el beneficio de los menos favorecidos. Igualmente, debe tener en cuenta la pluralidad y diversidad de preferencias, y elementos de la economía del comportamiento (que cuestiona las expectativas racionales de los individuos). Propone también que los economistas asuman un código ético en su acción profesional, en virtud del cual, reconocen el impacto potencial que sus análisis pueden tener en el conjunto de la sociedad.
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Anexo. Las 15 propuestas (y varias ideas adicionales a explorar) |
| Propuesta 1: La dirección del cambio tecnológico debe ser una preocupación explícita de los responsables políticos, fomentando la innovación que incremente la empleabilidad de los trabajadores y enfatice la dimensión humana de la provisión de servicios.
Propuesta 2: Las políticas públicas deberían procurar un equilibrio de poder adecuado entre los agentes, en este sentido, deberían: a) introducir una dimensión distributiva explícita en la política de competencia; b) garantizar un marco jurídico que permita a los sindicatos representar a los trabajadores en condiciones adecuadas; y c) establecer donde no exista un Consejo Económico y Social en el que participen los interlocutores sociales y otros órganos no gubernamentales. Propuesta 3: El gobierno debe adoptar un objetivo explícito para prevenir y reducir el desempleo y respaldarlo ofreciendo empleo público garantizado al salario mínimo a quienes lo busquen. Propuesta 4: Debería haber una política de retribución nacional consistente en dos elementos: un salario mínimo legal fijado a un nivel digno, y un código de prácticas para el pago por encima del salario mínimo, acordado como parte de una «conversación nacional» que involucre al Consejo Económico y Social. Propuesta 5: El gobierno debe ofrecer, a través de bonos nacionales de ahorro, una tasa de interés real positiva garantizada sobre el ahorro, con una participación máxima por persona. Propuesta 6: Debe haber una dotación de capital (herencia mínima) pagada a todos al llegar a la edad adulta. Propuesta 7: Debería crearse una Autoridad de Inversión Pública, que gestione un fondo soberano con el objetivo de aumentar el patrimonio del Estado mediante la tenencia de inversiones en empresas y en propiedad. Propuesta 8: Deberíamos volver a una estructura tarifaria más progresiva para el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con tasas marginales de impuestos que aumentan por rangos de ingresos imponibles, hasta un tipo máximo del 65 por ciento, acompañada de una ampliación de la base imponible. Propuesta 9: El gobierno debe introducir en el impuesto sobre la renta un descuento por renta ganada, limitado a las rentas más bajas. Propuesta 10: Los ingresos por herencia y donaciones deben someterse a un impuesto progresivo sobre los ingresos de capital vitalicios. Propuesta 11: Debería haber un impuesto a la propiedad proporcional, o progresivo, basado en evaluaciones actualizadas de la propiedad. Propuesta 12: El subsidio para niños debe ser pagado para todos los niños a un nivel sustancial y debe ser gravado como ingreso. Propuesta 13: Se debe introducir, a nivel nacional, una renta condicionada a la participación en sociedad, que complemente la protección social existente con la perspectiva de una renta básica para la infancia en toda la UE. Propuesta 14 (alternativa a la 13): Debería renovarse el aseguramiento social, elevando el nivel de los beneficios y ampliando su cobertura Propuesta 15: Los países ricos deberían elevar su objetivo de ayudo oficial al desarrollo al 1% de la Renta Nacional Bruta. |
| Y varias ideas adicionales a explorar:
§ Una revisión minuciosa del acceso de los hogares al mercado de crédito hipotecario. § Examinar un tratamiento fiscal similar a la imposición sobre la renta de las contribuciones a las pensiones. privadas, en la línea con los esquemas de ahorro «privilegiados», adelantando el pago de impuestos. § Reexaminar el caso de un impuesto sobre el patrimonio anual y los requisitos previos para su introducción con éxito. § Un régimen tributario global para las persona físicas, basado en la riqueza total. § Un impuesto mínimo para las sociedades. |