El debate sobre la reforma de las reglas fiscales sigue abierto, y falta ya poco tiempo para la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España y toda la Unión Europea se juegan mucho en esta negociación, que no por importante no deja de ser una parte de un debate de mucho más calado sobre la gobernanza económica de la zona euro.
Gran parte del debate europeo de los últimos meses ha girado en torno al concepto de “seguridad económica”, un término difícil de definir pero que se ha vinculado fundamentalmente a la capacidad industrial y tecnológica.
La idea fundamental es que la Unión Europea no puede depender en exceso de materias primas o de tecnologías clave para su desarrollo que procedan de países no confiables o que puedan verse sujetas a disrupciones inesperadas.
La economía europea se enfrenta a un otoño económico relativamente complicado, con algunas luces pero también bastantes sombras.
En el último artículo explicábamos que la Comisión Europea había propuesto (en parte por convicción, en parte por necesidad) aliarse con Estados Unidos a la hora de controlar las exportaciones e inversiones tecnológicas que supongan un riesgo para la seguridad nacional, en un claro mensaje hacia China. El Consejo Europeo del 30 de junio debatió la denominada Estrategia de Seguridad Económica de la UE, pero no llegó a un acuerdo. Aunque los jefes de Estado y de gobierno de los 27 reconocieron las tensiones y la necesidad de reducir la dependencia de China en materiales críticos, varios países advirtieron del peligro de una estrategia de desconexión total.
En medio del caos geopolítico, la Comisión Europea lanzó el 20 de junio su Estrategia de Seguridad Economía. Curiosamente, ese mismo día anunciaba que le harían falta en torno a 30.000 millones para hacer frente al pago de intereses de los bonos Next Generation EU, dando por hecho que los nuevos recursos propios no serán suficientes y que parte del famoso “momento hamiltoniano” se rebajará sustancialmente.
El poder intelectual de la capital del imperio implica que muchas ideas en el ámbito de las políticas públicas surgen en Washington y cruzan el Atlántico. A veces hay un control sobre si el objetivo afecta realmente a los problemas en Europa, y otras veces no lo hay, pero muchas de las ideas se ponen de moda igualmente.
La situación de la economía mundial en los últimos meses se está caracterizando por tasas de crecimiento superiores a las previstas, un mercado laboral relativamente sólido (al menos en los países desarrollados) y una inflación que parece por fin moderarse tras la vuelta de los precios de la energía a valores normales (lo que evitaría peligrosas subidas adicionales de tipos). Siendo estas excelentes noticias, sería un error pensar que las principales amenazas que se ciernen sobre la economía mundial han desaparecido: tan solo nos hemos acostumbrado a convivir con ellas. La geopolítica, por desgracia, va a seguir marcando el guion económico durante muchos años.
En un mes hará siete años del referéndum del Brexit, y la economía británica sigue estancada en una peligrosa combinación de bajo crecimiento y alta inflación.
Cuando en 1954 el escritor Josep Pla llegó a Nueva York y lo llevaron a pasear por Manhattan, se quedó maravillado por la fastuosa iluminación nocturna de las calles y no se resistió a preguntar: “Y todo esto, ¿quién lo paga?”.
La Unión Europea está embarcada en un ambicioso y costoso proceso de transformación estructural: necesita llevar a cabo una compleja transición hacia una economía digital y sin emisiones netas, aumentar su autonomía estratégica con el desarrollo de tecnologías propias, asegurar su suministro de energía y garantizar su defensa ante amenazas externas. La pregunta es: y todo eso, ¿quién lo paga? Todas esas transformaciones requieren mucho, mucho dinero, y Europa no lo tiene. Y no porque no exista ahorro, sino porque este no se canaliza adecuadamente.
Hubo un tiempo en que la Unión Europea revisaba sus tratados cada pocos años. La tendencia comenzó en 1986, con el Acta Única Europea, cuando los Estados miembros repararon en que el supuesto mercado único era una farsa, lleno de obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y personas. Se tomaron entonces medidas valientes, ampliando la votación por mayoría cualificada en el Consejo para muchos asuntos y dando más peso al Parlamento.
