En otros tiempos se necesitó una gran depresión, o una gran guerra. En esta ocasión, ha sido una pandemia de efectos devastadores sobre la economía mundial la que está provocado un cambio sustancial en la parte del contrato social relativa a la tributación internacional. Y ya era hora.
Durante el debate de los cabezas de lista candidatos a la presidencia de la Comisión Europea, los moderadores les plantearon una pregunta interesante: “¿Qué países de la Unión Europea son paraísos fiscales y cómo se cambia su comportamiento para asegurar que Amazon pague los mismos impuestos que el librero de al lado?” Los candidatos no evadieron –nunca mejor dicho– la pregunta, pero no entraron en detalles, más allá de un brindis al sol (“Un paraíso fiscal es para mí donde se pagan los impuestos que corresponden”, dijo Vestager) y una propuesta de establecer un impuesto de sociedades mínimo del 18% (Timmermans). La respuesta, sin embargo, era clara: hay paraísos fiscales europeos (y no lo son necesariamente por su bajo tipo de gravamen); y no solo se puede conseguir que las empresas paguen lo que deben, sino que en ese empeño se juega la UE bastante de su credibilidad frente a los ciudadanos.
Uno de los debates recurrentes durante las campañas electorales en casi todos los países avanzados es el que tiene que ver con la fiscalidad que, muy sintéticamente y sin perjuicio de múltiples matices, se puede reducir a dos posiciones: la socialdemócrata, a favor de tipos marginales progresivos y de una mayor presión fiscal, y la liberal, a favor de reducir los impuestos y la presión fiscal. Se trata de opciones políticas legítimas muy directamente relacionadas con las políticas públicas (y el tamaño del gasto público) que se consideran necesarias y con las consideraciones sobre la estabilidad fiscal.
En otra entrada ya veíamos que una mayor presión fiscal no implica menor riqueza, ni menor productividad (más bien puede ser al revés). Aquí se plantean seis gráficos que reflejan que en los países de nuestro entorno (con datos de países OCDE) no se observa una relación directa entre el nivel de los tipos impositivos y el rendimiento de la economía en términos de crecimiento o de recaudación –es decir, no se cumple la todavía recurrente curva de Laffer, que establece que a partir de cierto nivel, menores tipos impositivos, generan más actividad económica y con ellos más recaudación–.
