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Reformarse o morir

Hace casi dos años, poco después de la aprobación por el Consejo Europeo de los fondos Next Generation EU, decíamos en esta misma columna que, aunque España tenía que gastar lo que fuera necesario para salir de la crisis, “la sensación de que la reforma fiscal ya no corre prisa” era muy peligrosa. Insistíamos entonces en la urgencia de diseñar inmediatamente “una reforma fiscal integral que garantice una senda razonable para las cuentas públicas cuando los flujos de fondos europeos desaparezcan”, y en la necesidad de “asegurar la sostenibilidad de las pensiones” o “revisar las ineficiencias del sistema tributario”. Concluíamos, finalmente, en que era una “cuestión de credibilidad: los mercados deben estar convencidos de que hay una senda de sostenibilidad clara ya pensada y lista para aplicar a medida que se recupere la economía”.

España tiene oxígeno, pero debe evitar la UCI

El Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio ha sido una excelente noticia, pero ha generado un optimismo que resulta poco prudente. De cara a afrontar la crisis de la COVID, si el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del Banco Central Europeo ya nos insuflaba oxígeno, el Programa de Recuperación europeo nos proporciona anticoagulantes, que permiten que la sangre fluya por la economía y evite peligrosos bloqueos. Si la crisis se complica, el MEDE siempre estaría ahí para ofrecer respiración asistida, pero hemos de evitarlo a toda costa. La economía española tiene que luchar mucho por recuperarse porque, si llega a entrar en la UCI y termina requiriendo respirador, las probabilidades de salir adelante sin graves secuelas se reducen considerablemente. En Economía, como en Medicina, un diagnóstico rápido y una actuación decidida evitan muchas complicaciones posteriores.

Otro paso hacia la plutocracia en Estados Unidos

El 22 de diciembre el Presidente de Estados Unidos firmó la ley de la reforma tributaria, el primer gran logro legislativo de su mandato. La ley, aprobada sin el apoyo de la oposición demócrata, rebaja la imposición directa y revisa su diseño con particular atención al gravamen sobre los beneficios de las empresas. El Comité Conjunto sobre Tributación del Congreso (JCT) estima su coste total en el período 2018-2027 en 1,45 billones de dólares, un 7,6% del PIB de 2017.