El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España entra en 2022 con muchos proyectos sobre el papel, pero con un grado de ejecución bastante bajo. Es de esperar que poco a poco alcance velocidad de crucero, aunque ésta siempre vendrá limitada por algunos cuellos de botella: es mucho dinero que gestionar en muy poco tiempo.
Tras la aprobación en junio del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español y la recepción en agosto de un anticipo de 9.000 millones de euros, en los próximos meses veremos una fuerte aceleración de convocatorias de proyectos financiados con fondos del Next Generation EU. Esto hace que la necesidad de una adecuada información y gobernanza de los fondos europeos pase a un primer plano.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (más conocido por su acrónimo en inglés, IPCC) acaba de publicar su Sexto Informe de Evaluación, que concluye que el ser humano ha contribuido “de forma inequívoca” al aumento de los gases de efecto invernadero y al calentamiento global, en parte ya de forma irreversible.
Aunque el clima es un sistema complejo y dinámico y lleno de incertidumbres, en este momento dejarse llevar por el optimismo y no por el principio de prudencia sería más o menos equivalente a cuando veíamos que la pandemia de COVID estaba afectando de forma intensa a Italia y pensábamos que a nosotros no nos iba a pasar. Y es que, precisamente porque el clima es un fenómeno dinámico, puede llegar un momento en que los efectos del calentamiento global sean exponenciales y de difícil contención.
Jean-Claude Juncker solía decir, al hablar de reformas estructurales, que los gobernantes saben bien lo que tienen que hacer, pero no cómo hacerlo y luego resultar reelegidos. Esto, por supuesto, es una exageración. Y por partida doble, pues en Economía ni la claridad del objetivo implica necesariamente acertar con el instrumento apropiado ni las reformas estructurales tienen siempre un elevado coste electoral. Como todo en Economía, depende.
“Dadme una palanca y moveré el mundo”. Probablemente con esa idea se presentó el pasado 13 de abril una versión ampliada del documento “España Puede”, base del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español. Dicho Plan, que formalmente sigue pendiente de aprobación definitiva y remisión a Bruselas antes de 30 de abril, consta de “diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país”.
España dispondrá de casi 200.000 millones en los próximos años (150.000 de ellos provenientes del Next Generation EU) para transformar su economía y sentar las bases del crecimiento futuro. Se dice a menudo que esta es una oportunidad única, pero es mucho más que eso: es probablemente nuestra última oportunidad para decidir si España aspira a ser uno de los grandes países europeos o se conforma con quedar relegado a actor secundario durante gran parte de este siglo.
El pasado 2 de octubre Jesús Fernández-Villaverde publicó un artículo titulado «Una gran estrategia para España (II): las élites públicas». En líneas generales, estoy muy de acuerdo con las propuestas formuladas por el profesor Fernández-Villaverde. Son propuestas muy concretas, lo que debería facilitar el debate. En este artículo sólo formularé comentarios sobre propuestas que no respalde o que considere que pueden matizarse.
Las cumbres europeas que fracasan rara vez lo hacen después de varios días de negociaciones. Suelen hacerlo al principio, cuando parece evidente que no hay margen para el acuerdo, porque las divergencias de fondo son excesivas.
En este caso, no era así. Nadie negaba la importancia de un impulso fiscal conjunto europeo, con un componente importante de transferencias para evitar un endeudamiento excesivo de los Estados miembros, con fondos condicionados a la realización de inversiones en los sectores digital y medioambiental y a la realización de reformas estructurales para fortalecer la economía y un compromiso de sostenibilidad de finanzas a medio plazo (a corto habría sido un suicidio económico). Y, lo que es más importante, nadie discutía que este impulso conjunto se financiaría con una emisión de deuda europea, algo realmente novedoso y que supone un salto considerable en el proceso de integración. Las grandes divergencias con los países mal llamados frugales se derivaban, fundamentalmente, del importe total del esfuerzo y su relación con la negociación del resto del presupuesto comunitario para el período 2021-2027, la proporción entre subvenciones y préstamos y la forma de controlar el uso de los fondos.
Decía José Manuel Blecua, uno de los grandes filólogos españoles, que las palabras tienen no sólo un significado, sino también una dimensión emotiva. Es decir, las palabras son también lo que evocan.
En el ámbito económico, y por motivos históricos, el término “condicionalidad” es evocador de muchas cosas, generalmente negativas. Cuando pensamos en condicionalidad, inmediatamente nos vienen a la memoria conceptos como los de la crisis de la deuda, Grecia, troika, Fondo Monetario Internacional o ayuda ligada. Es decir, reflejos de un pasado económico en el que se cometieron algunos errores y del que, por suerte, hemos aprendido.
En el canto XII de La Odisea, la hechicera Circe le indica a Ulises cómo proseguir su viaje y le advierte de que deberá navegar entre el peligroso escollo en el que habita Escila, un terrible monstruo de doce pies y seis cabezas, y el mortal remolino de Caribdis, que engulle cualquier embarcación que se le acerca. Desde entonces la expresión “entre Escila y Caribdis” refleja la dolorosa elección entre dos situaciones igualmente peligrosas.
A la hora de salvar empresas consideradas viables a largo plazo –pero con riesgo de solvencia a corto por la crisis del coronavirus– mediante participaciones en el capital, muchos países se encuentran en la tesitura de tener que elegir entre el inyectar fondos públicos y convencer al sector privado para que lo haga. Es decir, navegar entre Escila y Caribdis.
