En 1987 Robert Solow se quejaba de que la era de las computadoras se reflejaba en todas partes, salvo en las estadísticas de productividad. Hoy, parafraseándole, podríamos decir que la era del Big Data se refleja en todas partes, salvo en las políticas públicas.
La conversación económica de este otoño sigue marcada por la evaluación de los daños de la guerra comercial y la Brexitología. Pero hay otros debates que tratan de arrojar luz sobre la naturaleza e implicaciones normativas de las transformaciones que nos afectarán, más allá de las veleidades de repliegue nacional actuales. Una de las cuestiones más trascendentes es el impacto del cambio tecnológico de la robótica y la inteligencia artificial (IA) sobre el empleo, los salarios según el nivel de la cualificación y la desigualdad. A finales de septiembre se celebró en Toronto una conferencia del National Bureau of Economic Research (NBER) sobre Economía de la IA. Unos días antes, el Grupo de Trabajo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre el Trabajo del Futuro publicó un informe con los resultados preliminares de su investigación. Se trata de un buen avance de cuál es el marco de análisis y la evidencia en este estadio preliminar del proceso.
El desarrollo de la política industrial –es decir, las políticas púbicas de estímulo a determinadas actividades económicas para favorecer un cambio en la estructura de la economía– se ha visto envuelto tradicionalmente en el debate que enfrenta a los fallos de mercado (que justifican su aplicación), frente a los del sector público (que la cuestionan). La síntesis de este debate había dado como resultado la “horizontalización” de la política industrial –orientada a la mejora del marco institucional y el mercado interior, las infraestructuras y al fortalecimiento de los factores de producción (como tecnología, innovación, capital humano o la capacidad emprendedora)–. Sin embargo, en los últimos años se está recuperando la aplicación de políticas verticales de apoyo a sectores específicos, donde la clave está en la búsqueda de mejores prácticas de intervención para evitar los fallos del sector público.
El 26 de diciembre de 2004, Tilly, una niña británica de diez años, estaba con sus padres y su hermana pequeña en la playa tailandesa de Mai Khao, disfrutando de sus vacaciones escolares. De pronto, vio cómo se formaba en la orilla una espuma “como de cerveza”, y cómo el agua empezaba a retroceder. Recordó entonces una lección reciente de su profesor de geografía sobre los signos que preceden a un tsunami, y no lo dudó ni un momento. Su madre al principio no le hizo caso, pero su padre y su hermana pequeña sí la creyeron y comenzaron a correr y a advertir a gritos a otros turistas del peligro mortal que se avecinaba. Apenas unos minutos más tarde, cuando ya estaban todos guarecidos en el hotel, una inmensa ola arrasó la playa. Fue una de las pocas de la región de Phuket en las que no hubo víctimas mortales.
Tres son las virtudes más importantes en la enseñanza de la Economía: el rigor, la claridad y la humildad. El rigor, porque sin datos o con datos sesgados no hay enseñanza, sino adoctrinamiento; la claridad, porque, como decía Richard Feynman, quien no sabe explicar algo en términos sencillos es porque verdaderamente no lo ha entendido; y la humildad, porque es imprescindible en una ciencia social no experimental, y porque el que sabe mucho de algo no necesita estar continuamente demostrándolo. Combinar las tres virtudes es raro, y al que no le falla el rigor, o es demasiado oscuro o le suele perder la soberbia.
Manuel Alejandro Hidalgo es, sin embargo, una excepción: este profesor de la Universidad Pablo de Olavide es respetado en el mundo académico, es un gran divulgador en prensa y en Twitter, y es muy apreciado por su accesibilidad, su generosidad y su falta de arrogancia. Por eso su primer libro, El empleo del futuro: Un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral (Deusto, 2018), que trata además uno de los temas económicos de mayor actualidad y relevancia, ha sido recibido con entusiasmo.
Si los guiones de cine estuvieran en manos de economistas, las películas serían bastante raras: tendrían un elaborado principio e inmediatamente después un desenlace, y solo a posteriori, después de los títulos de crédito, se explicaría con detalle el argumento. El motivo es que los economistas, a la hora de analizar los efectos de cambios estructurales –como el comercio, la tecnología, o la integración o desintegración económica–, tienden a centrarse en la comparación de las situaciones inicial y final: el antes y el después. Sin embargo, es precisamente en la dinámica de la transición de un punto a otro cuando una película se arruina o se convierte en una obra maestra.
Al leer el título alguno pensará que la entrada versa sobre la universidad como plataforma de lanzamiento de una carrera política. Pero no, vamos a hablar de teoría económica y de cómo el concepto de plataforma o “mercado de múltiples caras” se aplica a las universidades. Las plataformas y sus retos para la competencia ya se han explicado en este blog (con mucho detalle aquí y aquí). Aunque también se desprenden interesantes implicaciones para la regulación que pueden aplicar a posibles reformas para la universidad.
Uno de los principales rompecabezas que plantean las nuevas tecnologías es su impacto sobre el mercado de trabajo y qué tipo de respuestas se deben dar desde la política económica. Se empieza a asentar un cierto consenso sobre su probable impacto depresivo en el uso del factor trabajo, al menos en su sentido tradicional, que será sustituido por inteligencia artificial o tecnología de la información, con implicaciones en términos de una mayor caída de la participación del trabajo en la renta y el aumento de la desigualdad.
Hace ya más de un año que comenzamos esta serie de entradas sobre estancamiento secular, y que concluimos hoy. Desde entonces, la coyuntura económica mundial ha mejorado notablemente, de manera bastante generalizada por países y áreas, disipando en buena medida el pesimismo anteriormente reinante. Sin embargo, haríamos bien en tomarnos con cautela esta recuperación, dado que estamos ante una fase alcista del ciclo económico mundial con unas peculiaridades muy llamativas y sin precedentes en la historia reciente.
El big data (macrodatos o datos masivos) está aumentando la importancia y el valor añadido que aporta la información frente a otros factores de producción, como el trabajo o el capital. A través del aumento de la velocidad, cantidad, detalle y calidad de la información, el big data permite una gestión más eficiente de los recursos disponibles y anticipar y personalizar los servicios y productos ofrecidos a los usuarios. La OCDE identifica la innovación facilitada por la información como uno de los pilares del crecimiento y el bienestar en el siglo XXI. Cada vez más, los agentes que no se incorporen a esta revolución de la economía de la información se estarán quedando en una posición de desventaja competitiva en el mercado.
En este sentido, está creciendo la literatura sobre los retos que plantea incorporar el big data al día a día de la gestión empresarial. Es un reto al que también se enfrenta la administración para la mejora de la gestión de los servicios públicos (el FMI proporciona una buena síntesis, aplicado al caso de las estadísticas). La administración debe abordar además los desafíos regulatorios que impone un mercado con un creciente peso de la economía de la información. En otras entradas hemos visto parte de estos retos regulatorios, por ejemplo, en la política de competencia (aquí y aquí), el sector financiero (fintech), o la política fiscal.
