El 30 de octubre de 2021 los líderes del G20, reunidos en Roma, decidieron apoyar el acuerdo del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 denominado “Solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía”, en un esfuerzo de coordinación tributaria que supone un gran paso adelante en la gobernanza financiera mundial.
En otros tiempos se necesitó una gran depresión, o una gran guerra. En esta ocasión, ha sido una pandemia de efectos devastadores sobre la economía mundial la que está provocado un cambio sustancial en la parte del contrato social relativa a la tributación internacional. Y ya era hora.
La Agencia Tributaria ha publicado recientemente y por primera vez las estadísticas Consolidadas del Impuesto sobre Sociedades. Un hito importante a la hora de arrojar algo de luz sobre el debate de quién paga qué y cuánto, ya que la ausencia de esta información otorgaba a los grandes grupos societarios una ventaja a la hora de argumentar sobre su participación en los gastos comunes.
La rebelión de un pequeño grupo de diputados Tories ha obligado al gobierno de Theresa May a apoyar una enmienda legislativa que pretende meter en vereda a los paraísos fiscales que son territorios de ultramar de la Corona. Les conmina a crear un registro público de titulares beneficiarios de las sociedades y otras entidades constituidas en dichos territorios; si no lo hacen antes del 1 de enero de 2020, el Reino Unido adoptará una medida coercitiva para forzarles a crearlo. Entre los afectados estarían las Islas Caimán, uno de los mayores centros financieros off-shore del mundo (especializados en prestar servicios a no residentes).
La tecnología ha dejado obsoleto –entre otras muchas cosas– el sistema tributario internacional. En el viejo mundo analógico, la relación entre actividad internacional de una empresa y tributación estaba vinculada a un concepto físico, el del establecimiento permanente. ¿Pero qué ocurre en un mundo digital, donde la obtención de datos o los medios digitales ya no son auxiliares al negocio, sino el propio negocio? ¿Dónde se genera el valor –y por tanto el beneficio y la recaudación fiscal– de la publicidad de un producto alemán mostrada a través del algoritmo estadounidense de Google con servidores situados en Irlanda vista por un residente fiscal español de vacaciones en Francia?
Alemania va bien. Esta es una de las escasas certidumbres del horizonte económico en el año que comienza. Mientras el euro ha llegado a la mayoría de edad (la unión monetaria ha cumplido 18 años, aunque los billetes y monedas tardaran tres años más); y como viene sucediendo desde que naciera, su suerte vendrá marcada por las ideas económicas alemanas, su influencia en la política de su gobierno y su interacción con las visiones económicas y políticas del resto de Estados Miembros. A finales de año el Consejo Alemán de Expertos Económicos presentó a Merkel su informe anual, titulado Tiempo de reformas.
El football leaks ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de la falta de coordinación fiscal en Europa. El etiquetado como sistema de Mendes de elusión fiscal parece ser un nuevo ejemplo de los esquemas del tipo “doble irlandés” asociado a las multinacionales americanas, que aprovecharon los resquicios legales del sistema fiscal irlandés para eludir los impuestos de sus operaciones en Europa. Si bien Irlanda ha adaptado su regulación para evitar este tipo de elusión (eso sí, con una exención a las empresas ya establecidas hasta el año 2020), no basta con soluciones de país, el proyecto europeo exige acelerar y hacer más ambiciosa la agenda de coordinación de normas fiscales.
El pasado 30 de agosto la Comisión Europea estableció que la empresa estadounidense Apple deberá pagar una multa por importe de 13.000 millones de euros por haberse beneficiado de ayudas fiscales ilegales. La sanción equivale al 27% de los beneficios anuales de la compañía en 2015, y es la mayor multa impuesta nunca por la Comisión.
Apple y el gobierno irlandés emitieron sendos comunicados de protesta, y anunciaron que recurrirán la sentencia. Al Ministro de Finanzas de Irlanda le preocupa “defender la integridad de su sistema fiscal”. Apple, por su parte, señaló que siempre ha pagado lo que debía y se quejó de que aquí “no se trata de cuántos impuestos paga Apple sino de cuál es el gobierno que recauda”, amenazando además con “profundas y nocivas consecuencias en la inversión y creación de empleo en Europa”. Esta última amenaza también la profirió el portavoz del Tesoro estadounidense. El Consejero Delegado de Apple, Tim Cook, fue más lejos, calificando la multa de “basura política” y acusando a la CE de manejar “cifras falsas”.
¿Quién tiene razón?
