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¿Barra libre de ayudas de Estado?

El pasado 2 de octubre la Comisión Europea envió a los Estados miembros una propuesta de prórroga hasta el 30 de junio de 2021 del Marco temporal de ayudas estatales adoptado en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Este Marco temporal ha permitido una amplia relajación –casi una barra libre– de las ayudas de Estado que han dado lugar a casi 3 billones en apoyos de Estados miembros al sostenimiento de sus empresas, la mitad de ellos aprobados en Alemania. La Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha dicho que la prórroga “se ajustará a las necesidades continuas de las empresas, protegiendo al mismo tiempo el mercado único”. Fácil de decir, no tanto de hacer.

Más detalles sobre el Fondo de Recuperación europeo

La Comisión Europea publicó, el pasado 17 de septiembre, detalles adicionales sobre el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR), basándose en el Acuerdo del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020. ¿Qué detalles son especialmente relevantes para España?

A partir del 15 de octubre (y hasta el 30 de abril de 2021), los Estados Miembros pueden enviar a la Comisión sus planes de recuperación y resiliencia (PRR), que recogerán sus estrategias nacionales de reformas e inversiones hasta 2026. Muy importante, los objetivos de esas reformas e inversiones deben estar en línea con los del FRR (avanzar en la transición ecológica y digital, así como fortalecer las economías nacionales) y los Estados Miembros deben considerar las recomendaciones específicas comunicadas a cada país por las autoridades europeas en los últimos años, especialmente 2019 y 2020. La valoración de dichos planes por la Comisión (y su posterior aprobación por mayoría cualificada por el Consejo Europeo) se efectuará teniendo en cuenta las mencionadas recomendaciones y esa valoración es previa al desembolso de fondos.

Cómo aprovechar los fondos europeos

La Comisión acaba de publicar unas líneas orientativas para la elaboración de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia que los Estados miembros deberán presentar para poder tener acceso a los fondos europeos del mecanismo de igual nombre, dentro del Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU). España tendrá en principio acceso a unos 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, que deberá gastar en tan sólo cuatro años.

Es el momento de centrarse en dos desafíos: uno exterior, diseñando un Plan Nacional aceptable para la Comisión y nuestros socios europeos, y otro interior, asegurando un ágil sistema de identificación, planificación, asignación y ejecución de fondos.

¿Qué se entiende por ‘inversiones’ financiadas por el plan europeo?

El clima era depresivo en Europa en 2012. Los países cuyo tipo de interés real cayó abruptamente tras la creación del euro habían vivido largos ciclos de expansión impulsados por la demanda interna y rápidamente financiados desde el norte de Europa, en el contexto de la libre circulación de capitales entre todos acordada. La crisis de Lehman Brothers expuso en 2008 esta realidad y el secado del mercado bancario dejó a estos países (Grecia, Irlanda y Portugal, primero, y, más tarde, España), sin financiación externa. En medio, se destapó la falta de credibilidad de las cuentas públicas griegas. Todos compartían un saldo exterior deficitario. No todos compartían irresponsabilidad en la gestión de sus cuentas públicas, o al menos, no del mismo tipo.

Los acuerdos internacionales hay que cumplirlos

El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 es corto, pero muy explícito: “Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Si el texto recoge literalmente esa expresión latina es porque constituye el principio más antiguo del derecho internacional: los acuerdos hay que cumplirlos.

¿Qué reformas estructurales?

Para salir de la crisis, aparte de controlar la pandemia, hacen falta tres cosas: evitar turbulencias financieras, impulsar la demanda y que el lado de la oferta responda. A las dos primeras cosas nos ayuda la Unión Europea, con la financiación de la Comisión para cubrir los ERTE, el control de la prima de riesgo con las compras de deuda del BCE y las transferencias del Fondo de Recuperación para Europa. Pero para que la oferta responda necesitaremos, además del apoyo europeo, ambición y voluntad política para acometer importantes reformas estructurales. De su nivel y profundidad dependerá que España se ponga en marcha con una economía reforzada y avance hacia el futuro o siga para siempre renqueando con muletas.

Por cierto, ¿y el Brexit?

¡Qué tiempos aquellos en los que el desafío a corto plazo más importante para la Unión Europea era el Brexit, y no una pandemia mortal acompañada de una grave recesión económica! Pero el desafío del Brexit persiste y, tras la ruptura política del 1 de febrero de 2020, las negociaciones para fijar las condiciones de ruptura económica al final del período transitorio el 1 de enero de 2021 no van nada bien. Quedan menos de cinco meses para el Brexit económico, y es un buen momento para hacer un balance de situación, con diez elementos que conviene recordar.

España tiene oxígeno, pero debe evitar la UCI

El Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio ha sido una excelente noticia, pero ha generado un optimismo que resulta poco prudente. De cara a afrontar la crisis de la COVID, si el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del Banco Central Europeo ya nos insuflaba oxígeno, el Programa de Recuperación europeo nos proporciona anticoagulantes, que permiten que la sangre fluya por la economía y evite peligrosos bloqueos. Si la crisis se complica, el MEDE siempre estaría ahí para ofrecer respiración asistida, pero hemos de evitarlo a toda costa. La economía española tiene que luchar mucho por recuperarse porque, si llega a entrar en la UCI y termina requiriendo respirador, las probabilidades de salir adelante sin graves secuelas se reducen considerablemente. En Economía, como en Medicina, un diagnóstico rápido y una actuación decidida evitan muchas complicaciones posteriores.

La UE acierta a corto plazo y arriesga a largo plazo

Las cumbres europeas que fracasan rara vez lo hacen después de varios días de negociaciones. Suelen hacerlo al principio, cuando parece evidente que no hay margen para el acuerdo, porque las divergencias de fondo son excesivas.

En este caso, no era así. Nadie negaba la importancia de un impulso fiscal conjunto europeo, con un componente importante de transferencias para evitar un endeudamiento excesivo de los Estados miembros, con fondos condicionados a la realización de inversiones en los sectores digital y medioambiental y a la realización de reformas estructurales para fortalecer la economía y un compromiso de sostenibilidad de finanzas a medio plazo (a corto habría sido un suicidio económico). Y, lo que es más importante, nadie discutía que este impulso conjunto se financiaría con una emisión de deuda europea, algo realmente novedoso y que supone un salto considerable en el proceso de integración. Las grandes divergencias con los países mal llamados frugales se derivaban, fundamentalmente, del importe total del esfuerzo y su relación con la negociación del resto del presupuesto comunitario para el período 2021-2027, la proporción entre subvenciones y préstamos y la forma de controlar el uso de los fondos.

Batallas justas en terrenos pantanosos

El Tribunal General de la Unión Europea acaba de anular la decisión de la Comisión que obligaba a Irlanda a reclamar a la empresa Apple 13.000 millones de euros en beneficios fiscales que se consideraban contrarios a la legislación comunitaria por constituir una ayuda de Estado distorsionadora de la competencia. Aunque la sentencia es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el Tribunal General actúa aquí como tribunal de primera instancia), esta resolución pone una vez más de manifiesto la dificultad que supone para el proyecto europeo intentar suplir la falta de ambición política con imaginación jurídica.