Hay un amplio consenso en Economía en que las consideraciones de eficiencia no son suficientes para diseñar y evaluar las políticas económicas, sino que estas deben analizarse a partir de un marco más amplio que tenga en cuenta su impacto sobre la equidad, la inclusión o el bienestar de los ciudadanos. Los principales organismos internacionales que vigilan las políticas económicas de los países llevan ya años impulsando este enfoque, en especial la OCDE, que lanzó su Iniciativa para una Vida Mejor en 2011, y, en los últimos años, también el FMI. Este año, el gobierno de Nueva Zelanda ha logrado aprobar el primer presupuesto del bienestar, que la comunidad internacional está observando con interés, al ser el primer intento de plasmar el objetivo del bienestar en la política presupuestaria.
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Los perdedores de la globalización y el riesgo político
Si los guiones de cine estuvieran en manos de economistas, las películas serían bastante raras: tendrían un elaborado principio e inmediatamente después un desenlace, y solo a posteriori, después de los títulos de crédito, se explicaría con detalle el argumento. El motivo es que los economistas, a la hora de analizar los efectos de cambios estructurales –como el comercio, la tecnología, o la integración o desintegración económica–, tienden a centrarse en la comparación de las situaciones inicial y final: el antes y el después. Sin embargo, es precisamente en la dinámica de la transición de un punto a otro cuando una película se arruina o se convierte en una obra maestra.
Trilemas en política económica
La “política económica” es primero “política”, es decir, administración para los ciudadanos (“politiké”) y, por tanto, envuelta en unos valores y una ideología acerca de los que se considera mejor para ellos; y segundo, “economía”, es decir, una herramienta para identificar el camino más apropiado hacia dichos objetivos. En línea con la primera de las 33 Tesis para la Reforma de la economía –que establece que ninguna meta económica puede separarse de la política–, las políticas económicas deben entenderse como recomendaciones establecidas a partir de unos valores, que se aplican en un contexto económico e institucional determinado. En este sentido, a partir del “trilema” (anglicismo) de valores libertad-igualdad-solidaridad, se puede establecer, aún a riesgo de simplificación, un esquema sobre los trilemas a los que se enfrenta la política económica.
Universidad: el modelo intermedio es insuficiente
La actualidad mediática ha puesto el foco en las universidades. Como se ha abordado en otras entradas, uno de los retos centrales de la economía española es el aumento de la productividad, lo que exige dar prioridad a factores como la calidad institucional, la I+D+i o la educación, donde la universidad desempeña un papel central en la conexión entre estos dos últimos factores. La política universitaria (y la educación en general) puede aproximarse desde la búsqueda de un equilibrio en el triángulo acceso-financiación-calidad: a quién debe llegar (acceso), cuántos recursos se le dedica (financiación) y el nivel de la educación (calidad). En España se aplica un modelo universitario intermedio con buen acceso, pero relativamente bajas financiación y calidad que no está dando buenos resultados.
Civismo y Estado del bienestar
Frente a la tormenta perfecta que ha tenido que afrontar el Estado de Bienestar en España durante la última década, algunos partidos políticos y organizaciones sociales han hecho de su defensa una bandera. Esta reacción es comprensible y, en el corto plazo, puede haber contribuido a limitar los daños. Pero como en muchas otras cosas, la pulsión conservadora es insuficiente para afrontar los retos futuros. Tomando en cuenta las consecuencias sociales de la crisis, el envejecimiento de la población y la incertidumbre sobre el impacto de la digitalización en el empleo el objetivo para España debería ser ampliar y profundizar nuestro Estado de Bienestar.
De corregir el mercado a orientarlo
Como hemos abordado en otras entradas (aquí o aquí), economistas bien conocidos están planteando nuevos desarrollos teóricos que cuestionan parte de los cimientos del análisis económico neoclásico, tratando de proponer un nuevo marco teórico y dando lugar a nuevas recomendaciones de política económica. Varios de estos desarrollos se presentan en foros académicos de primera línea con especial incidencia entre los gestores de política económica, entre ellos, en la conferencia insignia del BCE, su foro de banca central, que viene celebrándose desde 2014 en Sintra, Portugal, y que este año (finales de junio pasado) ha estado dedicado a la inversión y al crecimiento en economías avanzadas. Destacan dos aportaciones que apuntan en la dirección de un sector público más activo que intervenga para orientar el mercado (más allá de corregir sus fallos): la alerta de Ben Bernanke de que el crecimiento puede no ser suficiente y la aportación de Mariana Mazzucato sobre el papel central de la financiación pública para la innovación y la creación de nuevos mercados.
El Estado social del futuro solo podrá ser europeo
El reciente surgimiento de los populismos a ambos lados del espectro político (y a ambas costas del Atlántico) refleja en cierta medida la crisis ideológica de las corrientes políticas del siglo XXI. Tras un fin de siglo XX convulso que asistió a la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la URSS, la expansión económica de China y un fuerte impulso de la globalización espoleada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, la primera década de este siglo no trajo un período de prosperidad, sino una gran recesión que ha puesto en evidencia las limitaciones del Estado-nación para mantener la estabilidad, el pleno empleo y el Estado del bienestar en un mundo globalizado. En los países del área euro, la renuncia adicional al tipo de cambio como herramienta de estabilización favoreció una crisis y un ajuste aún más duros, de los que aún se está recuperando.