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Malos tiempos para la cooperación económica internacional

Si hace diez años nos hubieran preguntado qué aspectos de la gobernanza económica internacional estaban consolidados y cuáles eran improbables, entre los primeros habríamos citado sin dudar el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y entre los segundos la fiscalidad internacional. A finales del año pasado hubiéramos dicho lo contrario: la OMC languidecía y se anunciaba un importante acuerdo internacional de más de 135 países para la tributación de las multinacionales. Hoy, la verdad, ya no sabemos qué decir. La OMC sigue sin levantar cabeza –aunque logró un pequeño pero esperanzador acuerdo en junio– y el acuerdo de la OCDE y el G20 para la tributación de multinacionales parece estancado. Para más inri, la aparente victoria de los republicanos en las elecciones de media legislatura de Estados Unidos (aunque mucho más ajustada que lo previsto) anticipa tiempos difíciles para la cooperación internacional.

Oligopolios en el comercio mundial

La defensa del sistema de asignación de recursos por el mercado parte de una premisa fundamental: que hay múltiples agentes económicos que compran y venden y ninguno tiene capacidad de influir sobre el precio (que resulta entonces un buen indicador de la escasez relativa). La teoría, ya se sabe, es muy bonita, pero muchas veces las cosas no son así.

Un poco de equidad tributaria internacional

El 30 de octubre de 2021 los líderes del G20, reunidos en Roma, decidieron apoyar el acuerdo del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 denominado “Solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía”, en un esfuerzo de coordinación tributaria que supone un gran paso adelante en la gobernanza financiera mundial.

Pandemia y poder de mercado

Uno de los riesgos de la recuperación económica post-pandemia es un mayor crecimiento en la tendencia previa a la crisis del aumento del poder de mercado de las grandes empresas. En la medida en que éstas tienen más medios para resistir a la crisis (mayores colchones y acceso a créditos), cabe esperar una mayor concentración de mercado en un contexto de probables quiebras de muchas pymes, con una menor capacidad de resistencia. Un excesivo poder de mercado puede generar desincentivos al dinamismo empresarial con costes en términos de crecimiento e innovación, lo que exige una adaptación de las políticas de competencia.

La tributación de las multinacionales tras el COVID

En otros tiempos se necesitó una gran depresión, o una gran guerra. En esta ocasión, ha sido una pandemia de efectos devastadores sobre la economía mundial la que está provocado un cambio sustancial en la parte del contrato social relativa a la tributación internacional. Y ya era hora.

El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades: un secreto incómodo

La Agencia Tributaria ha publicado recientemente y por primera vez las estadísticas Consolidadas del Impuesto sobre Sociedades. Un hito importante a la hora de arrojar algo de luz sobre el debate de quién paga qué y cuánto, ya que la ausencia de esta información otorgaba a los grandes grupos societarios una ventaja a la hora de argumentar sobre su participación en los gastos comunes.

Votaron con los pies: empresas e independencia

Charles Tiebout fue un economista y geógrafo estadounidense nacido el 12 de octubre 1924 que dedicó su vida a la teoría del federalismo fiscal. Desarrolló el concepto de “votar con los pies”, una posible solución al problema de revelación de preferencias sobre bienes públicos –y, por extensión, su financiación– que supone el hecho de que, en un marco descentralizado, una persona se mude a aquella jurisdicción donde las políticas sean más cercanas a su ideología o a sus intereses –mudanza que a veces resulta más fácil que cambiar de gobierno mediante el voto–. En el caso de personas jurídicas como las empresas, es lo que hacen todo el rato: tienden a localizarse en aquel territorio más favorable a sus intereses en términos de oportunidades de negocio, servicios, carga impositiva y seguridad jurídica.

Eso es lo que ha ocurrido en Cataluña, donde nadie invitó a las empresas a votar, pero al final lo han hecho: han ejercitado su “derecho a decidir” votando con los pies, evitando a toda costa el riesgo regulatorio de un gobierno regional que ha demostrado estar dispuesto a saltarse sin pestañear tanto la legislación estatal y autonómica como las sentencias judiciales.

La multa de Apple y la seguridad jurídica

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El pasado 30 de agosto la Comisión Europea estableció que la empresa estadounidense Apple deberá pagar una multa por importe de 13.000 millones de euros por haberse beneficiado de ayudas fiscales ilegales. La sanción equivale al 27% de los beneficios anuales de la compañía en 2015, y es la mayor multa impuesta nunca por la Comisión.

Apple y el gobierno irlandés emitieron sendos comunicados de protesta, y anunciaron que recurrirán la sentencia. Al Ministro de Finanzas de Irlanda le preocupa “defender la integridad de su sistema fiscal”. Apple, por su parte, señaló que siempre ha pagado lo que debía y se quejó de que aquí “no se trata de cuántos impuestos paga Apple sino de cuál es el gobierno que recauda”, amenazando además con “profundas y nocivas consecuencias en la inversión y creación de empleo en Europa”.  Esta última amenaza también la profirió el portavoz del Tesoro estadounidense. El Consejero Delegado de Apple, Tim Cook, fue más lejos, calificando la multa de “basura política” y acusando a la CE de manejar “cifras falsas”.

¿Quién tiene razón?