Se atribuye a De Gaulle aquello de “O yo, o el caos”, frase que ─como suele ocurrir con tantas otras atribuidas a personajes famosos─ al parecer jamás pronunció. En agosto de 1975, pocos antes de la muerte de Franco, el dibujante Ramón publicó una viñeta en la portada de la revista Hermano Lobo en la que un político se dirigía a la muchedumbre diciendo “O nosotros, o el caos”, a lo que esta respondía enardecida: “¡El caos, el caos!”. Y replicaba el político: “Es igual, también somos nosotros”.
En una encuesta celebrada en septiembre de 2019, uno de cada cinco británicos que habían votado en 2016 a favor de permanecer en la Unión Europea se mostraban dispuestos a aceptar el Brexit, incluso una salida sin acuerdo, con tal de evitar que gobernara Jeremy Corbyn. Este “efecto Corbyn”, es decir, el miedo al programa radical y a las continuas inconsistencias políticas del líder laborista, se ha demostrado letal para los intereses de los partidarios de permanecer en la Unión Europea, y ha sido el que ha dado a Boris Johnson una holgada mayoría.
Contrariamente a algunas apresuradas interpretaciones, el resultado de estas elecciones no ha reflejado en absoluto una clara preferencia por el Brexit por parte de los votantes británicos. La sociedad sigue dividida, partida por la mitad, y Boris Johnson no ha obtenido muchos más votos que su predecesora, Theresa May. Lo que ha confirmado, simplemente, es que muchos votantes moderados que preferían permanecer en la Unión Europea han decidido que un gobierno de un Corbyn radicalizado era un precio demasiado alto que no estaban dispuestos a pagar. El Brexit no será, pues, más que la consecuencia lógica de formular una pregunta incorrecta: en vez de preguntarle a los británicos si querían de verdad salir de la UE, se les ha preguntado a quién querían de primer ministro. Y han decidido que a cualquiera menos Corbyn. Incluso a Boris Johnson, que ya es decir. Y es una lástima, porque un primer ministro incompetente tiene plazo de caducidad, mientras que la decisión de abandonar la UE afectará a muchas generaciones.
Al mismo tiempo, tampoco los liberal demócratas han conseguido convencer a los votantes moderados de que ellos eran la alternativa adecuada. Su líder, Jo Swinson, antigua secretaria parlamentaria privada y mano derecha del viceprimer ministro, Nick Clegg, todavía está pagando los costes para un partido de centroizquierda de aliarse con el gobierno conservador de Cameron y además traicionar su promesa de no subir las tasas universitarias. La combinación de la desconfianza de los votantes de izquierda y la fidelidad al partido tory de los votantes conservadores han hecho que Swinson, como Nick Clegg en 2017, ni siquiera haya sido capaz de mantener su propio escaño.
Ahora bien, si hay algo de lo que Johnson se siente particularmente satisfecho en estas elecciones, es de haber borrado del mapa político a Nigel Farage y su molesto Brexit Party. Como diría Dominic Cummings, misión cumplida.
¿Qué pasará ahora? Desde luego, el resultado electoral ha permitido terminar con la incertidumbre política: el Parlamento británico aprobará el Acuerdo de Salida negociado por Boris Johnson y el 31 de enero el Reino Unido dejará jurídicamente de ser un Estado miembro de la Unión Europea. Mantendrá, eso sí, todos los derechos y obligaciones económicas durante un período transitorio establecido inicialmente en 11 meses, durante el cual se deberá negociar un Acuerdo de Relación Definitiva con la UE.
¿Cómo será este acuerdo? Boris Johnson ha dicho unas veces que quería un acuerdo profundo, otras que un acuerdo básico. Pero eso era en campaña electoral. Paradójicamente, la amplia mayoría de Johnson no sólo le otorga margen de maniobra para aprobar el Acuerdo de Salida, sino también para negociar con la Unión Europea un Acuerdo de Relación Definitiva sin estar sujeto a la presión de los radicales conservadores de su partido (el European Research Group o ERG, dirigido por el peculiar Rees-Mogg). Si hay algo que nos ha quedado claro de Boris Johnson es que no es una persona de principios muy arraigados: es capaz de decir una cosa y la contraria cinco minutos después, y sin pestañear. Quizás precisamente por eso sea capaz de perseguir un mayor grado de integración que el que le reclamarían los más radicales, y si hace falta aceptar una extensión del período transitorio para lograrlo. Y venderlo, como ha hecho con el Acuerdo de Salida, como un éxito.
En todo caso, no cabe a priori contar con una extensión del período transitorio, y hay que ponerse a negociar cuanto antes. El problema es que once meses no son nada en términos de negociaciones comerciales.
Lo normal, aunque solo sea por cuestiones de plazos, es negociar un acuerdo bastante básico, puramente comercial (sin apenas servicios) con posibilidades de ampliación futura. Pero ni siquiera eso será fácil. Un acuerdo de libre comercio va mucho más allá de eliminar aranceles, y durante los próximos meses habrá que contemplar al menos tres cuestiones: las normas de origen (que definen la “nacionalidad” de las mercancías complejas para poder beneficiarse de un tratamiento preferencial), cuestiones de pesca y acceso a caladeros (muy importante para la UE) y compromisos de competencia leal (denominados de terreno de juego equilibrado o “level playing field”), es decir, de no perseguir grandes divergencias y carreras a la baja en cuestiones como derechos sociales, medioambientales o fiscalidad. Hay que tener presente otro dato importante: la ausencia de aranceles no evita la necesidad de controles aduaneros, imprescindibles en un acuerdo de libre comercio para controlar el origen de las mercancías (e inexistentes en una unión aduanera), y las fricciones comerciales podrían ser muy elevadas. No olvidemos, tampoco, que un acuerdo de libre comercio no suele incluir productos agrícolas, un sector para el que la incertidumbre sigue siendo enorme.
En cualquier caso, Boris Johnson, liberado del Brexit Party, liberado de la presión de los radicales conservadores, liberado de unas elecciones inminentes, tiene las manos libres para negociar. Y, diga lo que diga ahora, lo normal es que aproveche para evitar una salida brusca y promover una relación económica más integrada con la Unión Europea que la que inicialmente preveíamos y, si es preciso, ganando tiempo. ¿Por qué? No sólo porque sabe que Trump nunca le hará ninguna concesión y jamás podrá acceder a un acuerdo muy ventajoso con Estados Unidos, sino, fundamentalmente, porque las elecciones también le han dado un poderoso motivo político para suavizar la salida y buscar consensos: el primer ministro que pasará a la Historia como el que sacó al Reino Unido de la Unión Europea no puede permitirse ser al mismo tiempo el primer ministro que provocó la ruptura del Reino Unido con la independencia de Escocia.
Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)
Durante mucho tiempo la Teoría de la Demanda del Consumidor partió de la premisa de que los bienes eran homogéneos –es decir, con características muy similares–, de modo que el factor más relevante en la decisión de compra era el precio. Sin embargo, es evidente que la compra de un tornillo o un kilo de harina no tiene nada que ver con la de un smartphone o un automóvil. En estos casos, el precio es importante, pero puede pesar mucho más la existencia de determinadas características o prestaciones.
Los medios internacionales han recogido la obtención de escaños en Andalucía por parte de Vox como el fin de la excepción española al nacionalismo de derechas en Europa. Es un panorama muy sombrío que debe mantenernos alerta. En general, durante el siglo XXI estamos asistiendo a cambios fundamentales en el mapa político tradicional europeo en dirección hacia una mayor fragmentación y polarización política. Aunque es una tendencia bien conocida y repetida, no está de más reiterarla (con algunos números), para combatirla.
El problema de la falta de proporcionalidad del sistema electoral en España está sobre todo relacionado con el diseño de las circunscripciones electorales provinciales y no con la ley D’Hondt, que es un método de distribución de escaños proporcional. También afecta la exigencia de un mínimo del 3 por ciento del voto para participar en el reparto de escaños en cada circunscripción, que, en todo caso, constituye una barrera para evitar la multiplicación de partidos en el Congreso (se puede debatir si reducir el límite). En una entrada anterior se veía el funcionamiento del método D’Hondt comparándolo con otros métodos de distribución de escaños y utilizando el ejemplo de un resultado del tipo “partido de tenis”. Aquí se refleja el problema de las circunscripciones provinciales a partir de los resultados de las elecciones generales de 2016 y viendo los casos de Cataluña y de España.
Cada vez que se replantea el debate del sistema electoral en España por sus problemas de falta de proporcionalidad (debate recurrente en las tres últimas décadas), es sorprendente el énfasis que muchos ponen en cuestionar el sistema D’Hondt de reparto de escaños. Como se estudiaba en primero de Económicas en la asignatura de Teoría del Estado, se trata de un método de distribución de escaños, que sí, es proporcional ‒y bastante elegante, por cierto‒, en el que el sesgo en la asignación de los últimos escaños favorece a los partidos más votados. Se puede discutir si optar por otros métodos proporcionales –eso sí, cada uno con sus propios sesgos–, pero el verdadero problema de la falta de proporcionalidad en nuestro sistema electoral no está el método de reparto, sino en el diseño de las circunscripciones provinciales, especialmente, su reducido tamaño y el desigual reparto de escaños por circunscripción.
En esta entrada analizaremos con un ejemplo cómo funciona el método D’Hondt, comparándolo con otros métodos de distribución de escaños. En una segunda entrada se recogerán los resultados en Cataluña y en España jugando con distintos métodos de distribución y de tamaños de circunscripciones electorales.
