En septiembre de 2017, poco más de un año después del referéndum del brexit, Michel Barnier presentó a Theresa May una propuesta de salvaguarda, es decir, un conjunto de medidas técnicas para evitar una frontera física en Irlanda –en cumplimiento de los Acuerdos de Viernes Santo–, cualquiera que fuera el modelo de relación definitiva entre el Reino Unido y la Unión Europea. Era específica para Irlanda del Norte, y exigía que esta permaneciese en el entorno regulatorio europeo en cuatro ámbitos: productos agroalimentarios, productos industriales, aranceles e IVA. Por supuesto, como Gran Bretaña –es decir, el resto del Reino Unido– mantendría su propio régimen regulatorio, arancelario y fiscal, era preciso además controlar el tráfico interior en el Mar de Irlanda (donde una frontera, cuando hay mar de por medio, se ve siempre natural). A eso añadió unas normas para evitar una carrera a la baja en normativa laboral o medioambiental, y la seguridad de que la salvaguarda permanecería en vigor hasta que fuera innecesaria, bien porque la relación con el Reino Unido fuera de elevada integración, o porque la tecnología lo permitiese.
