En el pasado artículo analizamos las lecciones de las recientes crisis bancarias respecto a la liquidez y a la protección total de los depósitos de algunos bancos en quiebra como forma de evitar nuevos contagios. Veamos ahora otra lección de las recientes crisis bancarias: la relevancia de una evaluación creíble y realista del interés público.
En los dos últimos meses hemos asistido a graves turbulencias en el sistema bancario, especialmente en Estados Unidos. En este artículo intentaré analizar lo que ha ocurrido y cómo estas crisis bancarias pueden afectar al actual marco de resolución.
–Hola, ChatGPT, estoy aquí leyendo un artículo sobre la crisis del Silicon Valley Bank y me he encontrado el término “riesgo por desfase de vencimientos”. ¿Tú sabes qué es?
En el artículo anterior analizamos algunas fórmulas para incrementar el número de bancos sujetos al marco único de resolución. Como habrá todavía muchos bancos pequeños que deberán ser liquidados, vamos a examinar en este artículo cómo podemos obtener un marco de liquidación homogéneo y eficiente en la Unión Bancaria.
La gestión de la crisis de un banco siempre plantea retos, ligados especialmente a su función en la economía, tamaño, modelo de negocio y de financiación, etc. Vamos a ver que, en función básicamente del tamaño del banco en crisis y de sus conexiones con otros bancos, habrá o no interés público en la utilización de algunas peculiaridades del régimen ordinario de insolvencia de sociedades. Si no hay interés público, el banco se liquidará aplicando las normas ordinarias de insolvencia y, si hay interés público, una autoridad administrativa gestionará la inviabilidad del banco utilizando un régimen especial denominado de resolución bancaria. La Unión Europea dispone desde 2014 de unas normas específicas de resolución bancaria.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro americano a diez años ha superado en los últimos días el 3,10%. Es el nivel más alto desde hace siete años. En el verano de 2016 cayó por debajo del 1,5%. En estos dos años, la deuda pública de Estados Unidos se ha abaratado, su precio ha caído, resultando más rentable para los potenciales compradores. A quien haya seguido el debate sobre el estancamiento secular, no le extrañará que esta subida pueda llegar a ser saludable; un síntoma de que estamos dejando definitivamente atrás las rémoras de la crisis. Pero atención, los recuerdos de episodios pasados similares son bastante oscuros: la crisis de la deuda externa a principios de los ochenta, el desplome de los mercados de renta fija en 1994 o el berrinche que sufrieron los emergentes hace justo cinco años cuando la Fed anunció una reducción gradual en sus compras de activos. La pregunta es ¿está preparada la economía mundial para vivir con tipos más altos?
Fintech o FinTech (abreviación del inglés Financial Technology) se aplica con carácter general al uso de tecnologías de la comunicación y la información en la provisión de servicios financieros. Su definición es amplia y engloba tres elementos principales interrelacionados, que resulta útil distinguir: (i) la fintech como tecnología, es decir, nuevos procesos tecnológicos aplicados a los servicios financieros; (ii) los nuevos productos y servicios financieros derivados de estos y (iii) las fintech, empresas de servicios financieros que ofrecen estos productos con nuevos modelos de negocio.
En sí, la aplicación de nueva tecnología forma parte del crecimiento natural de las empresas –piénsese en los ordenadores, los cajeros automáticos o las tarjetas de crédito–. La novedad aquí es la proliferación de nuevas aplicaciones tecnológicas y, sobre todo, su potencial para modificar los agentes que actúan en el sistema financiero, con la posible entrada de pequeñas startups, pero también de grandes empresas tecnológicas, las techfin, con las consiguientes implicaciones para la regulación y la supervisión financiera –donde entran en juego las regtech, sucumbiendo ya al abuso del anglicismo abreviado en este sector–.
Han pasado casi dos años desde que la Comisión Europea presentara su propuesta de reglamento para la creación gradual de un fondo de garantía de depósitos para el área euro. La idea era empezar con tres años de reaseguro parcial de los fondos nacionales por parte del fondo europeo para después instaurar una fase de co-aseguro de cuatro años con porcentajes crecientes hasta llegar al cien por cien. La negociación política de la propuesta en el Consejo ha embarrancado, dado que un grupo de países liderado por Alemania se opone a este enfoque. En su reciente Comunicación, la Comisión avanza algunas opciones para reducir la ambición del proyecto, tratando así de facilitar un acuerdo político en 2018.
