El pasado 9 de junio el Banco Central Europeo (BCE) anunció una primera subida de tipos de 0,25 puntos para julio y confirmó el fin de las compras de deuda pública iniciadas con la pandemia. Esta decisión se enmarca en medio de una serie de dilemas a los que se viene enfrentando esta institución, tanto estructurales como coyunturales.
Hace cien años, el 15 de noviembre de 1922, hubo elecciones generales en el Reino Unido. Fueron unas elecciones importantes por dos motivos: en primer lugar, porque fueron las primeras que se celebraron sin la parte sur de la isla de Irlanda, que un mes más tarde se convertiría en un Estado libre asociado a la Corona británica como paso previo a su definitiva independencia como República; y, en segundo lugar, porque el mapa político británico quedó desde entonces concentrado en dos grandes fuerzas, el Partido Conservador y el Partido Laborista, pasando el otrora poderoso Partido Liberal a un segundo plano.
El 26 de julio de 2012, arrasados los mercados de deuda y profanados los mecanismos de transmisión de la política monetaria, entró el presidente del Banco Central Europeo en una conferencia en la City londinense y, ante algunos de los bancos y fondos de inversión más importantes del mundo, afirmó que haría “todo lo que fuera necesario” para salvar a su dios, que era una moneda única. El texto de ese discurso gozó de una veneración especial y quienes lo leyeron y releyeron dieron en olvidar que el autor se limitó establecer una excepción a la política monetaria habitual, y no una regla.
La historia de la globalización es una historia de cambios tecnológicos que se extienden por el mundo asociados a movimientos en la estructura del empleo. La revolución tecnológica más antigua, la del neolítico de hace diez milenios, convirtió a los cazadores en agricultores, pero su expansión internacional fue muy lenta; las revoluciones industriales del XVIII y el XIX, por su parte, desplazaron gran parte del empleo agrícola a la industria, llevando a un fuerte crecimiento del comercio a partir de mediados del XIX.
La guerra en Ucrania absorbe desde febrero toda la atención mediática, y con razón: es un drama humano y un conflicto de primer orden que afecta a la situación económica mundial por varias vías y multiplica la incertidumbre. Estados Unidos y Europa intentan ayudar a Ucrania mientras evalúan los costes de cortar el suministro energético (si no lo corta Rusia antes) y procuran controlar la elevada inflación sin provocar una peligrosa recesión. Y la escasez de trigo y fertilizantes amenaza con provocar una peligrosa escasez de alimentos. Todo un reto.
Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) han respondido de una manera rápida y sostenida en apoyo a los países de renta baja y media para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica generada por la COVID-19. Cabe destacar dos grandes ejes de actuaciones: por un lado, la prescripción y el apoyo a políticas macroeconómicas de sostenimiento de la actividad económica que aun hoy continúa, si bien con el matiz de la calibración y la necesidad de vigilar los mayores desequilibrios en términos de inflación y fuerte aumento de la deuda pública. Por otro, un firme apoyo financiero, que, si bien ha estado limitado por los recursos y los mandatos de las IFI, en muchos de sus componentes suponen récords históricos. Se resaltan a continuación algunos de los principales aspectos de la respuesta de las IFI desarrollados en Moreno (2022).
Hace casi dos años, poco después de la aprobación por el Consejo Europeo de los fondos Next Generation EU, decíamos en esta misma columna que, aunque España tenía que gastar lo que fuera necesario para salir de la crisis, “la sensación de que la reforma fiscal ya no corre prisa” era muy peligrosa. Insistíamos entonces en la urgencia de diseñar inmediatamente “una reforma fiscal integral que garantice una senda razonable para las cuentas públicas cuando los flujos de fondos europeos desaparezcan”, y en la necesidad de “asegurar la sostenibilidad de las pensiones” o “revisar las ineficiencias del sistema tributario”. Concluíamos, finalmente, en que era una “cuestión de credibilidad: los mercados deben estar convencidos de que hay una senda de sostenibilidad clara ya pensada y lista para aplicar a medida que se recupere la economía”.
